En política, hablar de los derechos de las mujeres resulta fácil. Lo verdaderamente importante es demostrar, con decisiones concretas, qué estamos dispuestos a hacer para garantizarlos.
Porque las mujeres no necesitamos que nos defiendan solamente desde una tribuna. Necesitamos que nuestras denuncias sean atendidas, que las instituciones respondan y que los derechos reconocidos en la ley se conviertan en una realidad.
La igualdad no se construye con discursos de ocasión. Se construye con voluntad política, leyes y presupuesto.
México está viviendo una transformación histórica encabezada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha colocado la igualdad sustantiva, la erradicación de la violencia y el reconocimiento de los cuidados entre las prioridades de su gobierno.
Por primera vez, las mujeres no solamente estamos presentes en la máxima responsabilidad del Estado. Nuestras necesidades y derechos forman parte de las decisiones que definen el rumbo del país.
Y esa transformación debe seguir avanzando.
Por eso la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 es fundamental.
El proyecto contempla más de 636 mil millones de pesos en el Anexo 13, vinculado a la igualdad entre mujeres y hombres, y cerca de 476 mil millones en el Anexo 31, relacionado con una sociedad de cuidados. Son recursos transversales que requieren evaluación, transparencia y resultados.
Pero hay algo que ninguna cifra puede explicar por sí sola: lo que significa para una mujer encontrar protección cuando su vida está en riesgo.
Como abogada penalista y desde el trabajo de mi fundación, he acompañado a mujeres que enfrentan violencia, miedo e incertidumbre. Sé que detrás de cada denuncia existe una historia que merece ser escuchada y una obligación institucional que debe cumplirse.
Por eso he defendido que el acceso a la justicia no puede quedar sujeto a presiones ni a cálculos políticos.
Esa fue la convicción que sostuvo mi voto en marzo de 2025 durante la discusión del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Mi postura fue clara: permitir que las instituciones investigaran con transparencia y pleno respeto al debido proceso.
No se trataba de anticipar culpabilidades. Se trataba de defender el derecho a la justicia.
Esa misma convicción guía mi trabajo legislativo y mi respaldo a la agenda de derechos de las mujeres que impulsa nuestra presidenta.
Hoy, frente al presupuesto, la congruencia exige pasar de los posicionamientos a las propuestas.
La oposición tiene el derecho de cuestionar las asignaciones presupuestarias, pero también debe asumir la responsabilidad de explicar qué cambiaría, cómo lo financiaría y qué resultados espera obtener.
Criticar una cifra puede ocupar una conferencia de prensa. Construir una solución exige mucho más.
La discusión debe concentrarse en fortalecer los servicios de atención a víctimas, las capacidades de investigación, la prevención de la violencia y los sistemas de cuidados. Es ahí donde el presupuesto puede transformar la vida cotidiana de millones de mujeres.
Desde mi responsabilidad como diputada federal, seguiré respaldando las acciones de igualdad sustantiva impulsadas por Claudia Sheinbaum, exigiendo resultados y defendiendo una justicia accesible para todas.
Porque para mí la congruencia tiene una definición sencilla: sostener las convicciones con decisiones y responder por ellas frente a la ciudadanía.
Los derechos de las mujeres no necesitan más protagonismo político. Necesitan instituciones que funcionen y recursos que lleguen a donde hacen falta.
Y en esa tarea, mi compromiso es claro.
Menos política alrededor de las víctimas. Más justicia para ellas.
Y a quienes pretenden dar lecciones de congruencia desde la oposición, les diría algo: antes de señalar lo que otros hacen, revisen lo que ustedes hicieron cuando tuvieron la oportunidad de decidir.
María Teresa Ealy Díaz. Diputada Federal LXVI Legislatura.
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