El nombramiento de José Antonio Cruz Medina al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán es el gesto del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues promete el inicio de una estrategia profunda en la que uno de los elementos más calificados y valorados por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, tendrá amplio margen de maniobra para restablecer el orden. Al mismo tiempo, es un reconocimiento tácito de que el estado se encuentra en uno de sus momentos más críticos desde que la violencia comenzó a devorar su geografía y su vida comunitaria hace casi veinte años. Cada titular de seguridad que llega desde 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco desde su tierra natal, se instala sobre una acumulación de promesas, estrategias improvisadas y un dolor ciudadano que se ha vuelto paisaje.
Michoacán fue el laboratorio original de esa guerra. Aquí se desplegaron los primeros operativos militares; aquí surgieron las autodefensas; aquí la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios perfeccionaron su modelo de control territorial, económico y simbólico. Entre 2006 y 2012, los homicidios dolosos crecieron más de 250%; en 2023 se registraron más de 2,600 asesinatos, sin contar desapariciones, desplazamientos y extorsiones que no alcanzan a escribirse en las estadísticas oficiales. La violencia no ha retrocedido: ha mutado, se ha sofisticado, se ha normalizado. Ahora usan drones, secuestran líneas comerciales enteras y obligan al desplazamiento de los locales.
La extorsión se convirtió en la regla no escrita del aguacate y del limón, dos industrias que sostienen a miles de familias pero también financian, sin quererlo, la guerra que las acorrala. En muchas regiones, el crimen dejó de ser un actor clandestino para volverse autoridad fáctica. Ese es el fenómeno que hoy toca combatir.
En ese contexto llega Cruz Medina. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lo presentó como un “relevo estratégico” para relanzar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, alineado con la estrategia federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Su currículum habla por sí mismo:
Formación
- Licenciado en Derecho por la Universidad Doctor Emilio Cárdenas.
- Posgrado en Derecho Civil en la misma institución.
- Maestría en Criminalística por el Instituto Azteca de Formación Empresarial.
- Doctorado honoris causa (según diversas fuentes).
Trayectoria en seguridad
- Subsecretario de Investigación Especializada de la SSP Michoacán (2022).
- Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal en la Fiscalía General del Estado.
- Director General de Operaciones Técnicas y Tácticas en la División de Investigación de la extinta Policía Federal.
- Coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de Baja California.
- Comisionado en la Guardia Nacional, asignado a la Coordinación Nacional Antisecuestro.
- Coordinador Estatal en la Fiscalía de Baja California.
- Representante del Estado mexicano en foros internacionales sobre trata de personas, drogas sintéticas, tráfico de armas y modelos avanzados de policiamiento.
Capacitación especializada
- Reentrenamiento del FBI en México.
- Curso de guerrilla urbana y zonas hostiles en la Academia Europea de Seguridad (Polonia).
- Formación en Planeación de Operaciones Rurales y Gerencia Policial con la Policía Nacional de Colombia.
- Certificaciones en inteligencia táctica y vigilancia especializada.
- Mención Honorífica otorgada por la Policía Federal.
La ejecución del alcalde Carlos Manzo hace dos semanas exhibió la escalada donde la violencia política se mezcla con las economías criminales y con la incapacidad institucional de proteger incluso a los perfiles más visibles. Lo del alcalde no es un hecho aislado. Detrás están los municipios pequeños, los líderes comunitarios desplazados sin reflectores, las familias que abandonan sus casas porque, en ciertas regiones, quedarse es una forma lenta de morir.
El nombramiento de Cruz Medina obliga a preguntarnos: ¿Qué sabía el gobierno estatal sobre el nivel de riesgo que enfrentaba el alcalde y sobre el atentado final? ¿Qué tan infiltrados están los intereses criminales en la cadena productiva del aguacate y el limón? ¿Desde dónde se gestan las omisiones y en qué momento cruzan la línea hacia la complicidad?
El nuevo secretario ha visto de cerca las entrañas del crimen organizado, del tráfico de armas, de las redes de trata, de las dinámicas transnacionales que alimentan la violencia local. Pero ahora deberá enfrentarse a lo que ninguna capacitación extranjera enseña: el cansancio moral de una población que lleva veinte años acumulando funerales y desplazamientos.
Este relevo aspira a traducirse en una disminución real de homicidios, desapariciones, extorsiones y violencia política; en información e inteligencia, así como en responsabilidad e intereses por la muerte de un alcalde que permitió agitar el avispero dando gasolina a la derecha incendiaria, que ha aprovechado cada día para convertir la tragedia en costo político a la presidencia y en sembrar teorías llenas de conspiración sugiriendo que fue el Estado. Este relevo aspira a verdad.
Y si no lo dice la prensa —lo dirá la presidenta–.