Con la intención de revertir la imposición de aranceles ordenados por el presidente Donald Trump, la empresa automotriz china, BYD, presentó una demanda en contra de Estados Unidos.
De acuerdo con lo informado, el recurso legal que fue presentado por la firma de automóviles eléctricos pretende refutar las órdenes ejecutivas con las que se dio inicio a la aplicación de aranceles.
BYD va contra aranceles de Trump; presenta demanda contra Estados Unidos
Al advertir que la Casa Blanca no está facultada para aplicar aranceles como lo ordenó el presidente Donald Trump, la empresa china automotriz, BYD, presentó una demanda contra Estados Unidos.
El recurso de la firma fue radicado ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos desde el 26 de enero de 2026, y se establece que es respaldado por 4 de sus filiales en el país.
En su argumentación, BYD indicó que el gobierno estadounidense no puede aplicar las cuotas de importación conforme a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)
Lo anterior debido a que en la legislación en la materia, no se hace uso de la palabra “arancel” o de algún otro término equivalente o cuyas implicaciones sean similares.
Aunado a lo anterior, BYD presentó una queja independiente en la cual exige que las tasas recaudadas por el cobro de aranceles se les devuelvan con intereses para proteger su derecho de reembolso.
BYD demanda a gobierno de Estados Unidos y otras instancias
Si bien BYD informó que su demanda por el cobro de aranceles a sus unidades es en contra el gobierno de Estados Unidos, explicó que su recurso apunta a otras dependencias y servidores públicos.
Sobre ello, se dio a conocer que la empresa china acusa no solo al gobierno central de Estados Unidos, sino que en la demanda señala a diversas instancias como culpables de los hechos:
- Altos funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
- La Oficina del Representante Comercial
- El Departamento del Tesoro
Cabe destacar que el representante comercial, Jamieson Greer, ya advirtió que la resolución podría demorarse, pues las implicaciones legales y económicos prevén un panorama incierto para el sector.
