Nada de lo que hoy ocurre en Venezuela es caótico ni improvisado. La confusión es deliberada. Los mensajes contradictorios, los anuncios inflados, las liberaciones parciales, los silencios calculados y las señales ambiguas hacia el exterior forman parte de una estrategia precisa: ganar tiempo, desactivar presiones y consolidar un nuevo equilibrio de poder sin desmontar el sistema autoritario. Lo que se vendió como transición es, en realidad, una operación de contención y rearme político.
Hoy, el poder real en Venezuela tiene nombre y apellido: Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. No son figuras de transición; son los herederos directos del autoritarismo. No llegaron para desmontar el sistema, sino para administrarlo con mayor eficacia, menor estridencia y una narrativa más digerible para la comunidad internacional. El error —o la trampa— es confundir su ascenso con un cambio de régimen. Lo ocurrido en Venezuela no fue una liberación, sino un reacomodo.
La salida de Nicolás Maduro del tablero político fue presentada como un punto de inflexión histórica. Las imágenes del exmandatario ante tribunales, su retórica de prisionero de guerra y la cobertura internacional crearon la ilusión de justicia en marcha. Pero la ilusión duró poco. Bastó observar quién tomó el control real del poder para entender que el sistema no se cayó: se depuró.
Delcy Rodríguez se consolidó como la jefa del Ejecutivo de facto. Controla nombramientos, decide relevos, impone lealtades y define el ritmo del proceso interno. No gobierna para democratizar, gobierna para estabilizar. Jorge Rodríguez, desde la presidencia de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, administra la agenda legislativa y, sobre todo, opera como interlocutor clave con Washington. No es jefe de Estado, pero es operador central del nuevo equilibrio.
La caída de Maduro no arrastró consigo al régimen; solo desplazó a quienes ya no resultaban funcionales. Viejos maduristas fueron relegados, neutralizados o borrados del escenario público: Tareck El Aissami, Jorge Arreaza, Néstor Reverol. Todos ellos piezas importantes del pasado reciente, hoy prescindibles para la nueva etapa. En su lugar emergió un núcleo más compacto, más disciplinado y mejor conectado con los intereses económicos que sostienen al poder.
Empresarios vinculados a importaciones estatales, programas de alimentos, contratos energéticos y logística estratégica, alineados a Delcy y Jorge Rodríguez, como Yussef Abou Nassif, Nabil Abou, Majed Khalil Majzoub fueron empoderados, y operadores de seguridad y comunicación ocupan ahora posiciones clave como el general Gustavo González López, muy cercano a la actual presidenta.
El mensaje fue inequívoco: menos improvisación, más control; menos ruido ideológico, más eficiencia autoritaria.
Las liberaciones de algunos presos políticos forman parte de ese mismo libreto. Juan Pablo Guanipa, Aracelis del Carmen Balza Ramírez y otros nombres anunciados en comunicados oficiales salieron —o se dijo que salieron— como gestos cuidadosamente calculados. No es justicia: es administración simbólica del conflicto. Hay presos que no han sido liberados pese a ser anunciados, y cientos que siguen encarcelados en condiciones infrahumanas. Leopoldo López permanece en el exilio; María Corina Machado y Edmundo González Urrutia continúan bajo asedio, vigilancia y amenaza constante. La represión no desapareció: se dosificó.
Mientras se habla de aperturas, cooperación y desescalamiento, en el terreno ocurre lo contrario. Continúan retenes, volantas, interrogatorios selectivos, detenciones de manifestantes y hostigamiento a ciudadanos que simplemente expresaron alegría por la caída de Maduro o alguna crítica al chavismo. El miedo sigue siendo política de Estado. La diferencia es que ahora se ejerce con menos reflectores.
Más grave aún: hay reportes consistentes sobre movimientos de armamento fuera de instalaciones militares, su resguardo clandestino y el fortalecimiento de estructuras paramilitares. No son señales de transición; son señales de blindaje. Un régimen que se prepara para resistir, no para entregar el poder.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanece como el eje de esa estabilidad autoritaria. No se fracturó, no se replegó, no se puso del lado del cambio. Actúa como garante del orden impuesto. No responde a un proyecto democrático ni a la ciudadanía, sino al equilibrio interno que le asegura cuotas de poder y protección. No apuesta por elecciones libres; apuesta por continuidad administrada.
En los gobiernos locales no hay señales distintas. Gobernaciones y alcaldías operan bajo supervisión directa del centro. No existe autonomía real. No hay células democráticas en expansión ni autoridades locales convertidas en motores de cambio. El control territorial sigue intacto.
Del lado externo, el panorama tampoco engaña. Estados Unidos no apostó por reconstruir la democracia venezolana, sino por una estabilidad funcional que garantice previsibilidad y control de los recursos estratégicos, particularmente el petróleo. Donald Trump fue explícito: Washington decidirá qué empresas pueden operar en Venezuela. El mensaje es claro: cooperación a cambio de control. La soberanía popular nunca estuvo sobre la mesa.
Los movimientos recientes en la embajada estadounidense en Caracas, la devolución de activos estratégicos, las declaraciones sobre no necesitar más ataques y la posibilidad de alivios parciales al bloqueo confirman un acuerdo político de fondo. No hay interés en sanear el sistema electoral, ni en reconstruir el poder judicial, ni en devolver independencia al legislativo. El objetivo es otro: orden, petróleo y contención regional. Lo demás es retórica.
¿Y el pueblo venezolano? Sigue exactamente donde estaba: oprimido, empobrecido, censurado, sin acceso pleno a información, sin garantías para denunciar, sin condiciones reales para organizarse. Cambió el discurso, no la vida cotidiana. Cambió el símbolo, no la bota.
No hay fechas ciertas de elecciones, no hay cronograma creíble, no hay garantías. La interpretación constitucional que hoy sostiene Delcy Rodríguez le permite prolongar indefinidamente un poder interino que ya no es tal. Todo indica que el cálculo es resistir, consolidar y negociar reconocimiento externo sin arriesgar el control interno.
El balance es brutal pero necesario, así como decirlo sin rodeos:
Maduro cayó como figura.
El chavismo sobrevivió como sistema.
El poder se concentró en menos manos.
Los recursos estratégicos quedaron bajo tutela externa.
La represión continúa, ahora más silenciosa.
Y el pueblo volvió a quedar fuera del acuerdo.
Venezuela no vive una transición democrática. Vive una confusión planificada para encubrir un autoritarismo intacto que se rearma mientras el mundo negocia. Cambiaron los rostros visibles, no la lógica del poder. Y mientras se administran gestos y se venden relatos, millones de venezolanos siguen atrapados en la misma realidad: sin libertad, sin justicia y sin voz.