Las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo explicaciones sobre la eventual participación del FBI en la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, colocan nuevamente en el centro del debate una palabra tan poderosa como frecuentemente mal utilizada: soberanía.
La pregunta hecha en la mañanera, sin embargo, no debería comenzar por lo que Washington hizo; debería comenzar por lo que México dejó de hacer.
Porque aun suponiendo —hipótesis que deberá ser plenamente esclarecida— que el FBI hubiese tenido una participación directa en la operación que terminó con la captura del fundador del Cártel de Sinaloa, resulta imposible analizar ese hecho en el vacío. La pregunta moral y política previa es mucho más incómoda:
¿Por qué Ismael Zambada pudo vivir durante más de cuatro décadas como uno de los criminales más buscados del planeta sin que ninguna autoridad mexicana lograra detenerlo?
Durante décadas dirigió una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Su estructura inundó de cocaína, heroína, metanfetamina y posteriormente fentanilo a Norteamérica; corrompió instituciones; financió redes de violencia; desplazó comunidades enteras y dejó una estela de miles de homicidios en ambos lados de la frontera. Mientras otros líderes del narcotráfico fueron abatidos o capturados, el llamado “Mayo” permaneció prácticamente invisible, gobernando uno de los mayores imperios criminales de nuestra historia. Ese hecho, por sí mismo, constituye un fracaso monumental del Estado mexicano.
El debate no consiste únicamente en determinar si una agencia estadounidense intervino o no. El verdadero debate consiste en preguntarnos por qué, durante cuarenta años, México no pudo, o no quiso, hacerlo. Porque ambas posibilidades son igualmente devastadoras.
Si no pudo, exhibe una debilidad institucional incompatible con la obligación esencial del Estado: monopolizar legítimamente el uso de la fuerza y proteger a sus ciudadanos. Si no quiso, el problema deja de ser de capacidad para convertirse en uno de voluntad política, tolerancia o incluso de posibles redes de protección cuya existencia corresponde esclarecer mediante investigaciones serias e independientes.
No existe democracia funcional donde el principal líder de una organización criminal sobreviva durante décadas sin enfrentar la acción efectiva de la justicia.
La soberanía nacional es un principio fundamental del derecho internacional. Eso es absolutamente cierto. Pero la soberanía nunca fue concebida como un escudo para la impunidad.
Jean Bodin la definía como el poder supremo del Estado precisamente para garantizar orden y justicia. Thomas Hobbes justificó la existencia del Leviatán porque únicamente un poder eficaz podía impedir que la violencia privada sustituyera al Estado. Max Weber recordaría siglos después que la esencia del Estado consiste precisamente en monopolizar el uso legítimo de la fuerza.
Cuando ese monopolio desaparece frente a organizaciones criminales capaces de controlar territorios, infiltrar gobiernos y desafiar al propio Estado, la discusión ya no gira exclusivamente alrededor de la soberanía, sino sobre la capacidad real de ejercerla. El caso de Sinaloa ilustra esa contradicción con especial crudeza.
Desde la captura de Zambada, el estado ha experimentado una prolongada espiral de violencia derivada de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, con miles de víctimas entre homicidios, desapariciones y desplazamientos.
A ello se suma otro hecho igualmente delicado: las acusaciones formuladas este año por autoridades estadounidenses contra Rubén Rocha Moya y otros nueve políticos y funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con dicho cártel. Todos ellos han rechazado las imputaciones, y en México no existe hasta ahora una resolución judicial que determine su responsabilidad. La Fiscalía General de la República solicitó pruebas adicionales a Estados Unidos y no procedió a las detenciones solicitadas. Ese punto merece una reflexión institucional.
Cierto es que no corresponde condenar a nadie sin debido proceso. Pero tampoco resulta razonable ignorar que, frente a señalamientos de esa magnitud, la percepción pública termina preguntándose por qué no existen investigaciones visibles, oportunas y suficientemente convincentes que disipen cualquier duda. La justicia debe ser garantista, nunca inmóvil, porque cuando la inacción se prolonga demasiado, la confianza pública comienza a erosionarse.
La historia demuestra que las intervenciones extraordinarias entre Estados soberanos suelen aparecer cuando uno de ellos deja de controlar amenazas que afectan directamente al otro. No significa que dichas intervenciones sean deseables ni que carezcan de problemas jurídicos; significa que el vacío institucional rara vez permanece vacío durante mucho tiempo.
Estados Unidos ha perdido cientos de miles de vidas por sobredosis durante las últimas décadas, con el fentanilo como principal detonante de la crisis reciente. Esa tragedia explica, aunque no necesariamente justifica desde el derecho internacional, el endurecimiento progresivo de su política de seguridad frente a los cárteles mexicanos.
Por ello, reducir toda la discusión al eventual papel del FBI corre el riesgo de ocultar la cuestión esencial: el verdadero escándalo no sería únicamente que una agencia extranjera hubiera participado en la captura. El verdadero escándalo sería que el Estado mexicano hubiera permitido durante décadas que uno de los mayores criminales del continente operara prácticamente intocable.
La soberanía merece ser defendida; pero solo cuando sirve para proteger a los ciudadanos. No cuando termina protegiendo la impunidad.
La legitimidad del Estado no descansa únicamente sobre sus fronteras. Descansa sobre su capacidad para impartir justicia. Y cuando esa justicia deja de llegar durante cuarenta años, la pregunta deja de ser por qué otros actuaron. La pregunta pasa a ser por qué nosotros no lo hicimos.