Hubo un tiempo en que la confianza constituía el punto de partida de la convivencia. La paabra empeñada tenía valor; la autoridad moral de los padres difícilmente era cuestionada; los maestros enseñaban con prestigio; los jueces inspiraban respeto; las instituciones gozaban de credibilidad; los medios de comunicación eran, para bien o para mal, referentes de información; la ciencia ofrecía certezas; y la duda aparecía como una saludable excepción que impulsaba a investigar, contrastar y comprender mejor la realidad.
Hoy pareciera ocurrir exactamente lo contrario. La sospecha se ha convertido en el punto de partida de casi todas nuestras relaciones. Desconfiamos de los gobiernos, de los partidos políticos, de los congresos, de los jueces, de los organismos internacionales, de los medios de comunicación, de las estadísticas oficiales, de las encuestas, de las redes sociales, de las plataformas digitales, de las universidades, de las iglesias y, con creciente frecuencia, incluso de aquello que observamos con nuestros propios ojos. La inteligencia artificial ya es capaz de producir imágenes, voces y videos prácticamente indistinguibles de la realidad, mientras los algoritmos amplifican rumores con una velocidad muy superior a la de cualquier desmentido. Nunca habíamos tenido acceso a tanta información. Paradójicamente, nunca había resultado tan difícil saber en quién confiar.
La duda constituye una virtud cuando impulsa el pensamiento crítico. Gracias a ella avanzan la ciencia, la investigación y el conocimiento. Pero la sospecha permanente pertenece a otra categoría. La duda busca respuestas; la sospecha termina convencida de que toda respuesta oculta una intención inconfesable. La primera fortalece el juicio; la segunda puede terminar debilitando la convivencia. Cuando todo parece manipulado, cuando toda decisión se interpreta como una conspiración y cuando ninguna institución logra conservar un mínimo de autoridad moral, la sociedad comienza a perder uno de sus activos más importantes: la confianza recíproca.
Las democracias dependen mucho más de la confianza de lo que suele reconocerse. Ninguna Constitución, por perfecta que sea, puede prever todas las circunstancias imaginables. Ningún sistema judicial podría funcionar si cada resolución fuera considerada, por definición, ilegítima. Ningún proceso electoral resistiría indefinidamente si una parte creciente de la ciudadanía estuviera convencida de que los resultados responden siempre a intereses ocultos. La legitimidad de las instituciones descansa, en buena medida, sobre la convicción colectiva de que, aun siendo imperfectas, actúan dentro de reglas aceptadas y con mecanismos capaces de corregir sus errores.
El mismo fenómeno alcanza al deporte. Durante décadas aceptamos que un campeonato podía perderse por una mala tarde, por un error arbitral o por el simple mérito del adversario. Hoy, en cambio, cada decisión controvertida suele convertirse inmediatamente en materia de sospecha. El extraordinario crecimiento económico del deporte, la influencia política de los grandes eventos internacionales, los escándalos de corrupción que han alcanzado a diversas organizaciones deportivas, el peso de las apuestas y la irrupción de enormes intereses financieros han contribuido a erosionar una confianza que durante mucho tiempo parecía inquebrantable. Basta que aparezca una decisión excepcional o una intervención política para que millones de aficionados comiencen a preguntarse si el resultado continúa dependiendo exclusivamente del talento y del esfuerzo de los atletas.
La política tampoco ha escapado a esa transformación. La polarización ha convertido al adversario en sospechoso permanente. Los gobiernos desconfían de los medios; los medios de los gobiernos; los ciudadanos de ambos; los partidos de las autoridades electorales; las autoridades de las redes sociales; las redes sociales de los verificadores de información. La confrontación constante produce rentabilidad política inmediata, pero también deja una sociedad mucho más fragmentada y mucho menos dispuesta a reconocer la buena fe de quien piensa distinto.
La economía experimenta un fenómeno semejante. Los mercados funcionan sobre la confianza. Los bancos existen porque los ciudadanos creen que su dinero será resguardado; las inversiones se realizan porque existe confianza en las reglas; el crédito sólo puede desarrollarse cuando la palabra y los compromisos conservan valor. Cuando esa confianza desaparece, los contratos se multiplican, las garantías se endurecen, los costos aumentan y la incertidumbre termina frenando el desarrollo. Ninguna economía puede prosperar indefinidamente sobre la base de la sospecha permanente.
Algo parecido ocurre dentro de las familias y de las comunidades. Allí donde desaparece la confianza, surgen la vigilancia constante, el miedo, la confrontación y el aislamiento. Las relaciones humanas dejan de construirse sobre la buena fe y comienzan a organizarse alrededor del temor a la traición, al engaño o al abuso. El resultado no suele ser una sociedad más libre, sino una sociedad más desconfiada, más rígida y, en muchos aspectos, más vulnerable.
Sería un error atribuir esta transformación a una sola causa. La revolución digital aceleró el fenómeno, pero no lo creó. La polarización política lo profundizó, aunque tampoco lo explica por completo. Los escándalos de corrupción, los abusos de poder, la manipulación informativa, los conflictos de interés y las promesas incumplidas contribuyeron durante años a debilitar la autoridad moral de numerosas instituciones. La confianza no desaparece de un día para otro. Se erosiona lentamente, hasta que llega un momento en que la sospecha se convierte en hábito y el escepticismo termina pareciendo más razonable que la esperanza.
Sin embargo, tampoco conviene idealizar el pasado. Las instituciones siempre fueron imperfectas y los abusos han acompañado a la historia de la humanidad desde mucho antes de la era digital. La diferencia es que hoy cualquier error, cualquier contradicción y cualquier abuso recorren el planeta en cuestión de minutos. La transparencia ha aumentado, pero también la capacidad para manipular percepciones. Vivimos en una época donde resulta más fácil conocer los errores de las instituciones y, al mismo tiempo, mucho más difícil distinguir entre información rigurosa, interpretación interesada y desinformación deliberada.
La solución no consiste en renunciar al espíritu crítico. Una democracia necesita ciudadanos capaces de cuestionar, exigir explicaciones y pedir cuentas a quienes ejercen el poder. Pero existe una diferencia fundamental entre el pensamiento crítico y la sospecha sistemática. El primero busca aproximarse a la verdad; la segunda parte de la convicción de que la verdad ya no existe o de que siempre se encuentra deliberadamente oculta. Cuando esa actitud termina predominando, el riesgo ya no afecta únicamente a un gobierno o a una institución determinada. Afecta la posibilidad misma de construir acuerdos básicos para convivir.
Quizá uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo consista precisamente en reconstruir la confianza sin renunciar a la transparencia; fortalecer las instituciones sin volverlas intocables; exigir rendición de cuentas sin caer en el descrédito automático; aprovechar la tecnología sin convertirla en sustituto del juicio humano; y educar nuevas generaciones capaces de distinguir entre la legítima duda y la sospecha permanente.
Porque las sociedades pueden superar crisis económicas, cambios tecnológicos, pandemias e incluso guerras. Lo que difícilmente logran superar es la pérdida progresiva de la confianza que mantiene unidos a sus ciudadanos.
La confianza tarda años en construirse. Puede perderse en unos cuantos días.
Y recuperarla exige mucho más que discursos, campañas de comunicación o estrategias de imagen.
Exige verdad, congruencia, transparencia y tiempo.
Quizá por eso la gran tarea de nuestro siglo no consista únicamente en desarrollar nuevas tecnologías o construir economías más competitivas.
Consista, sobre todo, en volver a ser una sociedad capaz de confiar sin dejar de pensar, de creer sin renunciar al juicio crítico y de defender instituciones suficientemente sólidas para merecer, otra vez, la confianza de quienes les dan sentido.
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