Desde el primer día de su segundo mandato, el presidente Donald J. Trump dejó perfectamente clara una prioridad estratégica para su administración: la guerra contra los cárteles mexicanos. La designación de estas organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras no fue una declaración retórica, ni una amenaza electoral, ni un gesto simbólico dirigido a su base política. Fue una decisión de Estado con profundas implicaciones jurídicas, financieras, diplomáticas y de seguridad nacional. Sobre aviso no hay engaño.
Sin embargo, la reacción del gobierno mexicano ha transitado entre la negación, la improvisación y un discurso nacionalista que parece diseñado más para consumo interno que para resolver el problema de fondo. Mientras Washington redefine su arquitectura de seguridad hemisférica alrededor del combate al narcoterrorismo, México continúa atrapado en una narrativa defensiva, victimista y profundamente desconectada de la realidad estratégica que enfrenta.
La designación de los cárteles como organizaciones terroristas cambió las reglas del juego. Ya no se trata únicamente de combatir redes de tráfico de drogas. Se trata de perseguir estructuras criminales consideradas amenazas a la seguridad nacional estadounidense, así como a quienes las financian, protegen, facilitan o encubren. Los operadores del negocio; o mejor dicho, de los múltiples negocios criminales que integran los cárteles, son hoy objetivos prioritarios. También lo son sus aliados políticos, económicos e institucionales.
Pero existe un elemento adicional que en México no ha sido suficientemente comprendido y que ayuda a explicar la lógica de las acciones emprendidas por Washington. La crisis del fentanilo ha dejado de ser vista únicamente como un problema de salud pública para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Dentro de amplios sectores del Congreso, las agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa y los círculos estratégicos norteamericanos, el fentanilo es descrito cada vez con mayor frecuencia como una amenaza de efectos comparables a los de un arma de destrucción masiva por el volumen de muertes que ha provocado entre la población estadounidense.
Más allá de las definiciones jurídicas formales, lo importante es entender las consecuencias prácticas de esta visión. Cuando una amenaza es percibida como existencial para la seguridad nacional, las herramientas de respuesta disponibles para el Estado se amplían significativamente. La coordinación entre agencias militares, de inteligencia, financieras y policiales se vuelve más intensa; las capacidades de vigilancia se incrementan; las operaciones extraterritoriales encuentran mayores justificaciones políticas; y las acciones preventivas adquieren una legitimidad que en otros contextos resultaría impensable.
La combinación de ambas doctrinas (cárteles como organizaciones terroristas y fentanilo como amenaza estratégica de proporciones extraordinarias) constituye probablemente el cambio más importante en la política estadounidense hacia México desde los atentados del 11 de septiembre. Quienes creen que se trata de una coyuntura pasajera o de una postura exclusivamente asociada a Donald Trump no parecen comprender la profundidad del consenso que comienza a formarse en Washington. Demócratas y republicanos discrepan en muchas materias, pero cada vez convergen más en la necesidad de actuar con firmeza contra las estructuras criminales que producen, transportan y distribuyen el fentanilo. Ahí radica el verdadero problema para México.
Más allá del discurso patriotero y del chauvinismo con el que sectores de la llamada Cuarta Transformación intentan presentar la coyuntura, lo que se percibe es una alarmante ausencia de estrategia. Pareciera que buena parte del régimen asumió que el cambio de administración en Washington modificaría los incentivos, reduciría las presiones o permitiría continuar administrando la crisis mediante declaraciones y actos propagandísticos. Ocurrió exactamente lo contrario.
Frente a las pruebas, silencio.
Frente a las investigaciones, tácticas dilatorias.
Frente a las acusaciones, discursos de soberanía.
Frente a los hechos, tiempo. Mucho tiempo.
Y precisamente eso parece ser hoy la principal estrategia gubernamental: ganar tiempo.
Algunas de las decisiones observadas durante los últimos meses incluso rozan la subordinación política a los intereses de grupos cuya influencia dentro de las instituciones mexicanas resulta cada vez más evidente. Mientras Estados Unidos incrementa investigaciones, sanciones financieras, cancelaciones de visas y procesos judiciales, México responde con conferencias de prensa, comunicados y llamados abstractos al respeto mutuo.
Lo que el país requiere es exactamente lo contrario. México necesita una limpieza institucional de fondo. Necesita una estrategia integral contra el narcoterrorismo. Necesita gobiernos confiables, ministerios públicos profesionales, policías honestas y sistemas de inteligencia eficaces. Necesita combatir la corrupción política que sirve de combustible al crimen organizado. Necesita reconstruir la confianza de sus socios internacionales y de sus propios ciudadanos.
Pero nada de eso está ocurriendo. Ni una reforma estructural. Ni una depuración institucional relevante. Ni una política pública de gran alcance. Ni siquiera el anuncio de medidas extraordinarias acordes con la magnitud del desafío.
El caso de Michoacán resulta particularmente ilustrativo. Tras la muerte de Carlos Manzo, el denominado Plan Michoacán terminó convirtiéndose en un ejemplo más de incapacidad gubernamental. Los resultados son escasos, la violencia persiste y el entorno político se ha degradado hasta alcanzar niveles preocupantes. Como agravante, las denuncias de persecución política contra su viuda proyectan una imagen profundamente negativa de las prioridades institucionales.
Gobernar exige acción, planeación, objetivos medibles. Pero sobre todo, gobernar exige reconocer la realidad antes de que ésta termine imponiéndose por la fuerza de los acontecimientos.
Hoy el gobierno mexicano parece atrapado en la idea de que es víctima de una conspiración de la derecha, de intereses extranjeros o de adversarios políticos. Pero la política internacional no funciona sobre percepciones ideológicas. Funciona sobre intereses, capacidades y correlaciones de fuerza. Y en esa ecuación, Estados Unidos seguirá siendo el factor determinante para México por geografía, por economía, por seguridad, por migración, por comercio. Por simple mayoría de razón.
México no puede construir una estrategia nacional partiendo de la premisa de que Washington desaparecerá, cambiará de opinión o renunciará a sus objetivos. Mucho menos cuando esos objetivos cuentan con respaldo bipartidista creciente y responden a una crisis que ha costado cientos de miles de vidas estadounidenses.
El problema es que mientras el gobierno mexicano parece concentrado en administrar políticamente la crisis, Washington se prepara para escenarios cada vez más severos. La doctrina que comienza a consolidarse otorga al ejecutivo norteamericano herramientas que hace apenas unos años habrían parecido extraordinarias. Sanciones financieras expansivas, operaciones de inteligencia de amplio espectro, cooperación forzada mediante condicionamientos económicos, persecución global de redes de apoyo y, en escenarios extremos, acciones cinéticas limitadas contra objetivos específicos considerados amenazas directas para la seguridad nacional estadounidense.
La sola posibilidad de que tales escenarios sean discutidos en círculos oficiales debería bastar para provocar una profunda reflexión en México. Sin embargo, prevalece la impresión de que buena parte de la clase gobernante continúa actuando como si las condiciones de 2019 siguieran vigentes. Y no es así, el reloj sigue avanzando y no parece hacerlo en favor de la distensión.
Por ello, resulta indispensable que las áreas responsables de conducir la relación bilateral: la Cancillería, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y las instancias de inteligencia, abandonen la complacencia y comiencen a hablar con claridad. Alguien debe tener la responsabilidad de decirle a la presidenta que lo que hoy se está haciendo no conduce al resultado indispensable.
No se trata de sumisión ni de renunciar a la soberanía. Se trata de entender la realidad.
Porque los países no son gobernados por consignas. Son gobernados por resultados. Y los resultados, hasta ahora, brillan por su ausencia.
México necesita actuar. Necesita limpiar sus instituciones, reconstruir su credibilidad y enfrentar sin ambigüedades al narcoterrorismo. No porque lo exija Donald Trump. No porque lo demande Washington. No porque lo presionen los mercados o los organismos internacionales. Sino porque es lo correcto para los mexicanos.
Y porque cada día que pasa sin hacerlo, el margen de decisión nacional se reduce, mientras aumenta la probabilidad de que otros terminen tomando las decisiones que México se niega a tomar por sí mismo.