La discusión sobre los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias no debería perder de vista su punto central: proteger al público es indispensable, pero cuando esa protección se traduce en facultades para que la autoridad califique contenidos, supervise comunicadores o interprete criterios como imparcialidad o veracidad, se cruza una línea que afecta directamente la libertad de prensa. Claudia Sheinbaum hace bien en abrir la puerta a corregirlos, porque una cosa es regular a los medios para garantizar derechos del público y otra muy distinta es convertir esa regulación en un mecanismo de vigilancia editorial.

Las audiencias tienen derechos y deben ser protegidas: distinguir información de opinión, exigir rectificaciones, acceder a mecanismos de defensa frente a abusos y contar con reglas claras para los concesionarios. El problema surge cuando, bajo ese objetivo legítimo, se otorgan atribuciones tan amplias que la autoridad termina evaluando contenidos periodísticos o decidiendo, según su criterio, qué es equilibrado, veraz o aceptable. Ahí es donde la regulación deja de proteger al público y empieza a interferir con la libertad de expresión.

Un periodista no necesita recibir una llamada de Palacio Nacional para sentirse censurado. Basta con que sepa que una autoridad observa sistemáticamente lo que dice, puede determinar después que cruzó una frontera suficientemente ambigua y dispone de instrumentos que podrían afectar al medio que transmite su trabajo. El problema de una regulación imprecisa no radica únicamente en las sanciones que eventualmente se impongan, sino en algo que puede aparecer mucho antes: la autocensura.

Si un conductor, reportero, productor o director sabe que su contenido estará sometido permanentemente a evaluación oficial bajo criterios suficientemente abiertos, comienza inevitablemente a preguntarse qué puede ocurrir si cruza límites que nadie ha definido con precisión. Entonces modifica preguntas, suaviza acusaciones, evita determinados asuntos o prefiere no difundir una investigación todavía en desarrollo. En ese momento la censura ya no necesita llegar mediante una orden desde el gobierno: empieza a trabajar dentro de la propia redacción.

Ahí debe colocarse con absoluta claridad el límite. Una autoridad puede vigilar el cumplimiento de normas objetivas, pero no debe convertirse en árbitro de la verdad periodística, del tono editorial, de la severidad de una crítica o del grado de equilibrio que debe guardar una entrevista. Una investigación puede contener hechos ciertos que un funcionario considere incompletos; una entrevista puede ser particularmente dura sin dejar de ser legítima; un comentarista puede expresar una opinión injusta y continuar estando protegido por la libertad de expresión.

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Los gobiernos administran, regulan y aplican las leyes. No les corresponde decidir qué periodismo es suficientemente justo con ellos.

La democracia no se protege obligando a que todos hablen con moderación ni imponiendo una especie de corrección oficial sobre el debate público. Se protege permitiendo incluso expresiones incómodas, severas, equivocadas o injustas, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación. Y eso vale no solamente para la crítica contra el gobierno, sino también contra opositores, empresarios, jueces, partidos políticos, sindicatos, iglesias, organizaciones sociales o cualquier otro actor que ejerza poder.

Si la libertad de expresión solamente protegiera los discursos responsables, educados y perfectamente comprobados antes de ser emitidos, prácticamente no necesitaríamos una garantía constitucional tan robusta. Su importancia aparece precisamente cuando protege expresiones que irritan al poder y cuando permite que el periodismo investigue aquello que quienes gobiernan quizá preferirían mantener fuera de la conversación pública.

Por eso cualquier disposición que toque la libertad de expresión exige una precisión extraordinaria. No basta con que quienes hoy ejercen esas facultades aseguren que no pretenden censurar. Las leyes no se diseñan únicamente para las autoridades en quienes confiamos hoy, sino también para protegernos frente a quienes mañana puedan utilizar exactamente las mismas herramientas con intenciones completamente diferentes. Una facultad ambigua entregada a un funcionario razonable continúa siendo una facultad ambigua cuando cambia el gobierno.

Y aquí existe un riesgo adicional que no debe minimizarse: los excesos del poder no siempre se originan en la cúspide. En México existe ese viejo dicho según el cual a veces “son más bravos los tenejales que la cal”. Traducido a la administración pública, significa que no necesariamente tiene que existir una orden presidencial, secretarial o proveniente del máximo mando para que un funcionario de segundo, tercer o cuarto nivel decida excederse, interpretar de manera abusiva sus atribuciones o utilizar la autoridad de su cargo para intimidar.

En cualquier gobierno aparecen personajes deseosos de demostrar celo, autoridad o lealtad; funcionarios que creen estar haciendo méritos cuando actúan con mayor dureza que la solicitada o incluso sin que nadie les haya pedido hacerlo. Y cuando manejan áreas regulatorias, administrativas o sancionadoras relacionadas con medios y comunicadores, ese entusiasmo puede convertirse rápidamente en un problema para la libertad de expresión. En términos coloquiales, pocas cosas son tan peligrosas dentro de una estructura de poder como un tonto con iniciativa.

Bien harían la presidenta Sheinbaum y los mandos superiores de su administración en revisar no solamente lo que establecen las normas, sino la manera como sus subordinados las entienden y aplican. No basta con que desde arriba no exista voluntad de censurar. También hay que garantizar que nadie debajo interprete que amedrentar a un periodista, iniciar procedimientos innecesarios, multiplicar requerimientos o hacer sentir al comunicador la capacidad sancionadora del Estado constituye una manera de servir al gobierno.

Un funcionario intermedio puede transformar una revisión administrativa en amenaza, una atribución regulatoria en instrumento de presión o una diferencia de criterio en expediente contra alguien incómodo. Y para cuando la noticia llega a niveles superiores, el daño puede estar hecho: el periodista recibió el mensaje, el medio entendió la advertencia y otros comunicadores comenzaron a tomar nota. Por eso el control político y administrativo de las estructuras subordinadas también forma parte de la responsabilidad democrática del mando.

México conoce demasiado bien las consecuencias de esa relación entre poder y medios. Durante décadas existieron mecanismos formales e informales mediante los cuales los gobiernos condicionaban medios, distribuían publicidad oficial, premiaban lealtades, castigaban críticas y utilizaban concesiones o instrumentos administrativos como herramientas de disciplina política. Muchísimo ha cambiado desde entonces y hoy existe una pluralidad informativa que hubiera resultado impensable en aquel sistema, pero precisamente por eso sería un enorme retroceso reconstruir facultades capaces de devolver al Estado una influencia excesiva sobre los contenidos.

Las audiencias deben estar protegidas frente al abuso de los medios, pero los medios también deben estar protegidos frente al abuso del gobierno. Una democracia madura puede hacer ambas cosas simultáneamente. Reconocerlo tampoco significa convertir a los periodistas en ciudadanos intocables ni asumir que el ejercicio periodístico siempre es ejemplar. Existen errores, acusaciones sin sustento suficiente, campañas de desinformación, conflictos de interés y contenidos irresponsables. Todo ello puede y debe criticarse y, cuando se vulnera la ley, generar las responsabilidades correspondientes.

Pero existe una diferencia fundamental entre responsabilidad jurídica y supervisión editorial desde el Estado. Si un periodista incurre en una conducta ilícita, existen tribunales y procedimientos. Si se vulnera el derecho de réplica, debe existir un mecanismo claro. Si un medio presenta publicidad engañosa como información, puede establecerse una sanción objetiva. Lo que no debemos construir es una autoridad que valore de manera permanente si una cobertura fue suficientemente balanceada, si una crítica se excedió o si determinada opinión debería haberse expresado de otra manera.

Porque entonces el regulador empieza a parecerse demasiado a un editor.

Y el gobierno no puede convertirse en editor de los medios que lo vigilan.

Claudia Sheinbaum ha mostrado sensibilidad frente a la controversia y hace bien en aceptar que determinados aspectos pueden y deben revisarse. Eso merece reconocerse. Existe una absurda costumbre política de interpretar cualquier rectificación como debilidad, cuando muchas veces sucede precisamente lo contrario. Un gobierno seguro puede admitir que una disposición fue mal diseñada, que existen riesgos no previstos o que una redacción permite interpretaciones inconvenientes y corregir antes de que produzca daños mayores.

Rectificar no debilita a un gobernante. Aferrarse a un error únicamente para evitar reconocerlo puede hacerlo.

Pero esa corrección debe ser suficientemente profunda. No bastaría modificar algunas palabras si permanece intacta una estructura que permita interpretaciones excesivas. La regla tendría que ser sencilla: derechos claros para las audiencias, obligaciones perfectamente delimitadas para los concesionarios y ninguna facultad que permita a la autoridad juzgar líneas editoriales o ejercer una vigilancia capaz de generar temor entre quienes informan.

El gobierno también debe comprender que información falsa e información contraria a la versión oficial no son sinónimos. Todos los gobiernos consideran en algún momento que determinada cobertura es equivocada, exagerada, tendenciosa o injusta. Resulta natural. Los funcionarios tienen derecho a responder, desmentir, ofrecer datos, demostrar errores e incluso acudir a los tribunales cuando corresponda. Lo que resulta peligroso es que esa inconformidad pueda combinarse con facultades administrativas suficientemente amplias para producir consecuencias sobre quien publicó.

La libertad de prensa no significa que los periodistas siempre tengan razón.

Significa que el gobierno no decide cuándo la tienen.

Y esa garantía cobra especial importancia en los momentos difíciles. Una administración puede enfrentar investigaciones incómodas, filtraciones, críticas severas y opiniones que considera profundamente injustas. Ahí se prueba realmente su compromiso democrático. Defender la libertad de expresión cuando los medios elogian al gobierno resulta fácil; defenderla cuando revelan errores, cuestionan decisiones o publican aquello que irrita al poder es mucho más difícil y mucho más importante.

Además, la transformación tecnológica hace todavía más complejo pretender administrar desde una autoridad los contenidos informativos. Hoy las audiencias no reciben información exclusivamente de radio, televisión o periódicos. Consumen podcasts, transmisiones digitales, redes sociales, plataformas internacionales, canales personales y contenidos producidos desde cualquier parte del planeta. Regular severamente a concesionarios nacionales mientras una enorme cantidad de información circula por espacios transnacionales puede producir una paradoja: establecer mayores restricciones sobre quienes sí tienen domicilio, responsabilidades y estructuras formales dentro de México que sobre quienes difunden contenidos mucho más agresivos desde fuera de cualquier regulación nacional efectiva.

La respuesta no puede ser pretender regularlo todo.

Debe consistir también en formar mejores audiencias.

Eso implica educación mediática, capacidad para distinguir fuentes, transparencia respecto de publicidad y financiamiento, mecanismos eficaces de rectificación y ciudadanos capaces de analizar críticamente aquello que reciben. Una sociedad informada constituye una defensa mucho más poderosa contra la manipulación que cualquier oficina gubernamental dedicada a vigilar periodistas.

Los propios medios tienen también una enorme responsabilidad en recuperar y conservar la confianza del público. Verificar información, distinguir claramente hechos de opiniones, corregir errores y transparentar conflictos de interés no son concesiones al gobierno, sino obligaciones éticas con las audiencias. Cuando el periodismo abandona esas prácticas facilita que aparezcan quienes ofrecen regularlo bajo el argumento de proteger al ciudadano.

Por eso esta discusión tampoco debe convertirse en una defensa corporativa del gremio periodístico. Las audiencias tienen razones legítimas para exigir calidad, responsabilidad y profesionalismo. Pero la respuesta frente a malos medios no puede ser menos libertad. Tiene que ser mejor periodismo, mayor pluralidad y ciudadanos con mejores herramientas para discernir.

La desinformación representa además un desafío real. Redes sociales, inteligencia artificial y sistemas automatizados permiten producir y distribuir contenidos falsos a una velocidad inédita. Defender la libertad de expresión no significa ignorarlo. Pero entregar al gobierno la facultad de establecer qué relato debe considerarse verdadero puede resultar todavía más peligroso, porque los gobiernos también se equivocan y, como cualquier otra institución formada por seres humanos, pueden manipular o mentir.

Precisamente por eso ninguna autoridad debe poseer el monopolio de la verdad.

El mejor antídoto continúa siendo una sociedad abierta donde distintas fuentes puedan competir, cuestionarse y verificarse mutuamente. Ese sistema puede ser incómodo, desordenado e incluso irritante, pero el pluralismo funciona precisamente porque ninguna institución posee el control definitivo sobre el relato público.

México ha avanzado demasiado en esa pluralidad como para retroceder.

La presidenta tiene ahora una buena oportunidad para enviar una señal inequívoca: su gobierno puede defender los derechos de las audiencias sin temer a una prensa incómoda. Puede revisar los lineamientos, cerrar cualquier espacio que permita interpretaciones amenazantes para la libertad editorial y, además, dejar muy claro hacia abajo de toda la estructura gubernamental que ninguna dependencia ni funcionario debe entender la regulación como licencia para intimidar comunicadores.

Una política democrática en esta materia debería sostenerse en principios simples: derechos claros, obligaciones claras, sanciones únicamente frente a conductas objetivamente definidas y absoluta distancia de las autoridades respecto de las decisiones editoriales de los medios.

La libertad de prensa rara vez desaparece de un día para otro. Generalmente se deteriora a través de pequeñas concesiones: una facultad ambigua, una sanción desproporcionada, un requerimiento innecesario, una advertencia informal, un funcionario deseoso de demostrar iniciativa y un periodista que decide que quizá sea mejor no publicar.

Así puede terminar existiendo libertad formal mientras cada vez menos personas se sienten suficientemente libres para ejercerla plenamente.

Sheinbaum hace bien en escuchar las críticas y abrir espacio para corregir. Pero además de revisar la letra de los lineamientos, conviene vigilar la conducta de quienes habrán de aplicarlos. En política, como recuerda aquel viejo dicho mexicano, algunas veces los tenejales pueden terminar siendo más bravos que la propia cal.

México necesita mejores medios, periodistas responsables y audiencias capaces de defenderse cuando son engañadas. También necesita gobiernos suficientemente seguros como para soportar información incómoda, opiniones injustas y críticas severas sin convertirlas en un problema administrativo.

No basta con que desde arriba nadie ordene censurar. Hay que impedir también que desde abajo alguien crea que intimidar es hacer méritos.

Porque la censura moderna no siempre llega cerrando periódicos, apagando micrófonos o prohibiendo publicaciones. Puede comenzar simplemente con un funcionario que se excede, otro que quiere quedar bien y un periodista que empieza a preguntarse si vale la pena meterse en problemas.

Y cuando el miedo empieza a editar, la censura ya no necesita hacerlo.

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