El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California sancionó al exgobernador Jaime Bonilla Valdez por violencia política en razón de género contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Como parte de la resolución, el exmandatario será inscrito en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, además de que deberá cumplir medidas de reparación.
La sanción también alcanza a Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo, señalados por emitir declaraciones durante las denominadas “Jornadas por la Paz” que, de acuerdo con la autoridad, vulneraron la investidura de la mandataria estatal.
Sanción a Jaime Bonilla se suma al caso Next Energy
Esta resolución se suma a la vinculación a proceso que enfrenta Jaime Bonilla Valdez por el caso Next Energy, donde fue acusado de peculado, uso ilícito de atribuciones y abuso de autoridad.
El Tribunal determinó que las expresiones realizadas incluyeron referencias que generaron confusión sobre la titularidad del gobierno estatal, lo que constituye una forma de violencia política de género.
Asimismo, concluyó que dichos señalamientos reprodujeron estereotipos que afectan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y menoscaban su desempeño en cargos públicos.
Entre las sanciones impuestas se encuentra la amonestación pública, la inscripción en el registro correspondiente y la obligación de recibir capacitación en perspectiva de género como medida de reparación.
Caso contra Marina del Pilar marca precedente en Baja California
El caso representa un precedente en Baja California en materia de protección de los derechos políticos de las mujeres, en un contexto nacional de fortalecimiento de los mecanismos legales para prevenir y sancionar la violencia política de género.
Autoridades electorales han reiterado que cualquier manifestación que limite o menoscabe el ejercicio del cargo público por razones de género debe ser sancionada conforme a la ley.
Especialistas consideran que esta resolución también establece límites a la libertad de expresión en el debate político, particularmente cuando los discursos afectan la dignidad, legitimidad o desempeño de mujeres en cargos de elección popular.