Esta semana, en la Comisión de Puntos Constitucionales, discutimos un tema que puede parecer muy jurídico cuando se lee sobre el papel, pero que en realidad parte de una pregunta bastante sencilla: ¿qué debemos exigirle a quien tiene en sus manos la responsabilidad de gobernar y representar a México?
La iniciativa presentada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, propone reformar los artículos 82, 116 y 122 de nuestra Constitución para establecer la nacionalidad única mexicana para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En caso de contar con otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos.
Y vale la pena decirlo con claridad: esto no se trata de cuestionar qué tan mexicano es alguien por tener una segunda nacionalidad.
México es un país de migrantes, de familias que viven en distintas partes del mundo y de millones de personas que, aun estando lejos, llevan profundamente arraigado el amor por nuestra tierra.
El punto es otro.
Cuando una persona recibe la confianza del pueblo para encabezar un Poder Ejecutivo, también recibe la responsabilidad de tomar decisiones que pueden definir el rumbo de millones de personas. Decisiones sobre nuestra economía, nuestra seguridad, nuestros recursos, nuestro territorio y nuestra relación con otras naciones.
Y precisamente por eso, cuando llegue el momento de defender los intereses nacionales, no puede existir ninguna duda sobre dónde está su compromiso.
La reforma también plantea que, durante el ejercicio de estos cargos, no se pueda adquirir otra nacionalidad ni invocar una distinta a la mexicana frente a autoridades extranjeras. Esto incluye supuestos como utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
En el fondo, estamos hablando de una palabra que ha acompañado profundamente este momento de transformación nacional: soberanía.
Y soberanía no significa cerrarnos al mundo.
México necesita dialogar, construir acuerdos, atraer inversiones, cooperar y mantener una relación de respeto con todas las naciones. Pero también necesitamos tener la fortaleza para decir que las decisiones de México se toman en México y pensando primero en nuestra gente.
Esa convicción forma parte del proyecto de la Cuarta Transformación y hoy encuentra continuidad en el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: relacionarnos con el mundo con respeto, sí, pero siempre desde nuestra independencia y defendiendo los intereses nacionales.
Porque la soberanía no sirve de mucho si solamente aparece en los discursos. La soberanía se ejerce en las decisiones, se protege desde nuestras instituciones y también se fortalece desde nuestra Constitución.
Desde el Congreso tenemos la responsabilidad de pensar no solamente en el México de hoy, sino también en las reglas que queremos dejar para quienes gobernarán mañana. De hecho, el propio dictamen establece que estas nuevas disposiciones serán aplicables a partir del proceso electoral de 2028.
Podemos tener diferencias políticas, debatir y defender distintas formas de pensar. Eso también es democracia. Pero debería existir un punto en el que todos podamos encontrarnos: México primero.
Porque abrirnos al mundo nunca debe significar renunciar a nuestra soberanía. Y quien tenga el enorme honor de gobernar esta tierra debe hacerlo sabiendo que, por encima de cualquier otro interés, existe uno que no admite dudas:
El bienestar, la independencia y el futuro del pueblo de México.
Ricardo Astudillo Suárez, diputado por el PVEM.
Agradezco a Federico Arreola por este espacio semanal, que nos permite compartir ideas, reflexionar sobre los temas que se discuten en el Congreso y, sobre todo, acercar el trabajo legislativo a la gente, porque al final las decisiones que tomamos desde la Cámara de Diputados tienen sentido cuando se traducen en un México más fuerte y con mayor certeza sobre su futuro.