“Parecía la limpieza de una escena del crimen”.
Diego Tobalín, padre de Darío
“La falla es del sistema”.
Alejandro Macías, infectólogo
En el Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango, murieron cinco recién nacidos en cinco días. No en una ranchería sin médico ni en medio de una catástrofe natural. Murieron dentro de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: el lugar en el que cada superficie, cada mano, cada sonda y cada gota que entra al cuerpo de un bebé deberían estar sometidas a la vigilancia más obsesiva del Estado.
Tres murieron el 15 de septiembre. Otro, el 18. El quinto, el 19. El IMSS confirmó públicamente el brote hasta el 21. Para entonces ya había restringido el acceso, limpiado “exhaustivamente” la unidad y conseguido algo muy 4T: que la autoridad sanitaria estatal llegara tarde a una escena que el propio investigado había tenido tiempo de modificar.
Darío, Liam, Victoria y otros dos bebés no son “cinco decesos”. Eran cinco vidas que sus padres esperaban llevar a casa. Darío entró en choque séptico; su padre fue llamado para despedirse y encontró el cuerpo de su hijo en pésimas condiciones, rodeado, eso sí, de una limpieza impecable. La asepsia llegó. Solo se equivocó de hora.
El IMSS informó primero que había detectado “una bacteria sensible a los antibióticos habituales”, aunque su presencia no explicaba “por sí sola” las muertes. Después admitió que cuatro de los cinco bebés dieron positivo a la bacteria asociada con el brote. Todavía no revela cuál es. En la gramática oficial nada causa, nadie omite y mucho menos alguien responde: las bacterias aparecen, los protocolos se revisan y los bebés fallecen. La voz pasiva es el cubrebocas de la impunidad.
En Durango hubo, en realidad, dos operaciones de limpieza. La primera fue sanitaria y tardía: se desinfectó la unidad después de las muertes, pero antes de la investigación y análisis bacteriológico. La segunda fue política e inmediata: se desinfectó el relato para borrar responsables. Al piso le pusieron cloro; a la tragedia, gerundios.
El gobernador Esteban Villegas denunció que el IMSS mantuvo la información bajo hermetismo, negó a la autoridad estatal los expedientes y no permitió que iniciara a tiempo su indagatoria. Cuando la Coprised pudo tomar muestras, el área ya había sido sometida a una limpieza exhaustiva. Quizá todo tenga una explicación inocente. Pero limpiar antes de que llegue quien debe investigar no es transparencia: es pedirle al perito que reconstruya el incendio después de barrer las cenizas.
El infectólogo Alejandro Macías planteó una hipótesis mucho más incómoda que la del microbio errante: una contaminación introducida directamente al torrente sanguíneo mediante medicamentos, soluciones o nutrición parenteral; acaso por fraccionar un mismo recipiente para varios pacientes. La bacteria pudo ser el agente. El mecanismo habría sido una ruptura de los protocolos. Y detrás de ella no habría mala suerte, sino unidades saturadas, personal insuficiente, presupuesto escaso, capacitación deficiente y un sistema que trabaja con las uñas.
Escribo esto mientras padezco una preocupante infección por Clostridioides difficile. La primera vez que la tuve, hace ya muchos años, la contraje en un hospital. Sé, por ello, que un hospital puede ser al mismo tiempo refugio y fuente de peligro; que una bacteria hospitalaria no es una abstracción y que la higiene no pertenece al capítulo de “servicios generales”. En ciertas áreas es tratamiento. En neonatología es la delgada frontera entre volver a casa con un hijo o salir con una féretro muy pequeño.
No pretendo convertir esta columna en mi expediente clínico. Lo menciono porque, cuando el cuerpo aprende de manera brutal lo que significa una infección asociada con la atención médica, entiende también la indecencia de ahorrar en limpieza, vigilancia epidemiológica, enfermería, insumos y capacitación. Hay recortes que reducen gasto. Estos reducen vidas.
La socióloga Diane Vaughan llamó “normalización de la desviación” al proceso mediante el cual una organización se acostumbra a infringir reglas porque, durante un tiempo, nada parece ocurrir. Se comparte una ampolleta, se omite un gorro, faltan guantes, se relaja el lavado de manos, se come donde no se debe, la supervisión no alcanza. Como ayer no murió nadie, hoy vuelve a hacerse. Hasta que mueren cinco en cinco días y la anomalía resulta ser el funcionamiento normal del sistema.
Por eso Macías tiene razón en llevar la responsabilidad hasta donde Morena no quiere verla: las cámaras de Diputados y Senadores que aprueban presupuestos insuficientes para salud. Los legisladores oficialistas votan sin mover una coma lo que les envía el Ejecutivo y luego contemplan las consecuencias como si hubieran sido producidas por una bacteria “neoliberal”. Para propaganda, trenes y clientelas nunca falta presupuesto; para impedir que una solución intravenosa se convierta en veneno, siempre hay que “optimizar recursos”.
No afirmo que un recorte específico haya causado estas cinco muertes; eso debe determinarlo una investigación independiente. Afirmo algo más elemental: limpiar hospitales, vigilar infecciones, capacitar personal y garantizar plantillas e insumos no son gastos prescindibles. Si la austeridad toca una UCIN, deja de ser republicana y se vuelve homicida.
La tragedia tampoco cayó sobre un sistema sano. La 4T desmanteló el Seguro Popular, improvisó el Insabi, lo sepultó sin rendir cuentas, militarizó parte de la atención, inventó una megafarmacia y prometió Dinamarca tantas veces que acabó usando el país nórdico como unidad de cinismo. Ocho años después, la gran innovación de la presidenta consiste en confirmar que había insumos cuando las familias denuncian que faltaban cubrebocas, guantes, gorros y humanidad.
Claudia Sheinbaum calificó el caso de “lamentable”, anunció una investigación y envió a Zoé Robledo a Durango. Cinco bebés muertos merecieron un adjetivo, una comisión y un viaje del funcionario que dirige el IMSS desde 2019. La presidenta, tan diligente para explicar encuestas, soberanías imaginarias y agravios partidistas, no encontró una palabra para la posible obstrucción, otra para la demora ni una tercera para exigir renuncias. La ciencia será mucha; la responsabilidad política, homeopática.
Tampoco he visto a la mayoría morenista exigir una comisión independiente, la preservación de evidencias, la publicación de las bitácoras, los contratos de limpieza, las plantillas de la UCIN y los expedientes completos. Para defender a su movimiento sobran tribunas; para defender a cinco bebés, al parecer, basta un minuto de silencio. Es la forma legislativa de lavarse las manos cuando ni siquiera sabemos si en el hospital había con qué hacerlo correctamente.
Una investigación seria debe precisar qué bacteria fue, cómo entró en cuatro organismos, por qué no se activó antes la alerta, quién ordenó limpiar, quién negó expedientes, qué insumos y personal había realmente y qué relación guarda el brote con cada muerte. Debe informar primero a las familias, pero también al país. Y debe terminar en responsabilidades administrativas, penales y políticas, no en el despido sacrificial de una enfermera mientras los superiores conservan puesto, fuero y sonrisa.
La 4T presume poner a los pobres primero. En Durango puso primero el silencio, después la limpieza y el encubrimiento, y al final a las familias. Esa es su Dinamarca: una en la que el director llega cuando ya cerraron la UCIN, los legisladores callan y la presidenta administra adjetivos.
Cinco bebés murieron. No permitan que ahora también desaparezcan las huellas. Porque si, después de limpiar el hospital, el régimen consigue limpiar responsabilidades, la bacteria más peligrosa no será la que aún se niegan a nombrar. Será el gobierno que aprendió a sobrevivir a sus muertos.