Un país que aspira a ser más justo también debe aprender a respetar la vida de quienes no tienen voz para defenderse.

Y es que durante demasiado tiempo, el maltrato animal fue tratado como un asunto menor, como si golpear, torturar, abandonar o incluso provocar la muerte de un ser vivo fuera una conducta que pudiera resolverse con una multa o una simple llamada de atención.

Las cosas han ido cambiando, por fortuna.

El pasado 17 de noviembre el Congreso de San Luis Potosí aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal estatal que endurece las sanciones por maltrato, abandono y crueldad animal. Las penas pueden alcanzar hasta nueve años de prisión cuando se presentan circunstancias agravantes.

Es así como nace la llamada Ley Hope, en memoria a una perrita que fue golpeada y quemada en esa ciudad. Este caso provocó indignación y movilizó a organizaciones y ciudadanos que consiguieron reunir más de 26 mil firmas para exigir justicia.

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Hope se convirtió en símbolo de una lucha que va mucho más allá de un solo caso: la exigencia de que ningún animal vuelva a sufrir semejante violencia sin que sus agresores queden sin castigo.

Esta reforma llega en un momento particularmente importante para el país.

El pasado 18 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó con 470 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. La legislación ya fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta nueva ley reconoce a los animales como seres sintientes y establece disposiciones para garantizar su bienestar, prevenir el maltrato y distribuir responsabilidades entre los distintos órdenes de gobierno.

Entre sus medidas destacan la creación de un registro nacional de animales de compañía, un padrón de personas infractoras y mecanismos de coordinación para fortalecer las políticas públicas de protección animal.

Se trata de un paso histórico porque la protección no se limita a perros y gatos: contempla también a los animales silvestres y a aquellos utilizados en actividades productivas, comerciales y de consumo.

La aprobación de la Ley Hope y de la nueva legislación nacional representan conquistas importantes para los colectivos animalistas, rescatistas y ciudadanos que durante años han levantado la voz frente a la indiferencia institucional.

Ahora viene la parte más difícil: hacer que estas leyes se cumplan.

La verdadera justicia para Hope y para miles de animales víctimas de violencia llegará cuando las autoridades actúen, cuando los responsables sean sancionados y cuando la sociedad comprenda que tener un animal bajo nuestro cuidado no es un privilegio para ejercer poder sobre él, sino una responsabilidad.