<i>Yo tengo una casita que es así y así</i>
<i>Que por la chimenea sale el humo así y así</i>
Canción infantil popular
Recuerdo la letra de esa canción infantil, que cuando mi hija era pequeña solíamos cantar y me vienen a la mente aquellos lejanos recuerdos en los que, ella siendo una bebé, mi principal preocupación era que creciera en una casa con enormes jardines, que fuera amplia y en una zona segura.
Y es que aunque sabemos que el derecho a la vivienda está consagrado en nuestra Constitución, tener una casa propia es, cada vez más, un sueño guajiro, más aún si vives en la Ciudad de México, donde rentar también es una odisea.
Las cifras no mienten: el mercado de vivienda de alquiler en la capital del país ha sufrido transformaciones drásticas en la última década, generando una crisis de accesibilidad que afecta a millones de hogares y que justifica plenamente la creación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles anunciada por la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Sí, esta ley está plenamente justificada en una ciudad donde los costos de alquiler han crecido exponencialmente, lo mismo que la demanda, sin que haya un justo equilibrio entre lo que cuesta alquilar una casa o departamento y los otros gastos que debe cubrir una familia.
Tan grave es, que si se destina más del cincuenta por ciento de lo que se gana a pagar la renta, las personas se quedan casi sin comer, sin cubrir gastos de salud, educación o transporte, comprometiendo su bienestar y su desarrollo.
Así, este incremento en la demanda vino acompañado de alzas desmedidas en los costos: entre 2019 y 2023, en algunas zonas de la capital las rentas subieron más del 30%, un ritmo muy superior al crecimiento de los salarios y al aumento del poder adquisitivo de las familias.
La presión sobre los bolsillos se explica también por la evolución del valor de los inmuebles: el precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025, lo que ha impulsado los montos de alquiler al alza, al estar vinculados al valor comercial de las propiedades. Este escenario ha generado una brecha de desigualdad que golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables de la población.
Estas cifras son precisamente el punto de partida de la reforma constitucional que busca crear nuevas reglas en el mercado inmobiliario. La iniciativa no solo pretende frenar los incrementos injustificados, sino también evitar que la gentrificación siga desplazando a las familias de sus colonias, como ha ocurrido en zonas que en pocos años han visto cómo los costos de la vida se vuelven inalcanzables para sus habitantes originales.
La propuesta para crear la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, es un marco normativo diseñado para proteger los derechos de más de dos millones de capitalinos que dependen de una vivienda de alquiler, además de frenar el avance de la gentrificación que ha desplazado a familias enteras de sus lugares de origen.
Tal es el caso de la colonia Roma, donde la presencia de extranjeros es cada vez mayor. No hace mucho, mientras hacía unas compras en el Mercado de Medellín, uno de los locatarios me comentó cómo ha dejado de ver clientes que se han mudado a otra zona, pues la renta se los estaba devorando. “Puro fuereño hay por acá “, me dijo.
En esta nueva propuesta, con seguridad hay voces en contra.
Estoy casi segura que muchos "alucinógenos" (por aquello de los alucines), estarán poniendo el grito en el cielo, asegurando que los propietarios saldrán perjudicados, pero la realidad es que no. Se pretende proteger los derechos de los inquilinos sin afectar los derechos o intereses legítimos de los propietarios de inmuebles. El objetivo central es establecer reglas claras que eliminen abusos, como incrementos desmedidos en los precios de alquiler, desalojos injustificados o condiciones de habitabilidad precarias, sin impedir que los dueños obtengan una retribución justa por su patrimonio.
Para hacer realidad este equilibrio, la reforma contempla la creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, un organismo especializado que será mediador y regulador en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios.
Se pretende, quiero entender, que también se evitarán los desalojos violentos o que terminen en tragedia como la de doña Carlota y su familia.
“Será toda una reforma legal de vanguardia a nivel mundial, en cuanto al derecho a la vivienda”, echó las campanas al vuelo Clara Brugada, quien dijo que con esta medida, la CDMX busca posicionarse como referente en políticas públicas que garantizan el acceso a una vivienda digna, un derecho consagrado en tratados internacionales y en la propia Constitución mexicana.
Suena bien, habrá que ver.
Seguramente usted como yo está pensando que sobre la marcha iremos viendo muchos asegunes, como por ejemplo, que el precio elevado de las rentas ya están ahí, ¿los bajarán? Imposible. Además, algo que me parece terrible es la cantidad grosera de requisitos que se piden para poder rentar, donde además de la renta y el depósito inicial, tienes que pagar un dineral por un contrato legal que te exigen para investigar si eres solvente, si no tienes deudas bancarias, entre otras cosas. A veces pagas hasta cinco mil pesos por este detallito y si no eres el elegido o la elegida, adiós dinero.
Negociazo, sin duda, porque si van cien personas a ver el inmueble, el dueño y sus abogados salieron ganando.
La iniciativa pasará al análisis del Congreso de la Ciudad de México, donde se abrirán espacios de diálogo con todos los actores involucrados: inquilinos, propietarios, expertos en derecho urbano y organizaciones sociales. Desde ahí veremos qué tan bien o tan mal resulta esto.
La meta es aprobar un marco normativo que responda a las necesidades reales de la población y que marque un antes y un después en la forma en que se gestiona el mercado de alquiler en la capital.
Es necesario, es justo y es urgente que así sea.