La presión de Estados Unidos en las mesas de negociación laboral del T-MEC no cede. Durante el primer mandato de Donald Trump, la estrategia estadounidense concentró toda su fuerza en la libertad sindical, bajo la premisa de que dicho cambio bastaría para elevar las condiciones de trabajo y los salarios en México. La meta principal era frenar la competencia desleal de la gran industria mexicana, que compite con el mercado estadounidense pagando estándares muy por debajo de los del vecino del norte.

Hoy, Washington se ha dado cuenta de que esa carta ya se quemó. La implementación de la reforma laboral de 2019 para fortalecer la libertad sindical terminó en simulación, cooptada por el corporativismo empresarial y sindical con la total complacencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Las cifras lo confirman: solo el 11% de los trabajadores en México están sindicalizados. Sin embargo, para entender la dimensión real de este dato, hay que descontar a los empleados de paraestatales, universidades y organismos descentralizados —quienes representan un tercio de ese porcentaje—. En la industria y el comercio, la tasa real de sindicalización es de apenas un 7%. Para colmo, el 98% de estos trabajadores continúan secuestrados por sindicatos corporativos y centrales obreras tradicionales (“charras”), salvo contadas excepciones que abarcan, a lo mucho, entre 50 y 70 empresas en la gran industria que compite con EE. UU.

Los señalamientos tuvieron consecuencias inmediatas: Alfredo Domínguez Marufo no fue ratificado en su puesto, saliendo con la mancha de haber desperdiciado la oportunidad histórica de liberar a la clase trabajadora de las garras del charrismo sindical. Pusieron a un funcionario hijo de un charro sindical y lo pagamos caro.

Ahora, la mira del T-MEC está puesta directamente en los salarios y las condiciones de trabajo, lo que ampliará el abanico de quejas en ese rubro. La realidad es alarmante: en México, el 70% de los trabajadores ni siquiera disfruta de sus vacaciones completas conforme a la Constitución y la ley. Si esto ocurre con derechos fundamentales —sumados a las irregularidades en el aguinaldo, salario, jornada laboral y horas extra—, el panorama laboral es un caos, azuzado además por el crecimiento sostenido de la subcontratación. Novedades legislativas como la “Ley Silla” o la NOM-035 sobre discriminación y violencia laboral son letra muerta. Salvo por el pago de cuotas al IMSS, el modelo actual evoca a las condiciones de las haciendas de principios del siglo pasado; estamos apenas un paso adelante de la esclavitud y sin un verdadero Estado de derecho.

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Esta precarización responde a tres filtros:

  1. Falta de sindicalización real: Un modelo capturado por cúpulas tradicionales.
  2. Nula inspección: La pasividad y complacencia de las autoridades federales y locales de supervisión e inspección laboral, dedicadas a rendir pleitesía a los patrones.
  3. Injusticia laboral: Pese a los compromisos del T-MEC, los tribunales siguen rebasados, arrastrando los vicios de siempre con una enorme incertidumbre y lentitud.

Habrá que ver cómo se instrumentan los nuevos mecanismos de presión. Estados Unidos no se puede dar el lujo de que México funcione como una maquila al estilo del Taiwán de los años 80. Un empleo poco competitivo no le conviene ni a su economía local ni al desarrollo regional. Apostarle a la buena voluntad de las autoridades mexicanas —con un titular del Trabajo que evoca la “primavera laboral” en la UNAM— no augura nada bueno.

Una propuesta sobre la mesa: cuando se modificó la ley para prevenir la trata de personas y se incluyó la violación de la jornada de trabajo como delito, los patrones reaccionaron de inmediato para ponerse al día. Aunque al final se aclaró el alcance de la norma y las tensiones se relajaron, allí existe una vía: que el incumplimiento de los derechos laborales constitucionales implique sanciones punitivas. Habrá que ver si con la amenaza penal continúan con el juego de la simulación. Es hora de darle armas de defensa al trabajador, porque las autoridades y los sindicatos charros han demostrado su total nulidad.

X: @riclandero