El lunes se abrió el campo de batalla. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, tomó la pluma en The Wall Street Journal y con la solemnidad de quien anuncia un duelo a morir, declaró abierta la temporada contra la Corte Penal Internacional. El gigante a lidiar es un tribunal nacido en 2002 del Estatuto de Roma; el diestro promete desmantelarlo. Unos argumentan que se trata de “soberanía” pero en realidad, se trata de una de las instituciones que más complejidad acumula por la misión de perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Conviene, antes de aplaudir o denostar, mirar despacio los tercios, porque la faena tiene reglas y cada hazaña deja su marca en la carne.
La CPI actúa cuando los tribunales nacionales no quieren o no pueden juzgar seriamente un crimen y a pesar de ser el último recurso, tan solo actúa cuando los países cooperan. No tiene una policía propia ni herramientas para obligar a otras autoridades a ejecutar sus resoluciones.
Empieza, como siempre, el pavoneo de fuerzas y algunas juezas de la CPI como Kimberly Prost y Luz del Carmen Ibáñez Carranza, han denunciado que sus tarjetas de crédito dejaron de funcionar así como sus servicios digitales, encima de que fueron rechazadas de bancos, inclusive europeos, por sanciones impulsadas desde Estados Unidos debido a que son quienes investigan presuntos crímenes de guerra en Afganistán, así como a Israel y otros aliados de Donald Trump.
Rubio evoca la estampa del agente fronterizo y del líder electo “arrastrados ante una corte internacional”, a merced de jueces extranjeros a miles de kilómetros. La imagen es hermosa en su montaje: la soberanía como telón qué se despliega para ocultar lo que pasa detrás, ondeando frente al público para que nadie repare en lo que intenta el peón del líder que encabeza el país más poderoso. Detrás del trapo está la maniobra verdadera, y la resumió Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch: viste su búsqueda de impunidad para los crímenes de guerra estadounidenses con la tela de la soberanía nacional, ignorando el derecho soberano de otros pueblos a invocar a la Corte porque la Corte basa su jurisdicción en la soberanía territorial, que consiste en aquellos que han suscrito y ratificado tratados para someterse a esa institución. La CPI, recordémoslo, solo puede actuar en Estados parte del tratado. Estados Unidos no lo ratificó. No hay, pues, jurisdicción sobre suelo americano, al menos no como la hay en Ucrania, en Palestina, en Afganistán.
El punto es que hay un choque de soberanías porque mientras algunos Estados no suscribieron ni ratificaron el tratado, otros que si lo hicieron están siendo víctimas de saqueos, especialmente de Estados Unidos.
El acoso no empieza ahora. A las seis semanas de su segundo mandato, Trump declaró una “emergencia nacional” y sancionó al fiscal Karim Khan, a sus dos adjuntos y a seis jueces. Con cada nueva tanda de sanciones, la presión se hizo más profunda. En 2025 alcanzó a Francesca Albanese, relatora de la ONU, y a tres organizaciones palestinas que recogían pruebas.
El plan, según reveló CNN, consiste en presionar a otras naciones para que abandonen la Corte y quien se niegue a rechazar su “falsa autoridad” mientras depende de la asistencia estadounidense quedará bajo escrutinio, con sanciones, vetos de viaje y revocaciones de visa. Se rumora la medida final es sancionar al tribunal entero, de modo que ningún estadounidense, ni empresa ni banco, pueda trabajar con él sin riesgo de multa o cárcel. Un exfuncionario lo llamó campaña preventiva, por si a la Corte se le ocurriera mirar hacia Venezuela, golpear antes de que el tribunal levante la cabeza.
Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha declarado un veto al derecho internacional a través del desprecio y la desobediencia pero lo que viene parece ser peor, es la estocada final contra ese “derecho blando” que ya tenía retos para hacerse cumplir. Si se pensara desde el jurista garantista Luigi Ferrajoli ¿qué es el derecho internacional sino la garantía institucional frente al poder que no reconoce límite? El garantismo entendió que sin un tercero que juzgue, la soberanía se vuelve coartada, y el más fuerte escribe a la vez la ley y la sentencia. La CPI es ese tercero imperfecto, esa promesa que, como escribió Raed Jarrar, de Dawn, surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Lo que Rubio desmantela ladrillo a ladrillo no es un edificio en La Haya sino el orden basado en reglas, ese territorio donde alguna vez creímos que el poder pastaba vigilado.
Hubo un tiempo en que ciertas crueldades se ejercían a plena luz y nadie las veía impropias. ¿Quién soportaría hoy semejante espectáculo? Sucede que el observador asume como natural la impunidad pública, y si la advierte la cambia con gusto por una invocación de la soberanía. Entonces, ¿qué hacemos con un imperio que confunde la impunidad con la libertad? ¿Qué hacemos con los Estados que sostienen a la CPI y ahora deberán elegir entre la asistencia y la justicia? ¿Sirve de algo un tribunal al que se le prohíbe cobrar a los poderosos? ¿Y qué haremos nosotros, los países que aún creemos en el tercero que juzga, cuando nos pidan elegir bando?
Ahora una derecha más o menos castiza ha incorporado este atropello a su ideología y lo llama defensa de la nación. Lo que faltaba.