59 millones de litros de combustible no aparecen de la nada, ni las preguntas desaparecen porque una empresa tenga permisos, contratos y autorizaciones para almacenar hidrocarburos.
El cateo realizado en una terminal operada por Gas Natural del Noroeste, empresa de Grupo SIMSA, en San José de Iturbide, Guanajuato, coloca la lupa sobre uno de los grupos empresariales más poderosos de La Laguna.
La cifra es monumental: 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de premium y 18.2 millones de diésel. En el operativo se aseguraron diez tanques, unidades de carga, contenedores y documentación, para luego dejar el producto y las instalaciones a disposición del Ministerio Público Federal para determinar la cantidad, naturaleza, procedencia y legalidad.
La FGR informó que no todas las empresas relacionadas habían acreditado de manera completa y fehaciente la licitud del origen, manejo y destino del combustible, razón por la cual la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajo la investigación.
La empresa sostiene que la terminal opera legalmente y cuenta con el permiso de almacenamiento PL/19344/ALM/2016, con vigencia de 30 años, y afirma que entregó a la autoridad la documentación relacionada con el combustible y con las empresas que utilizan sus instalaciones.
Sin embargo, esto va más allá de saber si SIMSA tiene permiso para almacenar combustible, se trata de saber de dónde salió cada litro, quién lo importó o adquirió, bajo qué documentos llegó a esa terminal y cuál era su destino.
Una historia que viene de lejos
Grupo SIMSA fue fundado por Salomón Issa Murra y actualmente es dirigido por Salomón y Nesim Issa Tafich. El conglomerado tiene presencia en gas natural, gas LP, almacenamiento, transporte, combustibles y electricidad, y ha mantenido vínculos con distintos gobiernos. Una investigación publicada por El Universal en 2024 describió a SIMSA como uno de los grupos más poderosos del sector energético.
Pero alrededor de los Issa Tafich también existen antecedentes periodísticos que los han relacionado con personajes del Cártel de Juárez. Entre ellos Manuel Bitar Tafich, señalado en su momento por como presunto operador financiero de esa organización.
Otro antecedente revela que, en 2007, elementos del Ejército aseguraron en Baja California una pipa de SIMSA que transportaba más de dos toneladas de marihuana.
La expansión de SIMSA no se quedó en Coahuila. A través de Gas Natural del Noroeste y otras empresas, el grupo avanzó hacia distintas regiones del país, incluido el sureste. Yucatán, durante la administración municipal de Renán Barrera y Quintana Roo, con proyectos de infraestructura para distribución y transporte de gas natural.
También está el caso de Arturo Gómez Lara, propietario de EON Energy, quien permaneció en prisión preventiva en Coahuila a raíz de un conflicto empresarial con los hermanos Salomón y Nesim Issa Tafich.
El diferendo comenzó cuando el empresario se negó a la exclusividad que pretendían imponerle empresas vinculadas con SIMSA y continuó comercializando energía con otros clientes. El conflicto mercantil terminó convertido en un proceso penal por fraude y, por si hubiese duda sobre la relación de SIMSA con la 4T, la propia presidenta reconoció en 2025 que Gómez Lara permanecía en prisión preventiva y que existía un conflicto entre éste y los propietarios de SIMSA.
Se necesita algo más que permisos
Y está el caso Ruffo, aunque la propia presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la investigación de los 59 millones de litros en Guanajuato y el caso relacionado con Ernesto Ruffo Appel son asuntos distintos.
A Ruffo se le procesa porque la autoridad sostiene que el origen y la legalidad de determinadas operaciones no fueron acreditadas.
Por eso, en el caso de Guanajuato resulta indispensable que la FGR explique qué encontró y qué está investigando.
Hasta ahora, la autoridad asegura que encontró alrededor de 59 millones de litros de combustible y que deberá determinar su procedencia y legalidad.
SIMSA afirma que todo el combustible es lícito y que puede acreditar su origen.
Pero, ¿por qué lo que para unos constituye un indicio suficiente para abrir una investigación penal, para otros podría resolverse con la simple exhibición de permisos de almacenamiento?
Un permiso para almacenar combustible no acredita por sí mismo el origen lícito de cada litro almacenado y 59 millones de litros son una cadena completa de suministro.
Inevitable no pensar en la relación de años que los Issa tienen con Francisco Cervantes presidente del Consejo para la Promoción de Inversiones, que Sheinbaum encabeza del lado gubernamental y el Carlos Slim del lado empresarial.
Por algo la Fiscalía decidió atraer el caso. Omar García Harfuch hizo su trabajo; el oso lo está cometiendo la FGR y el escándalo sería que nadie sea capaz de explicar de dónde salieron 59 millones de litros de combustible.
X: @diaz_manuel