Este 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó al Congreso de la Unión su Segundo Informe de Gobierno. Más allá de la obligación constitucional que establece este ejercicio, considero que hay algo particularmente valioso en la manera en que se ha decidido acercar la rendición de cuentas a las y los mexicanos: llevarla al territorio, escuchar de frente y explicar, entidad federativa por entidad federativa, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer.
El artículo 69 de nuestra Constitución establece la obligación de presentar por escrito el estado que guarda la administración pública federal. Es un mandato democrático que obliga al Poder Ejecutivo a informar y al Poder Legislativo a revisar, analizar y cuestionar sus resultados. Pero la rendición de cuentas no debe agotarse en un documento ni permanecer encerrada entre los muros de las instituciones. Una democracia que escucha debe también estar presente donde vive la gente.
Por eso considero importante el recorrido que realizará la presidenta Claudia Sheinbaum por las 32 entidades de la República. No se trata sólo de trasladar un mensaje de Palacio Nacional a las plazas públicas, sino de cambiar la lógica desde la cual se informa: pasar de las cifras nacionales a las realidades concretas de cada estado, de cada región y de cada comunidad.
México no puede entenderse únicamente desde la capital. Cada entidad tiene necesidades, historias, desigualdades, capacidades y desafíos distintos. Un programa social, una carretera, una escuela, una clínica, una obra de infraestructura o una política de seguridad adquieren verdadero significado cuando se observan desde el lugar donde impactan la vida cotidiana de las personas.
Por eso la presencia territorial importa. Estar en territorio permite explicar los resultados, pero también escuchar las preguntas que no siempre aparecen en los informes. Permite que el gobierno conozca de primera mano qué está funcionando, qué debe corregirse y cuáles son las nuevas demandas de la sociedad. Gobernar cerca del pueblo significa precisamente eso: no perder el contacto con la realidad.
En este sentido, la decisión de complementar el informe con una explicación pública de los resultados de cada secretaría también abre una oportunidad para fortalecer la transparencia. La glosa corresponde institucionalmente al Congreso, donde las y los legisladores deben revisar y analizar lo informado por el Ejecutivo. Pero una explicación pública, accesible y directa puede contribuir a que la ciudadanía conozca con mayor claridad qué se hizo, cuánto se invirtió y cuáles son los objetivos que siguen.
El Segundo Informe llega, además, después de un periodo en el que el Gobierno de México ha mantenido una ruta definida: fortalecer los Programas para el Bienestar, ampliar derechos sociales, impulsar infraestructura, atender a quienes históricamente habían sido relegados y consolidar una política económica que busca combinar crecimiento con bienestar. Son avances que deben ser evaluados con seriedad, porque gobernar también significa asumir la responsabilidad de que cada resultado sea susceptible de revisión.
Los logros de estos primeros meses del segundo piso de la Cuarta Transformación no deben medirse únicamente por la cantidad de recursos destinados o por el número de obras inauguradas. Su verdadera dimensión está en saber si esos esfuerzos están modificando las condiciones de vida de las familias mexicanas, si amplían oportunidades, si reducen desigualdades y si fortalecen la soberanía y la capacidad del Estado para responder a las necesidades del pueblo.
Como senadora con licencia y como mujer que ha dedicado buena parte de su vida pública al trabajo territorial, valoro especialmente esta manera de rendir cuentas. Me encuentro participando en este recorrido y he podido constatar que cuando una autoridad se acerca a la gente, la política recupera su sentido más elemental: servir.
El informe presidencial, entonces, puede ser mucho más que una fecha constitucional. Puede convertirse en un verdadero ejercicio de diálogo nacional.