En México cambian los gobiernos, se alternan los partidos, se renuevan los discursos contra la corrupción y cada administración promete terminar con los privilegios del pasado. Pero hay una práctica que parece resistir todas las transformaciones políticas: la facilidad con la que familiares, amigos y socios de personajes cercanos al poder aparecen vinculados con negocios financiados mediante recursos públicos. La investigación periodística que acaba de revelar contratos por alrededor de 94 millones de pesos obtenidos durante quince años por empresas relacionadas con los hijos de Rubén Rocha Moya y sus socios vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta tan incómoda como indispensable: ¿hasta dónde llega el legítimo derecho de los familiares de un servidor público a desarrollar actividades empresariales y dónde comienzan los conflictos de interés, las posibles ventajas indebidas y las responsabilidades que deben esclarecerse? Porque cuando los apellidos de quienes gobiernan aparecen reiteradamente relacionados con adjudicaciones gubernamentales, no basta con decir que todo es legal ni resulta aceptable condenar sin pruebas. Lo que corresponde es abrir los expedientes, revisar los procedimientos, seguir la ruta del dinero y establecer si los contratos se obtuvieron y ejecutaron conforme a derecho.
El reportaje publicado el sábado 7 de noviembre por El Universal describe una trayectoria empresarial que atraviesa distintas administraciones de Sinaloa y que comenzó mucho antes de que Rocha Moya llegara a la gubernatura bajo las siglas de Morena. Esa circunstancia resulta particularmente importante porque impide reducir el asunto a un enfrentamiento partidista. Los negocios documentados se remontan a etapas en las que el político sinaloense desempeñó responsabilidades dentro de gobiernos priistas y continuaron después de su llegada al Poder Ejecutivo estatal en noviembre de 2021. La historia, por tanto, no se limita a un gobierno ni a un partido: permite examinar cómo determinadas relaciones familiares y empresariales pueden desarrollarse alrededor de diferentes espacios de influencia pública.
De acuerdo con la investigación, en mayo de 2009, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos de Rocha Moya, constituyeron la empresa Constructora Chocosa. Apenas ocho meses después, la compañía recibió su primer contrato de la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa, por aproximadamente 292 mil pesos, para realizar un estudio relacionado con un tramo carretero. En aquella época su padre se desempeñaba como jefe de asesores del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla. La coincidencia temporal no demuestra que hubiera intervenido en la adjudicación, pero constituye un antecedente que justifica revisar las condiciones en que la empresa comenzó a contratar con el gobierno.
La relación comercial no terminó allí. La investigación recuerda que durante el año siguiente la compañía obtuvo nuevos contratos y que, entre enero de 2010 y mediados de 2018, acumuló alrededor de 64 millones de pesos en contrataciones con dependencias estatales, ayuntamientos y organismos operadores de agua potable. Una parte de esas operaciones se desarrolló cuando Rocha Moya había regresado a la administración estatal como jefe de asesores del gobernador Quirino Ordaz Coppel, también surgido del PRI.
Los antecedentes habían sido examinados en una investigación periodística de 2019 denominada “Operación Desfalco”. Cuestionado entonces sobre un posible conflicto de interés, Rocha Moya negó haber intervenido en las adjudicaciones y sostuvo que sus responsabilidades no estaban relacionadas con la contratación de obras públicas. Esa postura debe tomarse en cuenta. Pero también resulta legítimo preguntar si las autoridades encargadas de las contrataciones identificaron los vínculos familiares, si revisaron posibles incompatibilidades y si dejaron constancia documental de que las decisiones se adoptaron con criterios técnicos y legales.
Ser hijo de un funcionario no constituye un impedimento universal para emprender negocios ni convierte automáticamente en ilegales los contratos celebrados con organismos públicos. Los familiares de quienes ocupan cargos gubernamentales conservan sus derechos económicos y profesionales. Sin embargo, cuando participan en procedimientos de contratación donde pueden existir relaciones de influencia, las instituciones tienen una obligación especial de prevenir conflictos de interés, garantizar competencia y acreditar que no hubo condiciones privilegiadas.
La historia adquiere otra dimensión después de noviembre de 2021, cuando Rocha Moya asumió la gubernatura de Sinaloa. Según el reportaje, Grupo Rofcar, empresa relacionada con su hijo José Jesús Rocha Ruiz y otros socios, comenzó a recibir contrataciones del gobierno estatal poco tiempo después. Entre sus operaciones figuran suministros de baterías y acumuladores al Sistema DIF de Sinaloa, así como ventas y servicios a otras dependencias públicas.
Existe aquí una circunstancia que merece especial atención. El DIF estatal era encabezado honoríficamente por Eneyda Rocha Ruiz, también hija del entonces gobernador y hermana del empresario relacionado con Grupo Rofcar. De acuerdo con los documentos citados, durante 2022 esa dependencia realizó alrededor de treinta contrataciones directas con la compañía. El hecho requiere examinar cuidadosamente las atribuciones de quienes intervinieron, la existencia de procedimientos de revisión de conflictos de interés y las razones legales por las cuales se utilizó esa modalidad de adquisición.
No basta con suponer que la presidencia honoraria de una institución implica participación automática en sus procedimientos de compra. Las responsabilidades deben determinarse conforme a las facultades y actuaciones efectivamente realizadas. Pero tampoco sería razonable ignorar la importancia de una relación familiar tan próxima cuando una dependencia pública contrata reiteradamente con una empresa vinculada con integrantes de la familia del gobernante.
La investigación periodística también describe negocios desarrollados por socios de Grupo Rofcar. Entre ellos aparece José Carlos Cárdenas Mellado, relacionado con la empresa Frutas y Verduras de El Dorado, que suministró alimentos y otros productos a dependencias estatales y municipales. Según la documentación publicada, entre 2021 y 2023 esa empresa facturó aproximadamente 25 millones de pesos a distintas instituciones públicas, incluyendo organismos de asistencia social y servicios gubernamentales.
Uno de los aspectos más delicados consiste en las diferencias de precios detectadas mediante la revisión de órdenes de compra. El reportaje señala, por ejemplo, operaciones en las que se facturaron productos alimenticios por cantidades considerablemente superiores a determinadas referencias mayoristas del mercado local. Entre los casos mencionados se encuentran compras de chayote, elote y lechuga romana cuyos precios merecen una explicación documental.
Es indispensable evitar conclusiones automáticas. Comparar un precio facturado a una institución pública con una cotización mayorista puede aportar indicios relevantes, pero para determinar si existió un sobreprecio indebido también deben considerarse fechas, presentación, calidad, volumen, transporte, condiciones de entrega y demás obligaciones contractuales. Si después de realizar esas comparaciones las diferencias carecen de justificación, deberán establecerse las responsabilidades correspondientes. Pero el análisis debe ser técnico y no limitarse a la indignación que pueda provocar una cifra aislada.
Un dato adicional vuelve especialmente relevante esta relación empresarial: Cárdenas Mellado fue nombrado director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa en agosto de 2024 y permaneció en el cargo hasta octubre de 2026. El tránsito de una persona vinculada con negocios que contrataron con dependencias públicas hacia una responsabilidad importante dentro de la administración tributaria estatal obliga a examinar las declaraciones de intereses, los procedimientos de designación y las medidas adoptadas para prevenir incompatibilidades.
No se trata de afirmar que esa designación haya sido necesariamente ilegal. Se trata de recordar que la confianza pública exige una separación suficientemente clara entre intereses privados y facultades gubernamentales. Cuando quien mantiene relaciones empresariales con proveedores del Estado pasa a ocupar un puesto desde el cual se ejerce autoridad administrativa, las obligaciones de transparencia y prevención de conflictos adquieren particular importancia.
La información publicada señala además que, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2024, Grupo Rofcar y dos de sus socios concentraron aproximadamente 29 millones de pesos en operaciones con el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Culiacán. En el conjunto examinado aparecen catorce contratos y 547 órdenes de compra, y solamente uno de los contratos habría sido adjudicado mediante licitación pública, mientras los restantes recurrieron a adjudicaciones directas.
La proporción merece una revisión seria, pero también requiere precisión jurídica. La adjudicación directa no constituye por sí misma una irregularidad. La legislación contempla supuestos en los que puede utilizarse legítimamente, por razones relacionadas con montos, circunstancias de mercado, urgencias justificadas u otras excepciones previstas legalmente. Lo que debe verificarse es si cada procedimiento cumplió los requisitos aplicables, si las excepciones fueron debidamente justificadas y si existieron mecanismos adecuados para acreditar precios competitivos.
Precisamente por eso sería conveniente que las autoridades competentes revisaran integralmente las operaciones documentadas. No solamente para buscar actos ilícitos, sino para determinar si se respetaron las disposiciones de contratación, si hubo una adecuada evaluación de proveedores, si los bienes fueron entregados conforme a las condiciones pactadas y si las relaciones familiares o empresariales fueron declaradas y tratadas mediante los mecanismos correspondientes.
Otro antecedente aporta una dimensión institucional preocupante. En mayo de 2026, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa promovieron una propuesta de exhorto para investigar contrataciones otorgadas a empresas relacionadas con los hijos de Rocha Moya. Sin embargo, según las declaraciones difundidas de su presidenta, Raquel Zapien, la propuesta no llegó siquiera a someterse a votación.
Si esa secuencia se confirma en las actas y documentos del sistema, merece una explicación particularmente clara. Los mecanismos anticorrupción fueron creados precisamente para promover coordinación institucional, prevenir irregularidades y facilitar la revisión de posibles responsabilidades. Una propuesta de investigación puede ser procedente o improcedente, pero las autoridades deben explicar de manera fundada las razones por las cuales deciden actuar o abstenerse de hacerlo.
Resultaría profundamente contradictorio que las instituciones encargadas de prevenir la corrupción carecieran de capacidad efectiva para procesar solicitudes de revisión relacionadas con personas políticamente relevantes. La credibilidad de los sistemas anticorrupción no depende únicamente de su existencia legal, de sus oficinas o de sus reuniones. Depende de su independencia, de sus decisiones y de su capacidad para actuar frente a asuntos incómodos.
La Unidad de Inteligencia Financiera también había solicitado información relacionada con empresas de los hijos de Rocha Moya, según investigaciones periodísticas difundidas meses atrás. Ese antecedente añade elementos que merecen seguimiento, pero debe conservarse una distinción fundamental: solicitar información financiera o investigar determinadas operaciones no significa que se haya demostrado la comisión de delitos ni que exista necesariamente una responsabilidad del exgobernador o de sus familiares.
En un Estado de derecho, investigar y sancionar son actos diferentes. Una investigación puede encontrar irregularidades, descartar sospechas o descubrir hechos que no habían sido conocidos. Lo indispensable es que se realice mediante procedimientos legales, garantías de defensa y elementos verificables, evitando tanto la protección anticipada de los involucrados como su condena pública sin pruebas suficientes.
El caso también debe analizarse dentro del contexto político e institucional de Sinaloa. Se trata de una entidad que ha enfrentado graves problemas de violencia, inseguridad y confrontaciones entre organizaciones criminales, circunstancias que han generado enormes dificultades para la población y para las actividades económicas. En medio de ese escenario, cualquier cuestionamiento relacionado con el manejo de recursos públicos y las posibles relaciones entre intereses privados y autoridades adquiere una importancia adicional.
No obstante, sería incorrecto establecer vínculos entre las contrataciones empresariales descritas y las organizaciones criminales sin evidencias concretas que los acrediten. Las investigaciones sobre negocios familiares, procedimientos de compra y eventuales conflictos de interés deben sostenerse en sus propios documentos y hechos. La gravedad de la situación de seguridad en Sinaloa no justifica mezclar acusaciones diferentes ni construir conclusiones mediante asociaciones carentes de sustento.
Lo que sí puede señalarse es que una sociedad sometida a fuertes presiones económicas y de seguridad necesita instituciones capaces de responder con transparencia, profesionalismo y resultados. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que los recursos destinados a servicios públicos, infraestructura y asistencia social se utilicen para satisfacer necesidades colectivas y no para conceder ventajas ilegales a personas con relaciones privilegiadas.
El problema trasciende además las fronteras de Sinaloa. En México existen antecedentes frecuentes de controversias relacionadas con contrataciones públicas otorgadas a empresas vinculadas con familiares, amigos, socios o antiguos colaboradores de funcionarios. Son situaciones que han aparecido bajo gobiernos de diferentes partidos y que requieren aplicar los mismos principios legales, sin importar el apellido ni el color político.
La lucha contra la corrupción no puede depender de quién resulte beneficiado o perjudicado por una investigación. Si los contratos corresponden a familiares de un funcionario del PRI, deben revisarse conforme a derecho. Si involucran a personas cercanas al PAN, corresponde aplicar los mismos criterios. Y si aparecen relacionados con dirigentes o gobernantes de Morena, Movimiento Ciudadano o cualquier otra fuerza, tampoco debe existir un tratamiento especial.
La igualdad ante la ley constituye una exigencia elemental. Las investigaciones selectivas pueden convertirse en instrumentos políticos; los encubrimientos selectivos destruyen la confianza pública. Ambas prácticas son incompatibles con una auténtica política de integridad gubernamental.
Por ello, el asunto de los Rocha Ruiz no debería resolverse mediante declaraciones de descalificación política ni mediante explicaciones generales sobre el derecho de cualquier ciudadano a emprender negocios. Lo necesario es ofrecer información suficiente para verificar qué empresas participaron, cuáles fueron sus relaciones societarias, qué contratos recibieron, mediante qué procedimientos se adjudicaron, quiénes autorizaron las operaciones y qué servicios o productos fueron efectivamente entregados.
También sería importante conocer las actuaciones de los órganos internos de control y de las autoridades fiscalizadoras. ¿Existieron observaciones sobre estas contrataciones? ¿Se identificaron posibles conflictos de interés? ¿Se revisaron las compras directas? ¿Se justificaron las diferencias de precios señaladas? ¿Las empresas cumplieron sus obligaciones? ¿Se adoptaron medidas para evitar que funcionarios con relaciones personales o familiares influyeran sobre decisiones administrativas?
Son interrogantes legítimas que deben resolverse con documentos, auditorías e investigaciones, no mediante suposiciones. La publicación de un reportaje no constituye una sentencia, pero sí puede justificar que las autoridades examinen los hechos cuando existen elementos suficientes para ello.
El propio Rubén Rocha Moya ha negado anteriormente haber intervenido en la adjudicación de contratos relacionados con empresas de sus hijos. Esa respuesta es relevante y debe reconocerse. Sin embargo, ante la amplitud de las operaciones ahora documentadas, resultaría útil una explicación actualizada que permita conocer su posición sobre las contrataciones realizadas durante su gestión y sobre los mecanismos establecidos para prevenir eventuales conflictos de interés.
No corresponde exigirle que responda penal o administrativamente por actos de terceros únicamente por su condición de padre. Las responsabilidades son individuales y requieren elementos que vinculen una conducta específica con obligaciones legales concretas. Pero quien ejerce o ha ejercido responsabilidades públicas de elevada importancia debe comprender que la transparencia también es una condición de legitimidad institucional.
La discusión tampoco puede utilizarse para negar a los hijos de un gobernante el derecho a realizar actividades empresariales. Lo que debe exigirse es que compitan bajo las mismas condiciones que cualquier otro proveedor y que ninguna relación familiar determine ventajas en la contratación pública. Los negocios privados son legítimos; los privilegios indebidos financiados con recursos públicos no lo son.
Hay una diferencia esencial entre tener éxito empresarial por ofrecer buenos productos, servicios y precios, y obtener beneficios mediante procedimientos manipulados o relaciones de influencia. Precisamente porque esa diferencia importa, las instituciones deben contar con mecanismos capaces de demostrarla.
La prevención de conflictos de interés necesita mucho más que declaraciones formales. Requiere identificar beneficiarios reales de las empresas, examinar relaciones societarias, establecer reglas claras para la abstención de funcionarios involucrados y documentar que las decisiones se adoptaron conforme a criterios objetivos. También exige que las autoridades encargadas de las compras públicas tengan suficiente independencia profesional y que sus actuaciones puedan ser revisadas.
Las adjudicaciones directas, cuando estén justificadas por la ley, deben ser transparentes y contar con documentación completa. Los precios pagados por el gobierno deben poder explicarse mediante estudios de mercado y condiciones contractuales verificables. Los bienes y servicios adquiridos deben corresponder a necesidades institucionales reales y su entrega debe comprobarse.
Por encima de cualquier consideración partidista, el objetivo consiste en proteger el patrimonio público. Los recursos destinados a infraestructura, salud, educación y asistencia social provienen de la sociedad y deben utilizarse para cumplir fines públicos. Cuando se paga de más por un producto, se adquiere algo innecesario o se favorece injustificadamente a determinado proveedor, son los ciudadanos quienes pueden terminar soportando las consecuencias.
Resulta particularmente sensible cualquier señalamiento sobre compras realizadas por instituciones de asistencia social. Los organismos dedicados a atender niñas, niños, adultos mayores y familias vulnerables administran recursos que deben utilizarse con especial cuidado. Las diferencias de precios o los cuestionamientos a proveedores merecen una revisión rigurosa porque detrás de esas adquisiciones existen necesidades humanas concretas.
Pero incluso allí debe mantenerse la objetividad. Para acreditar un daño al erario no basta con exhibir una factura y compararla superficialmente con un precio comercial. Hay que revisar especificaciones, volúmenes, fechas, costos de distribución, condiciones de entrega y demás elementos que determinen si existió un pago indebido. La denuncia pública debe conducir a una investigación seria, no sustituirla.
La trascendencia del caso radica en que exhibe un problema recurrente de la administración pública mexicana: la insuficiente separación entre los vínculos personales de quienes ocupan posiciones de poder y las decisiones institucionales que administran recursos de todos.
No se trata de presumir que todo funcionario es corrupto ni que cualquier empresa vinculada con una familia políticamente conocida carece de legitimidad. Se trata de garantizar que las decisiones públicas puedan resistir una revisión independiente y que sus fundamentos resulten claros para los ciudadanos.
En un país donde la confianza hacia las instituciones se ha visto deteriorada por múltiples escándalos, la transparencia constituye una obligación especialmente importante. Un gobierno debe poder explicar sus contratos, justificar sus precios, documentar sus procedimientos y demostrar que sus decisiones no dependieron de la influencia de familiares o allegados.
Los datos publicados sobre las empresas de los Rocha Ruiz ofrecen suficientes elementos para reclamar una revisión documentada y una explicación pública. La cifra de aproximadamente 94 millones de pesos, distribuida durante distintos periodos y entre diversas compañías y socios, no debe interpretarse automáticamente como un monto de recursos desviados. Representa el volumen de operaciones contractuales señalado por la investigación, cuya legalidad y condiciones deben examinarse individualmente.
La precisión importa. Presentar como dinero robado el monto total de contratos cuya irregularidad no ha sido demostrada sería tan incorrecto como descartar cualquier posibilidad de conflicto de interés solamente porque las operaciones cuentan con documentos administrativos.
La tarea de las autoridades fiscalizadoras consiste justamente en distinguir entre contratos legítimos, posibles incumplimientos, irregularidades administrativas y conductas que pudieran constituir delitos. Cada categoría implica procedimientos y consecuencias diferentes. Esa distinción jurídica debe respetarse si verdaderamente se pretende esclarecer los hechos.
El país necesita también mecanismos que permitan investigar este tipo de asuntos sin depender exclusivamente de la voluntad política de quienes gobiernan. Los sistemas anticorrupción, las auditorías y los órganos internos de control deben actuar conforme a sus atribuciones, con independencia técnica y sin discriminación partidista.
Cuando una solicitud de investigación relacionada con familiares de un gobernante ni siquiera alcanza una votación, corresponde explicar qué ocurrió y qué razones institucionales lo determinaron. Porque una cosa es concluir, después de revisar los elementos disponibles, que no existen fundamentos para iniciar determinadas actuaciones; y otra muy distinta impedir que el asunto se examine sin ofrecer una justificación suficiente.
La lucha contra la corrupción no se demuestra únicamente mediante discursos de campaña ni mediante acusaciones contra adversarios. Se demuestra cuando las instituciones pueden revisar los contratos de quienes se encuentran cerca del poder con la misma seriedad que aplicarían a cualquier otro proveedor.
Y aquí aparece la responsabilidad política de quienes prometieron terminar con los privilegios. Los compromisos de honestidad pública deben verificarse en las decisiones administrativas, no solamente en las declaraciones presidenciales o gubernamentales. La legitimidad que proporcionan las urnas no sustituye la obligación permanente de rendir cuentas.
El caso de Rocha Moya permite observar que las redes de relaciones empresariales pueden atravesar distintas administraciones, sobrevivir a los cambios de partido y desenvolverse alrededor de funcionarios que ocupan sucesivamente diferentes responsabilidades. Precisamente por eso las reglas de contratación y prevención de conflictos deben ser institucionales, permanentes y aplicarse por igual a todas las personas.
Los funcionarios pasan, los partidos alternan y los gobiernos terminan sus periodos. Pero los recursos públicos pertenecen siempre a los ciudadanos, y ninguna relación familiar debería otorgar un acceso privilegiado a su administración.
Por ello, sería conveniente que el gobierno de Sinaloa y las autoridades fiscalizadoras correspondientes ofrecieran explicaciones documentadas sobre las operaciones señaladas, sin prejuzgar sus resultados. Los involucrados deben disponer de la oportunidad de responder, presentar documentos y defender la legalidad de sus actuaciones, mientras las instituciones deben cumplir su obligación de revisar los hechos cuando existan elementos que lo justifiquen.
La finalidad no debe ser convertir una investigación periodística en una sentencia política anticipada. Tampoco utilizar el principio de presunción de inocencia como argumento para impedir que se conozca cómo fueron utilizados los recursos públicos. Investigar con seriedad significa respetar derechos y exigir responsabilidades al mismo tiempo.
Porque si algo demuestra la historia de México es que los escándalos no se resuelven solamente cambiando de partido en el gobierno. Se resuelven construyendo instituciones capaces de impedir privilegios, descubrir irregularidades y aplicar la ley sin excepciones.
Los aproximadamente 94 millones de pesos documentados en contratos relacionados con empresas de los hijos de Rocha Moya y sus socios no constituyen, por sí mismos, una prueba de corrupción. Pero sí plantean preguntas concretas que ninguna autoridad responsable debería desatender: quién contrató, por qué se eligió a esos proveedores, cómo se determinaron los precios, qué conflictos de interés fueron identificados y qué controles se aplicaron para garantizar la legalidad.
No se trata de prohibir que los hijos de un político sean empresarios. Se trata de impedir que el parentesco con quien gobierna se convierta en una ventaja frente a los demás ciudadanos. Porque el derecho a emprender negocios no incluye el derecho a recibir privilegios públicos, y ninguna familia puede considerar que las dependencias gubernamentales son una extensión de sus oportunidades privadas.
Rocha Moya tiene derecho a defender su actuación y sus familiares tienen derecho a acreditar la legalidad de sus negocios. Pero la sociedad también tiene derecho a conocer los expedientes, exigir investigaciones independientes y comprobar que las decisiones del gobierno no estuvieron subordinadas a relaciones familiares o intereses particulares.
El verdadero problema de México no es que existan empresarios cuyos padres, hermanos o cónyuges participan en la política. El problema surge cuando las instituciones dejan de distinguir claramente entre el interés público y las relaciones personales de quienes ejercen el poder, o cuando los mecanismos encargados de prevenir esas confusiones resultan insuficientes para ofrecer explicaciones convincentes.
Y aquí está la cuestión que debería incomodar a todos los partidos, no solamente a Morena: ¿cuántas veces tendremos que escuchar que una nueva administración llegó para terminar con los privilegios, mientras siguen apareciendo negocios vinculados con familiares y allegados de personajes públicos que requieren investigaciones y explicaciones?
Porque la corrupción no adquiere legitimidad cuando cambia de partido, ni los posibles conflictos de interés desaparecen cuando se invocan discursos de transformación política. La honestidad no se demuestra atacando los negocios de los familiares del adversario mientras se guarda silencio sobre los propios. Se demuestra aplicando las mismas reglas, investigando con el mismo rigor y exigiendo idénticas responsabilidades a todos.
Que se revisen los contratos, que se esclarezcan las adjudicaciones, que se examinen los precios y que cada persona responda únicamente por aquello que legalmente pueda acreditarse. Pero que nadie pretenda convertir el parentesco con el gobernante en una protección frente al escrutinio público.
Porque los gobiernos son temporales, los cargos terminan y los apellidos no confieren derechos especiales sobre el patrimonio de la nación. Los recursos públicos no pertenecen a las familias de quienes gobiernan, ni a sus amigos, ni a sus socios, ni a sus partidos. Pertenecen a los ciudadanos. Y cuando una administración olvida esa diferencia, comienza a desdibujarse la frontera que debe separar el ejercicio legítimo del poder de su aprovechamiento para intereses privados.
México no necesita otra alternancia de discursos contra la corrupción. Necesita que ningún apellido abra puertas que deberían abrirse solamente mediante la ley, la competencia y la transparencia. Porque el poder público jamás debe convertirse en patrimonio familiar, y el dinero de todos nunca puede administrarse como si perteneciera a unos cuantos.
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