En una corte de Oakland se ventila estos días un juicio que pocos siguen con la atención que merece. Un exdirector de ingeniería de Meta, Arturo Bejar, declaró bajo juramento que Mark Zuckerberg cultivó una cultura donde la seguridad de la infancia quedó subordinada al crecimiento y a la interacción en Facebook e Instagram. La frase que resume su testimonio es breve y demoledora: cuando Mark decide que algo importa, las montañas se mueven en meses por la estructura jerárquica y vertical de la empresa. La seguridad de los niños nunca fue cumbre en esa montaña.
La demanda la sostiene una coalición de veintinueve estados. California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusan a la empresa de haber diseñado sus plataformas para enganchar a los usuarios más jóvenes, menores de 13 años de edad, con un saldo de ansiedad, depresión y suicidio, y de haber mentido a los consumidores sobre la seguridad de sus productos. A esa acusación se suma otra de veinticinco estados más sobre la recolección indebida de datos personales de menores de edad. El juicio durará seis semanas y se espera que el propio Zuckerberg comparezca.
Hay un dato que desarma cualquier defensa fundada en la ignorancia. Bejar refutó la respuesta que Zuckerberg ofreció en 2021 a la denunciante Frances Haugen, quien reveló que Meta conocía la nocividad de sus productos para la niñez y sabía cómo repararla, sin que la empresa hiciera nada. Meta presume una herramienta que invita a tomar un descanso. Bejar la describió como un mecanismo destinado al fracaso, porque no opera de manera predeterminada y sus recordatorios resultan fáciles de ignorar. Sobre los menores de trece años, denunció una política tácita de no preguntar para no saber, sostenida por una razón fría consistente en que donde están hoy los niños más pequeños estarán mañana los usuarios.
Aquí conviene detenerse en un plano que la crónica judicial suele omitir. La filosofía de la ciencia enseña que ninguna práctica productora de conocimiento se justifica por sí misma. El ingeniero que dispone de evidencia sobre el daño de su creación asume una responsabilidad que ninguna cláusula de crecimiento cancela. Meta hizo investigación interna, midió el sufrimiento adolescente y archivó el hallazgo. Meta no actuó desde la ignorancia. Administró su propio diagnóstico como secreto industrial y prosiguió la prueba sobre cuerpos y mentes que aún no terminan de formarse. Ese es el corazón ético del caso.
El ensayo tuvo un objeto preciso qué es la mente infantil como territorio privado disponible para la exploración de comportamientos adictivos. La privacidad mental de las infancias supone el derecho a un fuero interno todavía en construcción, un espacio donde el juicio, el deseo y la atención maduran sin vigilancia ni captura. Meta entró en ese fuero antes de que existiera un yo capaz de defenderlo. Recolectó los datos de quien no comprende qué es un dato. Modeló la conducta de quien aún no posee las herramientas para reconocer que lo modelan. La ansiedad social que hoy describen tantos adolescentes obedece al diseño mismo. Un sistema que premia la comparación, la exposición y la validación intermitente produce ese malestar como resultado previsible.
Llego al argumento que me parece central. Se habla mucho de una economía de la atención. La expresión se queda corta. Lo que revela este juicio es una economía que se enriquece con la pérdida de la atención. El modelo prospera cuando esa atención se fragmenta, se dispersa y se vuelve incapaz de sostenerse. Un adolescente que ya no logra fijar la mirada en una página, en una idea o en un rostro, resulta un adolescente rentable. Su déficit alimenta la maquinaria. Ese es el daño que ninguna sentencia repara con facilidad: sin atención sostenida no hay proceso de aprehensión profundo. No hay lectura que deje huella, no hay estudio que se sedimente, no hay formación del carácter que requiera silencio y duración. El daño desborda el terreno del ocio. Meta intervino la facultad misma que hace posible aprender.
Un caso previo en Nuevo México terminó con novecientos cuarenta y dos millones de dólares en daños y una orden de modificar las plataformas. La cifra impresiona. La reparación económica, sin embargo, tiene un límite evidente. El dinero compensa un patrimonio lesionado. No devuelve la concentración perdida en el año en que un cerebro adolescente organizaba sus redes. ¿Basta una condena? ¿Basta prohibir? Una prohibición protege a la niñez que aún no ingresa a la plataforma. No hace nada por la generación ya atrapada, la que creció bajo un diseño construido para retenerla.
Si el juicio confirma que Meta sacrificó la salud mental de menores a cambio de un sistema deliberadamente adictivo, la consecuencia no puede reducirse a una multa. Cabe exigir una obligación distinta y difícil como terapia masiva para los afectados y estrategias públicas de desintoxicación digital, con el mismo rigor con que se atiende cualquier adicción reconocida. Quien fabricó la dependencia debería costear su tratamiento. La reparación auténtica mira hacia los cuerpos y las mentes concretas, hacia la persona lesionada y su recuperación.
Un derecho vale lo que vale su guardián. La infancia carece de guardián propio frente a las corporaciones que la estudian. Los estados que hoy litigan asumen ese papel con seis semanas de audiencias por delante. Falta saber si una corte posee la imaginación jurídica para ordenar la reparación de una atención robada, y si nosotros, como sociedad, toleraremos que la formación de una generación entera se haya cotizado en la bolsa.