“La selección de élites en los sistemas políticos no ocurre únicamente a través de mecanismos formales de competencia, sino mediante filtros estructurales que determinan quién es viable y quién no lo es; y esos filtros, en contextos de interdependencia internacional, ya no son exclusivamente domésticos”.

Robert A. Dahl, lecturas sobre poliarquía y acceso al poder

Propiedades imposibles, casas que no pueden pagarse con sus salarios, cuentas de banco rebosantes, coches de lujo, ropa de diseñador, relojes de cientos de miles de pesos. Luego, lógico, acusaciones de nexos con el crimen organizado que, para mala fortuna del discurso oficial, ya no se quedan en sobremesas ni en columnas incómodas, sino que empiezan a circular en expedientes que no se archivan con mañaneras. Esa acumulación —más que escándalo— es sistema. Y en ese sistema, el nombramiento de Ariadna Montiel como presidenta de Morena dice todo… aunque, en realidad, no pueda cambiar casi nada…

Tuvo razón en su discurso: quienes aspiren a candidaturas en 2027 deben tener trayectoria impecable y no cargar con indicios de corrupción. La frase, cierta, pero el timing es casi cómico. Porque esa regla, en los hechos, para nada pertenece ya a Morena. Tampoco depende de la voluntad de Ariadna ni de la disciplina de una clase política que de pronto, súbitamente, descubrió la ética en cuanto empezaron a asomarse expedientes fuera del país...

Esa regla, hoy, empieza a ser exigida —con otros instrumentos, menos retóricos y bastante más eficaces— desde Estados Unidos. Lo que durante años en México fue opcional, negociable o francamente decorativo, ahora viene con consecuencias.

Y ahí es donde esto deja de ser un ajuste partidista para convertirse en otra cosa. En algo que el oficialismo todavía no dice —y probablemente no dirá—, pero que empieza a insinuarse en los movimientos, en los silencios y, sobre todo, en los expedientes que cruzan fronteras: la política mexicana ya no está operando únicamente bajo reglas nacionales.

Lo que empieza a dibujarse, todavía sin declararse y con ese pudor selectivo que tanto gusta en la política mexicana, es una sucesión que ya no se cocina únicamente en México. No por imposición directa —nadie está mandando un oficio con membrete extranjero—, sino por algo más elegante y bastante más contundente: la modificación del terreno de juego. Dicho en términos menos diplomáticos, no es que Washington esté “construyendo” un candidato para Morena en 2030; está contribuyendo a que varios otros se autodescalifiquen con ayuda de su propio historial.

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No es una novedad en términos históricos, pero sí en términos de intensidad y sincronía. Porque cuando la presión judicial internacional comienza a coincidir con los tiempos políticos internos, lo que se altera no es solo la narrativa, sino el mecanismo mismo mediante el cual se seleccionan las élites. Dicho sin rodeos: la sucesión de 2030 ya no depende únicamente de Morena.

Y el resultado, entonces, no es una designación. Es un proceso de “limpieza” (así entre comillas).

Durante años, Morena operó bajo una lógica bastante doméstica y bastante efectiva: lealtad, cercanía, operación territorial, capacidad de movilización y una tolerancia generosa hacia ciertas “excentricidades” patrimoniales que, mientras no salieran del radar nacional, podían administrarse. Ese modelo funcionó en fase de expansión. El problema es que ahora el sistema cambió por completo de escala.

El punto de partida es conocido, pero no por ello menos relevante. La presión sobre figuras como Rubén Rocha Moya, los trascendidos en torno a Mario Delgado, y la creciente atención de instancias estadounidenses a redes políticas locales vinculadas con el crimen organizado, han introducido una variable que el sistema mexicano históricamente ha tratado de contener dentro de sus fronteras: la judicialización externa del poder político. Y cuando esa variable entra, cambia todo.

El sistema se topa con una novedad incómoda: hay filtros que no controla. Esos filtros no creen en la austeridad republicana como categoría moral. Creen en evidencia.

Por eso, dentro de Morena —aunque en voz baja y con el cuidado que exige el momento— empieza a instalarse una categoría nueva, casi entrañable en su eufemismo: los “perfiles exportables”. Es decir, candidatos que no generan ruido allá donde el ruido sí tiene consecuencias. La vieja división entre “puros y radicales” e “integrados y flexibles” se vuelve una anécdota ideológica frente a una más pragmática: ¿quién puede cruzar la frontera con EU sin sobresaltos y quién preferiría no intentarlo?

El primer efecto de este nuevo entorno ya es visible, aunque no se reconozca: el ala más radical del obradorismo comienza a perder espacio, no necesariamente por convicción democrática, sino por cálculo político. En un contexto donde la exposición internacional crece, el radicalismo deja de ser una señal de identidad para convertirse en un factor de riesgo.

Empieza a perder valor estratégico con una rapidez que no admite mucha épica. Lo que antes era combustible discursivo hoy es, en el mejor de los casos, un lujo innecesario; en el peor, un riesgo que nadie quiere cargar. El radicalismo deja de ser identidad y se convierte en pasivo. El pragmatismo, ese que antes se miraba con sospecha, pasa a ser una virtud. Ariadna Montiel tendrá que explicarlo… si alguien del obradorismo quiere escucharlo...

La consecuencia es tan simple como incómoda: Morena ya no estaría eligiendo al candidato más leal a la causa, sino al menos problemático. Y no problemático en términos políticos domésticos —eso siempre fue negociable—, sino en términos de exposición externa. La diferencia no es menor; es fundamental.

Ese desplazamiento implica que la disputa interna dentro de Morena ya no se estará dando entre visiones ideológicas, sino entre grados de vulnerabilidad frente a un entorno externo que ya no se puede ignorar.

La pregunta, entonces, deja de ser quién quiere ser candidato. Pasa a ser quién puede serlo sin convertirse en expediente.

El menú para Morena se reduce a pasos agigantados. No serán los perfiles ideológicos más ruidosos ni los operadores territoriales más expuestos, ni aquellos cuya versión de la austeridad incluye relojes de colección. Serán perfiles con interlocución internacional, credenciales en seguridad, baja o nula vulnerabilidad judicial y la capacidad —no menor— de no generar sobresaltos donde los sobresaltos se pagan caro.

Y ahí es donde aparece Omar García Harfuch. No como designación divina ni como capricho del momento. Sino como consecuencia lógica de un sistema que empezó a filtrar más de lo que puede elegir.

En círculos de seguridad —y cada vez con menos discreción dentro del propio oficialismo— se le ve como alguien capaz de “navegar” una relación bilateral endurecida sin sobresaltos innecesarios. Habla el lenguaje correcto: seguridad, coordinación, institucionalidad. Tiene un perfil técnico, menor carga de escándalos acumulados y una narrativa que, convenientemente, permite pasar de los “abrazos” a algo más compatible con las expectativas externas sin tener que admitir el cambio de libreto.

Obviamente no es el candidato natural de un movimiento que se construyó sobre otras promesas, pero sí el más viable. Piénsenlo. Es el candidato que sobrevive a la realidad.

El contraste con Marcelo Ebrard resulta casi pedagógico. Durante años, este —el de Ebrard— fue el perfil internacional por excelencia, el interlocutor cómodo, el rostro presentable. Hoy, su viabilidad interna se reduce por factores que ya no dependen de su trayectoria, sino de su entorno y de su historia… la personal. La lección, para quien quiera verla, es bastante clara: aquí no se premia la historia, se penaliza la vulnerabilidad.

Y el filtro solo seguirá afinándose y afinándose y afinándose.

Porque cuando la justicia entra en política transnacional, deja de ser un asunto técnico y se convierte en un mecanismo de selección bastante eficaz. No necesita discursos ni campañas ni encuestas. Necesita expedientes.

La conclusión, aunque se intente maquillar, es difícil de esquivar. La sucesión de 2030 podría no definirse en territorio ni en el partido, ni siquiera en la popularidad. Podría definirse en algo mucho más prosaico: quién no representa un problema para Estados Unidos y el T-MEC.

Giros de la Perinola

(1) ¿Qué cambió realmente?

No el sistema político mexicano, sino el entorno en el que opera. Y con él, los criterios de selección del poder.

(2) La presión externa no está construyendo candidatos. Está eliminando opciones. Y eso, en política, produce resultados igual de contundentes.

(3) El ala radical pierde espacio no por debate ideológico, sino por riesgo reputacional. En contextos de presión internacional, la estridencia tipo Fernández Noroña y Layda Sansores deja de ser virtud.

(4) La viabilidad internacional se convierte en criterio silencioso de selección. No se dice, pero se opera.

(5) Hay demasiados nombres dentro de Morena que, bajo este nuevo filtro, empiezan a parecer menos aspirantes y más posibles casos de “exportación” a una cárcel gringa: Alejandro Murat, con señalamientos sobre desvíos millonarios; las cuentas del Senado en tiempos de Adán Augusto López, que siguen teniendo esa mala costumbre de no cuadrar; y una lista que, si se revisa con calma, probablemente no termine pronto.

(6) La caballada morenista, en ese contexto, no se fortalece: se adelgaza. Y no por dieta, precisamente...

(7) La oposición, por su parte, observa el espectáculo con la tranquilidad de quien no compite… básicamente porque esta sigue sin existir.

(8) El resultado es un escenario peculiar: un partido dominante que empieza a quedarse sin opciones limpias para candidatos y una oposición que no logra convertirse en opción.

(7) La pregunta, entonces, ya no es quién quiere ser candidato en 2030. Es quién puede serlo… sin convertirse en problema.

(8) Y en medio de ese vacío, la sucesión se resuelve como se resuelven las cosas cuando ya no hay margen: por descarte. El descarte apunta a García Harfuch.

Porque cuando el poder deja de elegir con libertad, lo que queda no es el mejor candidato. Es el que no estorba.