En Apodaca, Nuevo León, policías están siendo acusados de secuestro exprés: Fueron cesados de la labor y 7 de ellos ya fueron detenidos.

Así lo informó el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, en conferencia de prensa.

Declaró también que mientras él esté en el cargo, los policías estatales corruptos no podrán esperar más que “una cama de piedra en el penal”.

Policías son acusados de secuestro en Nuevo León

Los detenidos fueron identificados como:

  • Eduardo “N”.
  • Jesús Antonio “N”.
  • Y Jonathan “N”.
  • Agustín “N”.
  • José Antonio “N”.
  • Cristian Alejandro “N”.
  • Y Xavier “N”.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de febrero, alrededor de las 16:30 horas, en Apodaca, en las calles Acapulco y Teléfonos, en donde los policías interceptaron a la víctima cuya identidad no fue revelada.

De acuerdo con lo investigado por Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, obligaron a un hombre a que abordara una patrulla, después de bajarlo de su camioneta.

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Ya en el vehículo, comenzaron a “pasearlo” y le exigieron 130 mil pesos para dejarlo en libertad, de otra manera sería entregado a las autoridades por “actividades delictivas” y su familia también sería agredida.

El funcionario de seguridad reveló que en solución con los ocho policías, se encontraban cuatro civiles, quienes se hicieron pasar por agentes ministeriales, obteniendo de esa manera que la víctima entregara el dinero.

Proceso de detención para los policías por secuestro exprés en Nuevo León

El secretario Palacios Pámanes declaró que el octavo policía está prófugo, al igual que tres de los supuestos agentes, mientras que el cuarto también fue aprehendido.

A su vez, fue gracias al software especial de Fuerza Civil, se pudo observar que las dos patrullas involucradas estaban fuera de la zona de patrullaje asignada cuando sucedieron los hechos.

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También Asuntos Internos envió el caso a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que se puso en contacto con la víctima con la intención de que los elementos fueran reconocidos y condenados.

Por ser servidores públicos la pena podría ser de hasta cien años de prisión.