Autoridades de Paraguay confirmaron que el expresidente Santiago Peña fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial para que cumpla la medida de prisión domiciliaria.

Se trata de una medida preventiva fijada por un juez penal, luego de que Santiago Peña fuera removido de su cargo por mal desempeño de funciones como resolvió el Senado paraguayo.

Puntualmente, el expresidente es investigado formalmente por los presuntos delitos de lesión de confianza, en carácter de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Santiago Peña cumplirá su prisión domiciliaria en el Regimiento Escolta Presidencial

Desde el sábado 7 de noviembre de 2026, se dio a conocer que Santiago Peña permanece recluido en Regimiento Escolta Presidencial por disposición del magistrado penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú.

De acuerdo con las autoridades, le asignaron al expresidente una habitación ubicada en el pabellón destinado habitualmente a los oficiales.

Aseguran que el espacio dispone de un equipamiento básico compuesto por cama, ropero, ventilador, aire acondicionado y baño privado.

Señalaron que a su arribo a la unidad, Peña se mostró tranquilo y acordó con la comandancia un esquema diario de alimentación con desayuno a las 08:00 horas, almuerzo a las 14:00 y cena a las 20:00.

Así es la prisión domiciliaria para Santiago Peña en el Regimiento Escolta Presidencial

El resguardo del Regimiento Escolta Presidencial contempla la presencia permanente de entre diez y doce elementos de seguridad asignados en las inmediaciones directas del dormitorio, además del dispositivo perimetral continuo.

Por su parte, el régimen de visitas permite el ingreso de personas cercanas, familiares y abogados, quienes acceden al sector previa verificación e inscripción en el registro de control militar.

Todo ello luego de que durante una audiencia en su contra, el juez consideró indispensable la restricción de su libertad para asegurar su comparecencia durante todo el proceso legal.

Peña podría recibir una sentencia de hasta diez años de cárcel, debido a que se le imputa la modalidad agravada tras la debacle financiera de Paraguay y el cierre de Ueno bank.