La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo dos amparos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para definir si puede ser juzgado en México por otros delitos por los que fue extraditado desde Estados Unidos.
En un principio, Duarte había sido extraditado en 2022 para enfrentar acusaciones por peculado y asociación delictuosa, pero luego las autoridades mexicanas buscaron imputarle otra acusación.
César Duarte se opuso a esto argumentando que las autoridades mexicanas debieron darle la oportunidad de defenderse, algo que fue aceptado por una jueza pero impugnado nuevamente por las autoridades.
SCJN revisará el alcance de la “regla de especialidad” en caso Duarte
Con la revisión de los amparos 1241/2024 y 1783/2024, la SCJN deberá resolver si César Duarte tenía derecho de audiencia y defensa antes de que México solicitara agregarle otros delitos tras su extradición de Estados Unidos.
El análisis se centrará en la llamada “regla de especialidad”, principio del derecho internacional que limita a los países receptores a juzgar a una persona únicamente por los cargos autorizados en el proceso de entrega.
Es de recordar que César Duarte fue extraditado en junio de 2022 por Estados Unidos para enfrentar cargos en México de asociación delictuosa y peculado agravado por más de 96 millones de pesos.
Sin embargo, la FGR después lo acusó de lavado de dinero, señalando que, durante su gobierno, habría desviado 73.9 millones de pesos de recursos públicos y utilizado empresas para ocultar el origen del dinero.
César Duarte busca frenar causas adicionales
En los amparos, César Duarte sostiene que el gobierno mexicano habría solicitado a Estados Unidos autorización para imputarle nuevos delitos sin garantizarle derecho de audiencia.
Frente a esto, sus abogados argumentan que cualquier ampliación de cargos debe cumplir estrictamente con los compromisos asumidos en el tratado bilateral de extradición y con las garantías constitucionales de defensa.
Una jueza federal aceptó el argumento, canceló la audiencia inicial de agosto de ese año, invalidó la orden de aprehensión correspondiente y ordenó su liberación, aunque las autoridades federales apelaron la decisión.