El verdadero plebiscito sobre la economía de Donald Trump no se está celebrando en Washington ni en Wall Street. Está ocurriendo todos los días frente a las cajas registradoras. Por primera vez en nueve meses, las ventas minoristas estadounidenses retrocedieron en julio, la confianza del consumidor volvió a caer y millones de familias comienzan a reducir gastos después de meses de gasolina cara, alimentos costosos, aranceles, incertidumbre laboral y una guerra que sigue presionando los precios de la energía. No significa que Estados Unidos esté entrando mañana en recesión. Significa algo políticamente quizá más peligroso para Trump: el consumidor estadounidense empieza a cansarse.

Durante décadas se ha dicho que el consumidor estadounidense es uno de los grandes motores de la economía mundial, y no es exageración. El gasto de los hogares representa más de dos terceras partes de la actividad económica de Estados Unidos. Mientras las familias compran automóviles, llenan restaurantes, remodelan casas, viajan, adquieren ropa, tecnología y todo tipo de bienes, la maquinaria sigue funcionando. Por eso una caída mensual de las ventas no constituye por sí misma una catástrofe, pero tampoco debería minimizarse cuando coincide con otros síntomas de agotamiento.

Las llamadas ventas minoristas básicas —las que se relacionan más directamente con el cálculo del consumo dentro del PIB— cayeron 0.4% en julio cuando los economistas esperaban un incremento. Los analistas comienzan a calcular que el consumo podría crecer a una tasa inferior a 2% durante el tercer trimestre, después del robusto 3.2% observado entre abril y junio. Goldman Sachs redujo medio punto su previsión para el crecimiento del trimestre actual. No hay todavía un desplome, pero sí una advertencia.

Y la advertencia llega justamente cuando se agotaron varios de los apoyos que habían permitido a los estadounidenses mantener el gasto. Durante el segundo trimestre, devoluciones fiscales excepcionalmente generosas ayudaron a amortiguar el golpe de la energía cara y sostuvieron el consumo. Esos recursos extraordinarios ya fueron utilizados. Al mismo tiempo, la tasa de ahorro personal descendió a 2.7%, su nivel más bajo en cuatro años, lo que indica que muchas familias han recurrido a sus propios ahorros para conservar un nivel de vida que sus ingresos comienzan a sostener con dificultad.

Ahí está el problema que las grandes cifras no siempre muestran. Mi hija, que vive en California, me lo resume desde la experiencia cotidiana: todo se ha vuelto mucho más caro. No hace falta convertir una conversación familiar en estadística económica para reconocer lo que significa. Lo que ella observa al pagar alimentos, servicios, gasolina o los gastos ordinarios de una familia coincide con una sensación que las encuestas empiezan a registrar con creciente claridad: muchos estadounidenses sienten que su dinero alcanza menos.

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Hay además un fenómeno fronterizo que ayuda a dimensionar el problema. Quienes viven suficientemente cerca de México y tienen posibilidades de cruzar están recurriendo desde hace tiempo a nuestro lado de la frontera para adquirir determinados alimentos, medicamentos, servicios y otros productos que pueden resultar sensiblemente más baratos. No significa que Estados Unidos haya dejado de ofrecer un nivel de vida muy superior en numerosos rubros ni que todos los precios mexicanos sean menores, pero sí revela hasta qué punto el costo cotidiano puede modificar hábitos. Cuando una familia estadounidense considera conveniente hacer kilómetros, cruzar una frontera y regresar con parte de sus compras porque así protege su presupuesto, la inflación deja de ser una discusión abstracta entre economistas y se convierte en una decisión doméstica.

El fenómeno resulta particularmente llamativo porque durante décadas la imagen más común fue la contraria: innumerables mexicanos cruzaban a Estados Unidos para comprar ropa, aparatos electrónicos, alimentos y productos que encontraban más baratos, de mayor variedad o simplemente no disponibles de este lado. Que ahora algunas familias estadounidenses hagan también el recorrido inverso para economizar en determinados consumos constituye una pequeña pero elocuente fotografía del encarecimiento que están padeciendo. México tiene desde luego sus propios problemas de inflación y poder adquisitivo; no se trata de afirmar lo contrario. Lo relevante es que en determinadas comunidades fronterizas la diferencia de precios ya puede justificar cambiar incluso el lugar donde se llena el carrito del supermercado.

La Universidad de Michigan acaba de informar que su índice de confianza del consumidor cayó en agosto a 51 puntos desde 55.2 en julio, poniendo fin a dos meses de recuperación y quedando muy por debajo de lo que esperaban los analistas. La caída atravesó prácticamente todo el espectro político, pero fue especialmente pronunciada entre los propios republicanos. Entre ellos, la confianza está muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto con Irán y en uno de sus puntos más bajos desde la elección de 2024.

Eso debería preocupar particularmente a Trump.

El costo de vida fue una de las razones fundamentales de su regreso a la Casa Blanca. Millones de estadounidenses castigaron a los demócratas porque sentían que la inflación había deteriorado su capacidad de compra y Trump prometió corregirlo. La gasolina sería más barata, los alimentos bajarían, Estados Unidos produciría más, los aranceles serían pagados por los extranjeros y el ciudadano recuperaría prosperidad. Ahora el mismo presidente enfrenta una realidad bastante menos cómoda.

La inflación general se ha moderado, pero continúa claramente arriba del objetivo de 2% de la Reserva Federal. Más importante aún para el ciudadano común, los salarios reales no han avanzado con la fuerza suficiente para compensar completamente el encarecimiento acumulado de los últimos años. Dicho de otra manera: aunque algunos precios ya no estén creciendo tan rápido, el ingreso de muchas familias tampoco está aumentando lo suficiente para recuperar lo perdido.

Ésa es una de las grandes trampas políticas de la inflación. Cuando el índice baja, cualquier gobierno puede presumir que el problema está resolviéndose. Pero para una familia que la tasa pase de cinco a tres por ciento no significa que los precios regresaron al lugar anterior; significa solamente que siguen aumentando más despacio. El supermercado que hace dos años costaba cien puede costar hoy ciento veinte y continuar encareciéndose. El consumidor no vive dentro de una gráfica. Vive dentro de un presupuesto.

Los alimentos ofrecen ejemplos muy claros. Algunos productos pueden bajar durante un mes mientras otros permanecen considerablemente por encima del precio de hace un año. La vivienda continúa siendo cara, los seguros se han elevado fuertemente en distintas regiones, el financiamiento hipotecario mantiene tasas altas y la gasolina vuelve a estar sometida a la incertidumbre provocada por la guerra con Irán. El estadounidense puede escuchar que “la inflación está bajando” y al mismo tiempo descubrir que la suma de sus gastos mensuales continúa creciendo.

Y ahí reaparece uno de aquellos elefantes que ya forman una manada dentro de la sala: la política arancelaria.

Trump construyó su discurso comercial asegurando que los aranceles serían pagados por China, México, Europa o cualquier país al que Washington decidiera gravar. La evidencia económica disponible cuenta una historia bastante diferente. Una parte sustancial del costo termina siendo absorbida por importadores, empresas y consumidores estadounidenses. El arancel no llega a la casa con una factura que diga “impuesto de Donald Trump”; aparece incorporado en el precio de una computadora, un electrodoméstico, una pieza automotriz, muebles, ropa o miles de productos elaborados total o parcialmente con insumos extranjeros.

El consumidor quizá nunca sepa exactamente qué parte del incremento corresponde a un arancel. Lo que sí sabe es que algo que antes costaba menos ahora cuesta más.

Trump defiende esos gravámenes como instrumento para regresar fábricas a Estados Unidos y reconstruir la industria nacional. Puede existir una discusión legítima sobre sectores estratégicos en los que convenga disminuir dependencias extranjeras. El problema aparece cuando la protección se vuelve indiscriminada y la factura de una política destinada supuestamente a castigar al extranjero termina siendo trasladada a la misma familia estadounidense que se prometió beneficiar.

Esa presión tiene además otra consecuencia: complica la tarea de la Reserva Federal. Si la inflación continúa demasiado alta, el banco central no puede reducir agresivamente las tasas aun cuando comiencen a aparecer signos de debilidad económica. Estados Unidos queda atrapado entonces entre dos riesgos: mantener el dinero caro y enfriar más el consumo o reducir las tasas demasiado pronto y volver a alimentar los precios.

Otro elefante es la guerra.

Trump acaba de pedir a los estadounidenses que acepten gasolina más cara como parte del sacrificio necesario frente a Irán. Pero un consumidor puede apoyar una política exterior dura y al mismo tiempo preguntarse cuánto tiempo tendrá que pagarla. Si el petróleo aumenta, el efecto no se limita a las estaciones de servicio: suben transporte, logística, aviación, agricultura, fertilizantes y prácticamente cualquier mercancía que tenga que desplazarse de un lugar a otro.

La economía estadounidense absorbió razonablemente bien el golpe inicial, pero el crecimiento del segundo trimestre estuvo lejos de ser espectacular y distintos indicadores sugieren una desaceleración del consumo. No hay que cometer el error contrario y anunciar una recesión que todavía no existe. Estados Unidos conserva enormes fortalezas: el mercado laboral, aun debilitándose, sigue siendo poderoso; la inversión vinculada con inteligencia artificial es extraordinaria; las empresas tecnológicas continúan generando valor y los hogares de mayores ingresos han podido sostener un gasto considerable gracias al incremento de sus activos.

Pero precisamente ahí aparece otra grieta: no todos los estadounidenses viven la misma economía.

Quien tiene acciones, propiedades, fondos de retiro sólidos y grandes ahorros puede beneficiarse de mercados financieros elevados. Quien depende casi completamente de un salario, paga renta y utiliza crédito para completar el mes enfrenta una realidad muy distinta. Una economía puede continuar creciendo mientras millones de personas sienten que retroceden.

Ése es el terreno políticamente peligroso.

Trump puede presentarse frente a una multitud y hablar de índices bursátiles, inversiones millonarias o fábricas anunciadas. El ciudadano que acaba de pagar el supermercado compara otra cosa: cuánto gastaba antes, cuánto paga ahora y cuánto le queda disponible después de cubrir renta, gasolina, seguros, alimentos y deudas. En política, esa percepción pesa tanto o más que el PIB.

Y los republicanos deberían observar con particular atención el deterioro de la confianza entre sus propios votantes. La incomodidad económica deja de ser un argumento exclusivo de quienes rechazan políticamente a Trump cuando comienza a aparecer entre quienes votaron por él precisamente porque prometió abaratar la vida. Ahí cambia la naturaleza del problema: deja de ser propaganda partidista y se convierte en experiencia cotidiana.

Faltan pocos meses para las elecciones de medio término de noviembre y el bolsillo siempre ha sido uno de los árbitros electorales más despiadados. Un ciudadano puede apoyar la política migratoria del gobierno, celebrar una postura firme frente a China, compartir la estrategia contra Irán o incluso defender los aranceles como medida necesaria a largo plazo; pero si simultáneamente siente que trabaja igual y compra menos, esa lealtad empieza a enfrentar una prueba mucho más concreta.

La paradoja es que Trump entiende perfectamente esa realidad. Su campaña de 2024 estuvo construida en buena medida alrededor de la inflación. Exhibía productos, hablaba de supermercados y preguntaba a los electores cuánto estaban pagando por gasolina y comida. Utilizó la economía cotidiana para derrotar a sus adversarios. Ahora esa misma vara comienza a medirse contra su administración.

No puede pedir a los estadounidenses que dejen de fijarse en los precios porque existen grandes proyectos industriales.

Él mismo les enseñó a mirar el recibo.

Y el recibo empieza a incomodar.

La caída de las ventas minoristas de julio puede resultar todavía una pausa y no una tendencia definitiva. Hay factores estacionales y circunstancias particulares capaces de distorsionar un mes. Restaurantes y algunos otros rubros continuaron mostrando resistencia. Sería irresponsable construir un escenario de catástrofe a partir de una sola cifra.

Pero tampoco sería inteligente ignorar la coincidencia de señales: ventas básicas débiles, confianza deteriorada, ahorro reducido, gasolina cara, aranceles trasladándose gradualmente a los precios y una guerra sin desenlace claro. Un indicador puede ser ruido; muchos apuntando hacia el mismo lugar empiezan a convertirse en advertencia.

El problema de Trump no consiste en que Estados Unidos haya dejado de ser una economía formidable. Sigue siéndolo. Consiste en que prometió prosperidad rápida y ahora tiene que explicar por qué una parte significativa de sus ciudadanos continúa sintiendo aquello mismo que ofreció corregir.

Además, varias de sus propias políticas contribuyen a esa presión. Los aranceles encarecen determinados productos; la guerra eleva la energía; la política migratoria restrictiva reduce disponibilidad de trabajadores en algunos sectores; la incertidumbre comercial dificulta decisiones de inversión y el elevado financiamiento público mantiene presión sobre las tasas de largo plazo. Cada medida puede defenderse individualmente bajo determinados argumentos. Juntas forman otra cosa.

Otra manada de elefantes.

Y esta vez todos desembocan en la misma caja registradora.

Hay algo profundamente sencillo detrás de toda la sofisticación económica: una familia sólo puede gastar lo que gana, lo que ahorra o lo que consigue prestado. Si sus ingresos reales no avanzan suficientemente, sus ahorros disminuyen y el crédito sigue siendo caro, llegará inevitablemente el momento de elegir. Cambiará de marca, cancelará un viaje, postergará la compra de un automóvil, cenará menos veces fuera, cruzará a México si vive cerca y encuentra mejores precios o dejará determinados productos en el anaquel.

Cuando millones de familias comienzan a tomar decisiones semejantes simultáneamente, ya no hablamos únicamente de percepción. Hablamos de economía.

Por eso las señales recientes merecen atención sin exageraciones. No demuestran que Estados Unidos esté derrumbándose, pero pueden señalar el principio de una fatiga del consumidor que Trump no debería menospreciar. Los hogares sostuvieron el gasto durante meses recurriendo también a devoluciones fiscales, ahorros, crédito y ganancias patrimoniales. Ninguno de esos colchones es infinito.

Y políticamente el mensaje puede ser todavía más importante.

Trump regresó prometiendo que el estadounidense viviría mejor. Ésa es una promesa que no puede cumplirse únicamente con índices bursátiles, cifras de inversión o anuncios industriales. Tiene que sentirse en el refrigerador, en la gasolinera, en la hipoteca, en el seguro y en la tarjeta de crédito.

Puede culpar a Irán por el petróleo, defender los aranceles como inversión para el futuro, presionar a la Reserva Federal y presumir el desempeño de Wall Street. Pero hay una estadística que ningún presidente controla desde el Despacho Oval: lo que una familia decide dejar en el anaquel porque ya no quiere o ya no puede pagarlo.

El estadounidense no ha dejado de consumir, pero acaba de enviar una señal de que puede empezar a hacerlo. Y cuando una economía sostenida en buena medida por el gasto de sus hogares comienza a escuchar el sonido de carritos menos llenos, cualquier presidente debería prestar atención.

Detrás de esa fatiga del consumidor existe además un peligro que ya no debería minimizarse: el riesgo latente de una desaceleración económica mayor. Si las familias compran menos, las empresas venden menos; si venden menos, invierten menos, producen menos y terminan contratando menos. Si a esa cadena se agregan crédito caro, aranceles que elevan costos, energía presionada por una guerra prolongada, ahorro familiar reducido e incertidumbre internacional, el enfriamiento puede comenzar mucho antes de que economistas o políticos se atrevan a pronunciar la palabra recesión.

Estados Unidos todavía está lejos de una conclusión inevitable y conserva fortalezas suficientes para corregir el rumbo. Pero Trump tendría que reconocer primero que una economía no se gobierna mediante declaraciones de victoria. El bolsillo del ciudadano no responde a propaganda, y ninguna conferencia de prensa puede llenar nuevamente un carrito que una familia decidió vaciar para llegar a fin de mes.

Porque en noviembre habrá otra caja registradora.

Se llama urna.

Y muchos estadounidenses podrían terminar votando exactamente como hoy empiezan a comprar: con la cartera.

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