LA POLÍTICA ES DE BRONCE
Al igual que la presidenta Claudia Sheinbaum, muchos queremos la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía en el asunto mediante el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos pide la aprehensión con motivo de extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; del senador Enrique Inzunza; del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y de ocho funcionarios públicos sinaloenses, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, particularmente con la fracción de los “Chapitos”.
Verdad y justicia es lo que merecemos los mexicanos y más los sinaloenses que desde hace dos años viven una situación de violencia e inseguridad que no merecen.
La pregunta es cómo pasamos de las palabras a la realidad. ¿Cómo sabremos la verdad? Debe hacerse una investigación de verdad sobre la relación —o no— de estas personas con el crimen organizado.
En el documento que hizo público el Departamento de Justicia estadounidense se desarrollan dos hechos: la elección para gobernador de 2021, donde fue electo Rubén Rocha Moya, y el contenido de la carta de Ismael Zambada García, que hizo pública su abogado después de su captura y traslado a Estados Unidos.
Respecto al primero, Río Doce y crónicas de otros medios sinaloenses dieron cuenta de una larga lista de hechos y delitos electorales que determinaron el resultado de la elección, la cual tendría que haberse anulado. El INE no actuó; tampoco lo hizo el gobierno estatal saliente ni el tribunal electoral. Asimismo, el gobierno federal no intervino para limpiar la elección.
Respecto al segundo, se refiere al momento en que fue capturado y trasladado Ismael Zambada García, donde resultaron muertas por lo menos cinco personas, entre ellas el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado local Héctor Melesio Cuén Ojeda, el 25 de julio de 2024.
Para llevar a cabo esta investigación, la FGR tendrá que realizar un trabajo exhaustivo: citar a declarar a las personas involucradas, abrir expedientes y recabar testimonios. Buscar pruebas, esas que tanto se piden.
¿Y cuando sepamos la verdad, qué haremos con ella? Procurar justicia. Es decir, si las personas acusadas son responsables de estos hechos, deben ser consignadas por los delitos de los que resulten en México o, en su caso, ser entregadas a la justicia estadounidense.
Que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emita una petición de detención con motivo de extradición no viola nuestra soberanía. Dicha petición se realiza de acuerdo con los tratados internacionales en la materia que México ha suscrito. Si la investigación de la FGR no satisface la petición de las autoridades estadounidenses, tiene los recursos jurídicos para inconformarse y reiterar su demanda. El problema sería que, más allá de sus reclamos amparados en convenios y en el derecho internacional, decidiera incrementar las presiones económicas o políticas hacia nuestro país.
La violación de la soberanía mexicana ocurriría si Estados Unidos decidiera, como ya lo ha anunciado en varias ocasiones, realizar una acción directa en territorio mexicano para capturar y presentar ante su justicia a una o varias de las diez personas acusadas. ¿Qué haría nuestro país ante este escenario, en estos momentos posible pero aún poco probable? Porque una cosa es envolverse en la bandera nacional y declarar la defensa de la soberanía, y otra muy diferente es tomar el toro por los cuernos y entregar el pecho.
Por lo pronto, Rubén Rocha Moya y otros acusados ya son prófugos de la justicia estadounidense y, si no se hace lo correcto, podrían pasar el resto o buena parte de sus vidas en una prisión gabacha.
Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.