El día de hoy, el Congreso de la Ciudad de México celebra un periodo extraordinario de sesiones para discutir, analizar y, en su caso, aprobar una reforma de ley que homologue “los colores, cromáticas, marcas, escudos, distintivos luminosos o acústicos” de los “vehículos oficiales destinados a la seguridad ciudadana” en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México. ¿Por qué es relevante una iniciativa en este sentido? Lo es en dos sentidos, como casi todo en política: el técnico y el político.

Primero, el argumento técnico:

Dado que el modelo de organización de la policía de la Ciudad de México es de Mando Único, es decir, la administración central concentra la autoridad única sobre la fuerza policiaca y es ejercida por el secretario, Omar García Harfush, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX), no sólo es importante que la línea de mando sea homologa y vertical, sino también su imagen institucional, para que así el pueblo de la ciudad pueda identificarlos. Si en el papel la responsabilidad de la policía está centralizada, que la imagen y la identidad gráfica de la misma también sea una. Resulta obvio procurar dicha congruencia.

Sin embargo, a lo largo de los años en algunas demarcaciones de la Ciudad de México (Iztapalapa y la Benito Juárez, por poner dos ejemplos vigentes) los alcaldes y alcaldesas han optado por identificar a las unidades de la policía destinadas a sus cuadrantes con distintivos particulares que distorsionan dicha imagen institucional. La iniciativa de ley que se discute en el Congreso de la Ciudad de México procura corregir esta situación.

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Ahora bien, ¿cuál es el problema político? A eso vamos:

Si bien, el modelo de Mando Único concentra la autoridad última de la policía en la administración central, las alcaldías tienen la prerrogativa de contratar unidades de la Policía Auxiliar —una corporación dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana—para realizar labores de patrullaje o de resguardo de instalaciones de gobierno, por poner dos ejemplos. Es a las unidades de esta corporación a las cuales algunos alcaldes han modificado su imagen institucional para capitalizar el sentido de responsabilidad sobre la seguridad en sus demarcaciones. En la alcaldía Benito Juárez (el bastión panista de la Ciudad de México), la Policía Auxiliar transita con grandes camionetas por las colonias con las unidades rotuladas con las palabras “Blindar BJ” y la cromática de colores favoreciendo al azul y blanco, los colores del partido gobernante. Lo importante del vacío en la ley que permite esta incongruencia y por lo que se vuelve tan valiosa para los gobiernos de la oposición es que con esta triquiñuela pueden construir la percepción de que una prioridad tan importante como lo es la seguridad depende de su administración y no de la Jefatura de Gobierno, como lo establece la ley.

Es esta farsa, en los hechos, la que buscan defender los alcaldes de oposición que hoy fueron a manifestarse a las afueras del Congreso.

Entonces, como es una “farsa”, ¿la Jefa de Gobierno mandó reprimir a la oposición buscando silenciar sus voces con violencia?

Nada más alejado de la realidad.

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Miren, les cuento cómo funciona un cordón de seguridad como el que vimos en la mañana.

En todo recinto parlamentario (federal o local), la autoridad encargada de su resguardo, y la única facultada para solicitar el apoyo de la fuerza pública, es la Presidencia de la Mesa Directiva, la cual hoy la ostenta la diputada panista, Ana Patricia Báez. Es ella quien en el oficio CCDMXIL/MD-APBG/083/2021 solicita “el auxilio de la fuerza pública afuera del Recinto Legislativo”, por lo que la responsabilidad de lo sucedido deriva a su figura. Visto con frialdad y detenimiento, los manifestantes que hoy llegaron a las inmediaciones del Congreso superaban en número a los oficiales de resguardo y, además, confrontaron directamente al cerco de seguridad. Están los videos y están los audios circulando libremente por la red por lo que pueden no tomar mi palabra, sino comprobarlo de manera directa quien así lo desee. Resulta lamentable la herida que recibe en la cara la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, indudablemente. Sin embargo, esta no deriva de una orden directa por parte de la Jefa de Gobierno para hacer uso excesivo e indebido de la fuerza pública en su contra, sino del forcejeo que ella misma provoca en un tumulto de gente que agrede de manera directa a la fuerza pública que su compañera de partido ordenó instalar.

Mientas esto sucedía, los coordinadores parlamentarios de las distintas fuerzas políticas se reunían en la oficina del Secretario de Gobierno, Martí Batres, para dialogar y generar el consenso necesario para transitar, en plena normalidad democrática, una sesión más del Congreso de la Ciudad de México.

Que nadie se deje engañar.

Lo de hoy a las afueras del Congreso fue politiquería, provocación y una penosa exposición de ansiedades y angustias de quienes están a punto de gobernar en la Ciudad de México y no tienen todavía idea de qué hacer y qué ofrecer. Nada más.