El gobierno realiza un planteamiento de reformas constitucionales que se inscriben en una temporalidad extraña o en claro desajuste.

Más allá de la discusión sobre la materia de las iniciativas respectivas, sobresale el hecho de su inoportunidad o viabilidad. La referente al tema electoral pretende estar vigente para los comicios federales de 2024; ello supone que su prueba definitiva se realizaría en esa ocasión, significando una clara situación dilemática.

Lo anterior en la medida que tal postura contraviene el criterio prudencial que consistente en que las modificaciones a las regulaciones y disposiciones electorales se inauguren en procesos intermedios, de modo que cuando ocurra la cita para renovar la presidencia de la República se cuente con disposiciones debidamente acreditadas y que han mostrado su capacidad y pertinencia.

Vale recordar que las reformas electorales que han resultado de mayor calado en la vida del país, como fueron la de 1977 y la de 1996, tuvieron lugar en el primer trienio de las administraciones respectivamente; esa estacionalidad permitió que, los procesos electorales de 1982 y de 2000 tuvieran lugar en condiciones en las que autoridades electorales, partidos y candidatos se encontraran familiarizados con los nuevos ordenamientos y en su aplicación.

No parece conveniente poner en pie nuevas reglas para regular la lucha política en la inmediatez de elecciones presidenciales; así fue puesto en evidencia con la reforma de 1986, misma que no fue la más afortunada, pues se estrenó en los comicios más controvertidos de las últimas décadas como lo fueron las presidenciales de 1988, sin que se acreditaran por su aportación para solventar el conflicto de entonces; en este momento, la perspectiva de una eventual reforma política implicaría aplicar por vez primera un nuevo andamiaje legal en elecciones presidenciales, situación homóloga, en cuanto a su ubicación temporal, respecto de aquellas, lo que no parece ser el referente más afortunado.

Por lo que respecta a la reforma constitucional en materia de seguridad, deja un mal de sabor de boca, el que pretenda enmendar la plana realizada para poner en pie la Guardia Nacional, que fue aprobada con sentido unánime; y ahora se plantea corregir dentro de la misma administración que formuló la propuesta respectiva, la normatividad en cuestión, de forma tan amplia.

En paralelo, pretende modificar no sólo la normatividad vigente, sino también las definiciones que al respecto anunció el presidente, en ocasión de su campaña electoral.

Entonces, la reforma constitucional en materia de seguridad reconvierte la propia visión del gobierno en la fase ya cercana a su última etapa, y cuando la participación de las fuerzas armadas fue admitida hasta el 2024, en virtud del transitorio correspondiente.

La impresión es de un legislar por ocasión y, en cada ocasión, de manera porosa.

A su vez, la reforma que el Ejecutivo federal presentó en materia eléctrica se concretó en una etapa en donde el gobierno carecía del respaldo suficiente en la Cámara de Diputados, a través de su partido y aliados a él, de modo que cuando menos se muestra impericia en cuanto a la definición de los tiempos para hacer avanzar las propuestas que presenta, especialmente por el hecho de que en la anterior legislatura seguramente no hubiera tenido problemas para que prosperara su reforma.

Lo anterior da para suponer que la visión estratégica del gobierno ha sido errática y que, tal vez, su estimación hacia los resultados electorales en la renovación de la Cámara de Diputados, conforme a los comicios de 2021, resultaron contrariados.

Independientemente de cuál sea la razón de esos tropiezos e indefiniciones, lo cierto es que se muestra un transitar por sendas sinuosas y erráticas que en nada contribuyen a un desahogo eficaz del gobierno, al tiempo que erosiona la certeza y confiabilidad de las políticas públicas que instrumenta.

Por ende, las críticas naturales a la marcha del gobierno, las controversias y debate que genera, se ven alimentadas por definiciones que se reconvierten con gran facilidad y ligereza; muestran todo, menos a un gobierno con orientación clara y que sopese debidamente sus determinaciones.

Los datos indican que se sobreestima la capacidad que se tiene de realizar modificaciones sobre la ruta adoptada a menosprecio de la confiabilidad que se debe ganar a la hora de tomar decisiones en los asuntos públicos.