La licitación federal para la contratación de vales electrónicos de despensa 2025 se encuentra bajo análisis de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, luego de que una empresa participante presentara un recurso de inconformidad por posibles fallas en el procedimiento.
El proceso implica un contrato multimillonario para dependencias federales, el cual ha encendido alertas por su impacto presupuestal y operativo.
Secretaría Anticorrupción analiza queja por licitación de vales
La inconformidad fue promovida por Toka Internacional, que señaló presuntas omisiones en la propuesta económica de Servicios Broxel, particularmente la falta de registros de precios unitarios. Con base en este señalamiento, la autoridad inició la revisión para determinar si el proceso se ajustó a la normativa en materia de adquisiciones públicas.
El concurso, identificado como LA-06-400-006400001-N-19-2025, fue organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 28 de noviembre, con el objetivo de contratar el servicio de vales electrónicos como prestación de fin de año para trabajadores de la Administración Pública Federal.
De acuerdo con información, el contrato contempla la atención de 206 dependencias y entidades federales, con vigencia del 8 al 31 de diciembre de 2025. El monto se ubica entre mil 345 millones y 10 mil 338 millones de pesos, lo que convierte a este procedimiento en uno de los más relevantes del cierre del ejercicio fiscal.
Por su parte, la Secretaría Anticorrupción precisó que el procedimiento de inconformidad es un recurso legal previsto para que las empresas participantes señalen posibles incumplimientos, los cuales deben analizarse conforme a plazos y etapas establecidas por la ley.
Postura del Gobierno Federal y seguimiento del caso
El tema fue abordado el 23 de diciembre durante la conferencia matutina, donde se informó que Broxel habría indicado que la bonificación total de 5.76% señalada en el fallo no sería viable bajo su esquema operativo, y que únicamente podría aplicar el 3.02% previsto en su propuesta económica.
Ante estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, a informar sobre el estado de la revisión y las determinaciones que se adopten.
La revisión ocurre en medio de protestas y denuncias de trabajadores federales, quienes alertaron sobre posibles retrasos en la dispersión de 724 mil tarjetas en más de 2 mil 200 puntos del país, así como dudas sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas.
Las conclusiones de la autoridad serán clave para definir la continuidad del contrato y garantizar la entrega oportuna de esta prestación.