Ciudad de México. Organizaciones ambientales encabezadas por Comunicación y Ambiente A.C. (MCA), en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), advirtieron sobre la persistente crisis en el manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos en el país, señalando riesgos crecientes para la salud pública, los ecosistemas y los cuerpos de agua.
“Si habláramos de un promedio, el 84% de empresas operan fuera de la normativa vigente, particularmente de la NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece las condiciones técnicas para evitar impactos negativos al aire, agua y suelo”
Gustavo Alanís Ortega, Director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
Por su parte, el Ingeniero Carlos Álvarez Flores, Presidente de México, Comunicación y Ambiente A. C. señaló que una de las principales causas por las que radica esto, es por lo costoso y en otras por la falta de transparencia, ya que aunque existen más de 2,200 sitios de disposición final, muchos operan fuera de lo establecido.
Las organizaciones subrayaron que en México se generan aproximadamente 366.15 millones de toneladas de residuos al año, incluyendo 3.2 millones de residuos peligrosos, 1.5 millones de residuos electrónicos, 28.8 millones de llantas y 12 millones de residuos de la construcción.
Impactos ambientales y económicos
Según el documento, los sitios de disposición generan alrededor de 30 millones de toneladas anuales de biogás, compuesto en 50% por metano y 50% por dióxido de carbono, ambos gases de efecto invernadero. Además, se reporta la producción de más de 1,320 millones de metros cúbicos de lixiviados, que pueden infiltrar acuíferos y contaminar suelos.
Durante 2024 se registraron 204 incendios en estos espacios, afectando cerca de 30 mil hectáreas. El impacto ambiental total, de acuerdo con datos del INEGI citados en el boletín, asciende a 2.5 billones de pesos en costos asociados a degradación ambiental.
Las organizaciones señalaron que, aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha iniciado inspecciones, sanciones y clausuras, la falta de seguimiento efectivo y de aplicación estricta de las resoluciones limita los resultados.
Casos emblemáticos
El documento expone ejemplos que, a juicio de las organizaciones, evidencian la urgencia de fortalecer la supervisión:
- Relleno Sanitario La Perseverancia, en Cuautla, Morelos: vecinos han denunciado por años la liberación de lixiviados y olores fétidos. En 2025 se registraron incendios prolongados que detonaron una emergencia ambiental; la sanción fue una clausura parcial temporal.
- Relleno Sanitario de Kanasín, Yucatán (Ciclo Corporativo): inspecciones federales documentaron filtraciones al acuífero y dispersión de residuos. Aunque se impuso clausura, la operación continuó bajo suspensión provisional concedida por un tribunal.
- Relleno Sanitario de Mompaní, Querétaro (Veolia): tras casi 30 años de concesión, el municipio decidió recuperar el control del sitio y avanzar hacia su clausura anticipada por mala operación y saturación.
- Relleno Sanitario El Zapote, en San Luis Potosí (Reciclados del Potosí): con derrames de lixiviados y sin sistemas adecuados de biogás, la PROFEPA ordenó su clausura definitiva al 31 de diciembre de 2025; no obstante, se reporta que continuaba operando.
Empresas bajo observación
El boletín también enlista diversas empresas que, según las organizaciones, han sido identificadas por presunto incumplimiento o que deben observar estrictamente la NOM-083, entre ellas compañías con operaciones en Querétaro, Yucatán, Puebla, Estado de México, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo y Oaxaca.
Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades federales y estatales para reforzar la vigilancia, garantizar el cumplimiento de clausuras definitivas y priorizar el interés público sobre concesiones heredadas.
“A pesar de acciones positivas recientes, el reto no termina con colocar sellos. Es indispensable vigilar y hacer cumplir las propias resoluciones, especialmente cuando se trata de clausuras definitivas”, concluye el documento.
El posicionamiento coloca nuevamente en la agenda pública la discusión sobre la gestión integral de residuos en México, en un contexto donde el crecimiento urbano y el consumo demandan soluciones técnicas, regulatorias y de gobernanza más eficaces.