Los desafueros políticos no tienen una buena historia en el país. Vale recordar los casos de Carlos A Madrazo y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue Jefe de gobierno de la Ciudad de México, para concluir que, en ambos casos, se trató de intentos desafortunados que marcaron, para mal, la historia del país.

Los dos procesos se erigieron como mecanismos utilizados para pretender el ajuste de cuentas contra personajes con quienes los gobiernos en turno tuvieron fuertes diferendos con la intención de someterlos y disciplinarlos.

El recurso del desafuero ha sido desafortunado en su aplicación, como también para los que lo han promovido, pues ha exhibido intentos infructuosos para doblegar voluntades y torcer caminos, sin lograrlo.

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Se presenta ahora una nueva acción encaminada a obtener el desafuero de un integrante del Congreso y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en un contexto de ofensiva mediática brutal para desacreditarlo, al grado que puede ser calificada como la más intensa que se haya emprendido por gobierno alguno, en los últimos años, en contra de un opositor.

Coincide, extrañamente, esa tenaz ofensiva con el atrevimiento de Alejandro Moreno de encabezar el voto en contra a la propuesta de la llamada reforma eléctrica del gobierno y de promover que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados lo hiciera en el mismo sentido, logrando para ello una cohesión que no pudo ser derrotada por la mediación y de una gestión gubernativa encaminada a llamar a un voto en sentido distinto.

Respecto de esa actitud del dirigente priista hubo un mensaje de advertencia que, si bien se produjo claramente a través de un emisario, se niega su autoría para sostener una narrativa distinta. Se intenta acreditar que la persecución en contra de Alejandro Moreno no es tal y que sólo es producto del deseo de castigar actos presuntamente ilícitos.

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Pero conforme a esa persecución se han dado hechos concurrentes que no pueden negar su intencionalidad, como sucede con la filtración de audios de conversaciones privadas que lo degradan, también la intención de deponerlo como presidente de la Comisión de gobernación de la Cámara de Diputados; así como cuando desde el gobierno se anunció de que la Fiscalía General había iniciado una carpeta de investigación sobre posibles delitos de Alejandro Moreno, para después desaparecer dicho anuncio y pretender justificarlo como un error de quien subió a la página del gobierno esa especie.

Lo cierto que el gobierno muestra una tenacidad persecutora que no exhibe cuando se trata de perseguir a los de la delincuencia organizada y a los narcotraficantes. El gobierno federal pretende acreditar que no está involucrado en esa campaña, en tanto la protagoniza el gobierno de Campeche y la Fiscalía de esa entidad. Pero dado la sincronía de las acciones que se han emprendido sólo por ingenuidad puede pensarse que se trata de acciones inconexas.

Sin duda que la comisión de delitos debe ser castigada, pero su acomodamiento a los tiempos de la agenda política y al propósito de combate a opositores, resulta reprobable puesto que desnaturaliza su carácter y la prostituye.

La historia parece repetirse, de nuevo el recurso del desafuero para minar a quienes no congenian con el gobierno y se atreven a actuar en esa dirección. Sin embargo, tales actos del pasado se realizaron, en un caso, cuando los pendientes democráticos mostraban saldos aún por cumplir y, en el otro, cuando un gobierno, ya en la fase de la alternancia, pretendió una acción disciplinaria de la que después se arrepintió.

El problema es que el desafuero de esta etapa se promueve cuando la vida democrática del país registró uno de sus más grandes avances en lo que respecta a la competencia política y a las reglas de disputa por el poder; entonces se envía un mensaje de claro retroceso; se denota un espíritu autoritario, una pretensión de dominio omnímodo, una vuelta al hiper presidencialismo.

Todo ello mientras en el equipo de gobierno se encuentran personajes como el director de la Comisión Federal de Electricidad que ha lucido una riqueza desproporcionada astutamente oculta, pero evidente; cuando se ha promovido una candidata al gobierno del Estado de México que tuvo una resolución en su contra por retener porcentajes salariales de sus empleados cuando se desempeñó como presidenta municipal en Texcoco.

En fin, la justicia tiene un perfil justiciero.