¡Quién lo hubiera imaginado! Donald Trump, el hombre de las amenazas, los desplantes, las deportaciones implacables y las declaraciones altisonantes, apareció después de la derrota republicana con un tono sorprendentemente moderado, casi irreconocible. El presidente que parecía dispuesto a imponer su voluntad a medio mundo descubrió repentinamente que algunas de sus políticas migratorias pudieron haber sido demasiado duras, que quizá convenga negociar con los demócratas y que no todos los inmigrantes indocumentados merecen ser expulsados sin considerar su trabajo, su conducta y los años que llevan viviendo en Estados Unidos. No es que Trump se haya convertido súbitamente en un humanista. Más bien recuerda a esos perros bravucones que ladran, enseñan los dientes y persiguen a cuantos encuentran, hasta que reciben una buena sacudida y regresan con la cola entre las patas, mirando de reojo para comprobar si todavía pueden intimidar a alguien. La comparación puede parecer ácida, pero lo verdaderamente revelador es que el cambio de tono llegó inmediatamente después de que los electores le arrebataron a su partido el control del Congreso. Y mientras el mandatario estadounidense ensaya una inesperada prudencia verbal, otras escenas internacionales muestran gobernantes destituidos, dirigentes que luchan por sobrevivir, viejas figuras que resurgen y países donde la disputa por el poder se desarrolla entre crisis económicas, protestas y profundas fracturas políticas.
Trump concedió su primera entrevista importante después de las elecciones intermedias al programa 60 Minutes, de CBS, y reconoció que determinadas deportaciones pudieron haber perjudicado electoralmente a los republicanos. Admitió que muchas personas expulsadas tenían empleos, pagaban impuestos y llevaban años participando en actividades económicas estadounidenses. Incluso se mostró dispuesto a considerar acuerdos migratorios con la nueva mayoría demócrata. ¡Vaya descubrimiento! Resulta que los trabajadores que limpian hoteles, atienden restaurantes, cuidan jardines y sostienen actividades productivas no son solamente cifras dentro de un programa de expulsiones. Son personas cuya contribución económica empieza a adquirir importancia en el discurso presidencial precisamente cuando sus votos potenciales, los de sus familias y los de sus comunidades se han convertido en un problema político para el mandatario.
La ironía aumenta cuando observamos lo que hizo Trump mientras hablaba de moderación. En lugar de designar a una figura identificada con posiciones migratorias conciliadoras, elevó a Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de su política de deportaciones, a la jefatura de Gabinete de la Casa Blanca. Es decir, mientras la palabra presidencial parece suavizarse, la estructura de mando incorpora a uno de los defensores más firmes del endurecimiento migratorio. El contraste resulta evidente y obliga a preguntar si estamos ante una rectificación de fondo o simplemente frente a una modificación táctica del discurso después de un resultado electoral adverso.
No debemos descartar ninguna posibilidad sin observar sus decisiones posteriores. Un presidente puede revisar políticas cuando descubre consecuencias indeseadas y la negociación democrática exige capacidad para modificar posiciones. Pero una declaración moderada no equivale automáticamente a un cambio de gobierno. Habrá que comprobar si las medidas migratorias efectivamente se ajustan, si disminuyen las actuaciones cuestionadas y si la Casa Blanca construye acuerdos legislativos o vuelve a utilizar el enfrentamiento como principal instrumento político.
La derrota también dejó interrogantes dentro del movimiento MAGA. Sectores republicanos han comenzado a discutir el costo político de la guerra con Irán, el encarecimiento de la vida, las decisiones migratorias y la dependencia del partido respecto de la figura presidencial. Otros continúan considerando a Trump como el principal referente del movimiento. La discusión revela una dificultad característica de los proyectos profundamente personalistas: cuando triunfan, numerosos dirigentes reclaman cercanía con el líder; cuando pierden, comienzan las explicaciones sobre quién cometió los errores y quién debe pagar sus consecuencias.
Y precisamente allí aparece el telón de fondo de 2028. Trump no puede ser elegido constitucionalmente para un tercer mandato, pero mantiene influencia sobre el Partido Republicano. JD Vance y Marco Rubio forman parte de las figuras mencionadas en las conversaciones sobre la sucesión, mientras los demócratas cuentan con una amplia variedad de gobernadores, senadores y dirigentes que también deberán resolver sus diferencias. El tema merece un análisis propio, que reservaremos para otra entrega. Por ahora basta señalar que la derrota legislativa ha comenzado a modificar las relaciones de fuerza y las expectativas dentro de ambos partidos.
Pero el reacomodo del poder no se limita a Washington. En Paraguay ocurrió durante los últimos días algo que parecía impensable por la velocidad de los acontecimientos. El colapso de Ueno Bank, una institución financiera digital que había conseguido atraer a millones de clientes, provocó una crisis económica y política que terminó con la destitución del presidente Santiago Peña, su posterior detención y la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia.
Cerca de tres millones de personas resultaron afectadas por los problemas de una entidad bancaria que había sido presentada como un ejemplo de modernización financiera y ampliación del acceso a los servicios bancarios. Entre las preocupaciones aparecieron también los vínculos empresariales anteriores de Peña con el grupo relacionado con el banco y la participación de recursos públicos en sus operaciones. La crisis desembocó en un juicio político y abrió investigaciones cuya resolución deberá respetar las garantías legales del expresidente y de los demás involucrados.
¡Un banco que parecía simbolizar el progreso terminó asociado con la caída del gobierno! La dimensión del episodio resulta extraordinaria porque demuestra que una crisis financiera puede convertirse en una crisis de legitimidad cuando aparecen dudas sobre la supervisión bancaria, las relaciones entre empresarios y funcionarios y la protección efectiva de los ahorradores. El problema no se resuelve solamente sustituyendo al presidente. Habrá que devolver recursos, restablecer certidumbre y determinar responsabilidades.
Pedro Alliana recibió un país conmocionado y prometió atender a los depositantes perjudicados. Su desafío será demostrar que el relevo político puede traducirse en soluciones concretas. Los ciudadanos paraguayos necesitan recuperar el acceso a sus ahorros, no solamente presenciar una nueva ceremonia de transmisión del poder.
Paraguay también deja una reflexión incómoda para toda América Latina. Los sistemas financieros requieren supervisión independiente, controles efectivos y reglas que impidan que los vínculos políticos sustituyan a la evaluación técnica. Cuando los recursos públicos y los ahorros privados se mezclan con relaciones empresariales cercanas al poder, cualquier deficiencia puede adquirir consecuencias devastadoras. Y cuando las autoridades reaccionan demasiado tarde, las pérdidas económicas pueden convertirse en desconfianza hacia todo el sistema institucional.
En Israel se desarrolla otra historia de poder, aunque con características muy diferentes. Benjamin Netanyahu perdió la mayoría parlamentaria que respaldaba a su bloque, pero continúa como primer ministro mientras se desarrolla el procedimiento para constituir un nuevo gobierno. El presidente Isaac Herzog encargó oficialmente a Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército y dirigente opositor, intentar formar una coalición con respaldo suficiente en la Knéset.
El encargo no significa que Netanyahu haya sido sustituido. Eisenkot deberá negociar entre partidos y fuerzas parlamentarias profundamente divididos, donde las diferencias sobre seguridad, religión, responsabilidades gubernamentales y relaciones con los ciudadanos árabes pueden determinar el resultado. La política israelí no se mueve mediante una mayoría presidencial directa, sino a través de acuerdos parlamentarios que pueden resultar extremadamente complejos.
Sin embargo, el hecho político es relevante: un dirigente que durante años concentró buena parte del protagonismo nacional enfrenta nuevamente la posibilidad de abandonar el gobierno. Netanyahu ha sobrevivido a crisis, rupturas y confrontaciones que parecían anunciar el final de su carrera. Ahora tendrá que comprobar si conserva margen para seguir influyendo sobre la formación de una mayoría o si las negociaciones terminan abriendo una etapa diferente.
La situación adquiere particular trascendencia después de años de guerra, sufrimiento civil y profundas divisiones dentro de Israel. La formación de un gobierno no resolverá automáticamente las controversias sobre seguridad, la relación con los palestinos, las responsabilidades por los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 ni las tensiones regionales. Pero sí podría modificar la conducción política de asuntos que afectan a millones de personas.
Conviene evitar las conclusiones anticipadas. Netanyahu no ha dejado todavía el cargo y Eisenkot no tiene asegurada una coalición. Lo que existe es una disputa institucional por la conformación del próximo gobierno. Y esa precisión importa, porque la velocidad de las redes sociales suele convertir posibilidades en supuestas certezas antes de que concluyan los procedimientos constitucionales.
En Brasil encontramos una escena muy distinta. Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección presidencial en la segunda vuelta del pasado 25 de octubre, derrotando a Flávio Bolsonaro con aproximadamente 51.8% de los votos válidos frente a 48.2% de su adversario. No fue una victoria aplastante, pero sí suficiente para renovar su mandato democrático y confirmar la extraordinaria persistencia de un político que ha atravesado décadas de confrontaciones, derrotas, triunfos y controversias.
Lula vuelve a demostrar que determinadas figuras conservan capacidad de convocatoria incluso cuando sus adversarios las consideran agotadas. Pero su victoria tampoco elimina la polarización brasileña. Casi la mitad de quienes votaron respaldaron la opción contraria, y esa división obliga al presidente reelecto a gobernar una sociedad donde subsisten diferencias profundas sobre economía, seguridad, instituciones y el papel internacional del país.
El contraste latinoamericano es revelador. Mientras Paraguay experimenta la destitución de su presidente en medio de una crisis bancaria, Brasil confirma mediante las urnas la continuidad de un dirigente experimentado. Son situaciones distintas, pero comparten una enseñanza: la legitimidad política debe construirse y renovarse constantemente. Ni la antigüedad de un liderazgo garantiza su supervivencia ni la novedad de un gobernante asegura la confianza ciudadana.
Francia también atraviesa un momento especialmente delicado. Emmanuel Macron se aproxima al final de su segundo mandato mientras el país enfrenta protestas estudiantiles, movilizaciones sindicales y un malestar creciente relacionado con el costo de la vida, los servicios públicos y las perspectivas de las nuevas generaciones. Las manifestaciones, iniciadas en el ámbito educativo, adquirieron una dimensión nacional que ha obligado al gobierno a buscar mecanismos para contener la inconformidad.
La elección presidencial francesa se celebrará en abril y mayo de 2027 y Macron no puede competir por un tercer mandato consecutivo. Entretanto, el campo político se encuentra fragmentado. La derecha nacionalista vinculada con Marine Le Pen conserva protagonismo; Jean-Luc Mélenchon impulsa nuevamente su propuesta desde la izquierda; y las corrientes centristas y moderadas discuten cómo evitar que sus divisiones reduzcan su capacidad de representación.
Macron ha planteado la conveniencia de construir una amplia coalición política, pero sus posibles sucesores no parecen dispuestos a aceptar fácilmente una fórmula común. Hay aspirantes que buscan heredar parte de su espacio político, otros que pretenden diferenciarse de su gobierno y fuerzas que consideran agotado el proyecto centrista que durante años reorganizó la política francesa.
La paradoja es interesante: el presidente que llegó al poder prometiendo superar las viejas divisiones partidistas observa ahora cómo su propio espacio enfrenta el riesgo de fragmentarse. La política tiene esas ironías. Quienes logran construir proyectos alrededor de liderazgos personales pueden descubrir, cuando se aproxima la sucesión, que resulta mucho más difícil heredar una organización sólida que transmitir un discurso.
España ofrece otro escenario que merece seguimiento. Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, después de una legislatura marcada por tensiones parlamentarias, negociaciones complejas y desacuerdos entre las fuerzas políticas. El Partido Socialista buscará renovar su respaldo, mientras el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox, encabezado por Santiago Abascal, disputarán la orientación del próximo gobierno.
La decisión de Sánchez introduce una nueva interrogante en el panorama europeo. España deberá resolver en las urnas si continúa la actual orientación gubernamental, si se produce una alternancia o si el resultado obliga nuevamente a negociaciones entre varios partidos. La aritmética parlamentaria puede terminar siendo tan importante como el número de votos obtenido por las principales candidaturas.
No corresponde anticipar vencedores. Lo que sí puede afirmarse es que la elección española se desarrollará en un contexto europeo donde se discuten intensamente la inmigración, el costo de la vivienda, la seguridad, las desigualdades económicas y el crecimiento de diversas corrientes nacionalistas. Son debates que también aparecen, con características propias, en Francia y Estados Unidos.
Y en medio de este panorama internacional hay una noticia mexicana que merece por lo menos una anotación, porque seguramente dará materia para un análisis posterior. El domingo fue detenido en Zapopan Rafael Álvarez Ayala, identificado por las autoridades como el R2, presunto dirigente de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación con operaciones en Jalisco y Michoacán. El operativo federal contó con información compartida por la DEA estadounidense y concluyó con otras diecinueve detenciones.
Las autoridades mexicanas atribuyen a esa célula actividades relacionadas con extorsión, tráfico de drogas, secuestros, homicidios y agresiones contra fuerzas de seguridad. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado y una solicitud de detención con fines de extradición a Estados Unidos. Las imputaciones deberán resolverse mediante los procedimientos correspondientes y respetando la presunción de inocencia.
El episodio merece seguimiento porque revela una dimensión de la relación bilateral que no desaparece con las confrontaciones políticas de Trump: la cooperación de inteligencia y seguridad. Mientras el presidente estadounidense comienza a hablar de moderación migratoria y de posibles negociaciones con los demócratas, las instituciones de ambos países mantienen mecanismos de colaboración contra organizaciones criminales transnacionales. La detención del R2 no prueba por sí misma una transformación de la política de seguridad, pero ofrece un caso concreto para examinar posteriormente los alcances, resultados y límites de esa cooperación.
Por ahora dejemos el asunto apuntado. También la sucesión presidencial estadounidense merece su propio espacio, particularmente después de que los reacomodos republicanos comenzaron a intensificarse. La actualidad avanza demasiado rápido para convertir todos los temas importantes en un solo inventario de nombres y acontecimientos.
El panorama internacional de estos días tiene algo en común: el ejercicio del poder encuentra límites. En Estados Unidos, las urnas obligaron a Trump a reconsiderar públicamente algunas decisiones; en Paraguay, una crisis financiera precipitó la salida del presidente; en Israel, las negociaciones parlamentarias podrían sustituir al gobierno de Netanyahu; en Brasil, Lula renovó su mandato mediante una elección competida; en Francia, Macron enfrenta el final de su etapa presidencial bajo fuertes tensiones sociales; y en España, los ciudadanos decidirán anticipadamente la composición de su próximo Parlamento.
Pero hay diferencias que no debemos borrar. No es lo mismo perder unas elecciones legislativas que ser destituido, ganar una reelección que recibir el encargo de formar gobierno, ni convocar comicios anticipados que enfrentar protestas sociales. Cada situación tiene sus propias reglas y consecuencias. Su punto de encuentro es otro: ninguna autoridad puede ignorar indefinidamente la relación entre legitimidad, resultados y respaldo ciudadano.
Los gobernantes suelen creer que conservarán su fuerza mientras mantengan el control de sus partidos, de sus gabinetes o de las instituciones que los respaldan. Pero el poder político no es una propiedad que pueda guardarse en una caja fuerte. Depende de equilibrios cambiantes, decisiones ciudadanas, acuerdos institucionales y circunstancias económicas que pueden transformar rápidamente aquello que parecía seguro.
Trump puede moderar sus declaraciones sin modificar todavía las principales estructuras de su política migratoria. Netanyahu puede conservar el despacho mientras otro dirigente intenta reunir una coalición. Lula puede celebrar una nueva victoria sin eliminar las diferencias que dividen a Brasil. Macron puede pedir unidad mientras sus posibles sucesores buscan abrirse camino. Y Sánchez puede convocar a los españoles para que resuelvan una confrontación que el Parlamento no consiguió superar satisfactoriamente.
Por eso la pregunta no es solamente quién gana, quién pierde o quién consigue permanecer en el cargo. La cuestión de fondo consiste en determinar qué hacen los gobernantes cuando descubren que su capacidad de imponer decisiones tiene límites y que los ciudadanos, las instituciones y las circunstancias pueden modificar el rumbo de sus proyectos.
Donald Trump acaba de ofrecer una lección involuntaria. Durante meses utilizó un discurso de firmeza absoluta sobre la inmigración y ahora reconoce que determinadas deportaciones pudieron haber resultado excesivas. No sabemos todavía si esa reflexión producirá una rectificación real. Lo que sí sabemos es que llegó después de una derrota electoral que alteró profundamente la distribución del poder en Washington.
En Paraguay cayó un presidente; en Israel otro intenta conservar su lugar mientras un adversario busca construir gobierno; en Brasil Lula renovó su mandato; en Francia se aproxima una sucesión difícil y en España los ciudadanos volverán anticipadamente a las urnas. Son distintas expresiones de una realidad que ningún gobernante debería olvidar: el poder se ejerce, se disputa, se renueva y también se pierde.
Y aquí está la ironía mayor: quienes acostumbran presentarse como indispensables suelen descubrir demasiado tarde que las instituciones pueden continuar sin ellos. Los presidentes cambian, los partidos sobreviven o se transforman y los ciudadanos terminan encontrando nuevas maneras de expresar sus exigencias.
Trump, que tantas veces quiso parecer un león dispuesto a devorar políticamente a sus adversarios, apareció después del descalabro con un tono inusualmente dócil. Pero cuidado: un animal que deja de rugir no necesariamente ha perdido los colmillos. Habrá que comprobar si realmente está dispuesto a cambiar sus políticas o si solamente aprendió que, después de una derrota, conviene bajar la voz mientras se prepara la siguiente embestida.
Porque ésa es una de las grandes contradicciones del poder: algunos dirigentes solamente descubren las virtudes del diálogo cuando dejan de tener los votos suficientes para imponer su voluntad. Y entonces presentan como prudencia lo que antes despreciaban como debilidad.
La historia política está llena de gobernantes que confundieron la popularidad con la propiedad del Estado, el triunfo electoral con una autorización ilimitada y su permanencia personal con el destino de sus países. Pero tarde o temprano las urnas, los parlamentos, las crisis o los propios ciudadanos les recuerdan que ningún gobierno es eterno.
Y si algo nos enseñan estos días de sobresaltos internacionales es precisamente eso: no hay rugido presidencial, fortuna empresarial, aparato partidista ni discurso grandilocuente capaz de garantizar para siempre la obediencia de una sociedad. El poder puede intimidar durante mucho tiempo, pero cuando pierde legitimidad descubre que hasta sus órdenes más estruendosas pueden terminar convertidas en simples ecos.
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