“Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario”.
James Madison
“No hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos”.
Álvaro Obregón
Durante años, el obradorismo explotó uno de sus mitos políticos más exitosos: las Fuerzas Armadas eran incorruptibles. A diferencia de los políticos, los empresarios, los jueces o los organismos autónomos, la Sedena y la Marina eran presentadas como una reserva moral del Estado mexicano. Bastaba vestir el uniforme para quedar inmunizado contra la tentación.
Hoy ese mito también se derrumba.
Y aclaro: no porque tres militares estén bajo investigación, sino porque esos casos sirven para desmoronar la premisa que justificó la militarización del país: entregar cada vez más poder a las Fuerzas Armadas porque, supuestamente, eran honestas por naturaleza.
Nunca lo fueron. Ninguna institución lo es.
Las instituciones no son honestas por su ADN. Son honestas cuando existen controles, transparencia, auditorías, contrapesos y rendición de cuentas. Cuando esos mecanismos desaparecen, la corrupción deja de ser una excepción para convertirse en un incentivo.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
Durante todo el sexenio obradorista se advirtió una y otra vez: no conviertan al Ejército en constructor; no lo hagan empresario; no le entreguen puertos, aduanas, aeropuertos, hoteles, trenes, obras públicas, distribución de medicamentos ni el control de actividades estratégicas ajenas a su mandato constitucional.
No era una discusión ideológica. No era grilla. Era hacer ver un principio elemental de la ciencia política: Todo poder sin controles termina generando incentivos para la corrupción.
Pero al morenismo no le importó. La militarización fue presentada como la cura contra la corrupción civil.
Mas paradójicamente terminó exponiendo a las propias Fuerzas Armadas a los mismos riesgos que supuestamente iban a erradicar.
Anótenlo: el uniforme protege del frío. No protege de la tentación.
El mayor daño no consiste en descubrir que algunos militares pudieron corromperse. El verdadero daño es haber erosionado el principal activo político de las Fuerzas Armadas: su prestigio.
La confianza pública tarda décadas en construirse. Puede perderse en apenas unos años cuando una institución deja de ser exclusivamente militar para convertirse en administradora de enormes presupuestos, contratos, concesiones, mercancías, combustibles e infraestructura.
No por nada, durante décadas México procuró mantener al Ejército relativamente distante de la política y de los grandes negocios. No por ingenuidad ni porque sus integrantes fueran moralmente superiores, sino porque mientras menor fuera el poder económico acumulado, menores serían también las oportunidades para desviarlo.
Ese principio fue abandonado.
Nunca, en la historia reciente, las Fuerzas Armadas habían concentrado tantas funciones civiles, tantos recursos públicos y tantas responsabilidades económicas. Se multiplicó su poder sin multiplicar los mecanismos de vigilancia.
El resultado de ello era previsible.
Como siempre ocurre, después llegan la sorpresa fingida y la indignación selectiva. Pero nadie puede alegar desconocimiento. Académicos, especialistas en seguridad, exfuncionarios, organismos internacionales y periodistas advirtieron una y otra vez sobre los riesgos de militarizar funciones civiles y concentrar tanto poder sin controles efectivos.
La respuesta oficial fue invariable: quienes criticaban estaban molestos porque “ya no podían robar...”.
Hoy descubrimos que el problema nunca fue quién administraba los recursos, sino la ausencia de límites para cualquiera que los administrara.
Los recientes aseguramientos de combustible ilegal —que, de confirmarse las cifras difundidas, alcanzan dimensiones extraordinarias en un periodo muy breve— muestran la escala industrial del fenómeno. Un negocio de esa magnitud requiere logística, transporte, inteligencia, protección y complicidades. No es la obra de unos cuantos improvisados. No, no lo es.
La corrupción nunca fue un problema exclusivo de personas. Siempre ha sido un problema de incentivos.
Y cuando el poder se concentra, la opacidad se normaliza y la supervisión desaparece, la corrupción encuentra el terreno perfecto para florecer.
La mayor tragedia, entonces, no es que existan militares presuntamente involucrados en actividades ilícitas. La verdadera tragedia consiste en haber diseñado un modelo de gobierno que colocó a una institución históricamente respetada frente a incentivos que ninguna organización humana puede resistir indefinidamente.
Ese quizá sea el legado más costoso del obradorismo. No solo militarizó buena parte de la administración pública, también politizó y expuso a la única institución que conservaba una elevada confianza ciudadana.
Recuperar ese prestigio tomará muchos años. Perderlo tomó apenas un sexenio.
Giros de la Perinola
(1) La vieja frase atribuida a Álvaro Obregón —y que cito al inicio de mi columna— nunca perdió vigencia. Lo que cambió fue la dimensión del cañonazo. Cuando un gobierno concentra poder, presupuesto, contratos y opacidad en una misma institución, deja de poner a prueba la honestidad de las personas; pone a prueba los límites de la naturaleza humana. Y eso, invariablemente, termina mal.
(2) No puedo afirmar cuál fue el móvil último de quienes diseñaron este modelo de poder. Lo que sí puede afirmarse es que se construyó un sistema extraordinariamente útil para operar con discrecionalidad, minimizar los controles y beneficiarse de la opacidad.
Lo que ya nadie puede negar es el costo institucional: el prestigio de las Fuerzas Armadas quedó comprometido, y reconstruirlo llevará mucho más tiempo que destruirlo.
Lo demás —quiénes se enriquecieron, cuánto y por conducto de quién— ya no pertenece al terreno de la opinión. Pertenece al de las investigaciones que algún día deberán ser la base para encarcelar a varios personajes...