“El carácter es como un árbol y la reputación como su sombra. La sombra es lo que pensamos de él; el árbol es lo real”.
Abraham Lincoln
“Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera”.
Claudia Sheinbaum
La presidenta tiene razón en algo: México no necesita que lo juzguen desde afuera. El problema es que el mundo no acostumbra solicitar permiso.
Los países son juzgados todos los días. Los juzgan los turistas antes de comprar un boleto, las universidades antes de enviar a sus estudiantes, las empresas antes de invertir y los gobiernos antes de emitir una alerta de viaje. La soberanía protege el derecho de una nación a tomar sus propias decisiones; no le concede el control sobre las decisiones de los demás.
Y la imagen que México proyecta es la de un país inseguro. Vista desde dentro, esa imagen es un río de sangre que atraviesa la geografía nacional y desemboca en fosas clandestinas, cuerpos sin identificar y familias que buscan a quienes el Estado no ha podido encontrar.
El gobierno tiene un dato a su favor: los homicidios dolosos han disminuido durante la administración de Claudia Sheinbaum. Sería absurdo negarlo. También lo sería convertir esa reducción en un certificado de normalidad. Las desapariciones no han seguido la misma trayectoria: tan solo en 2025 se registraron alrededor de 14 mil nuevos casos, 20% más que el año anterior.
En cualquier caso, una mejoría estadística no vuelve aceptable la magnitud de la tragedia. El sexenio de López Obrador concluyó con 202 mil 336 homicidios y en 2025 se registraron, de manera preliminar, 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio, según el INEGI. La pendiente puede descender mientras el país continúa acumulando muertos.
La violencia contra las mujeres ofrece otro retrato. Entre enero y julio de este año, las cifras oficiales contabilizaron mil 250 muertes violentas de mujeres: 380 investigadas como feminicidios y 870 como homicidios dolosos. La diferencia jurídica importa para investigar y castigar; para las familias, ninguna clasificación devuelve una hija.
Tampoco desaparecen los desaparecidos al cambiarlos de casilla. El gobierno ha reclasificado el registro nacional según la información disponible, la posible actividad posterior de las personas y la suficiencia de los expedientes. Ordenar una base de datos puede ser necesario. Confundir esa tarea con encontrar personas sería una forma particularmente burocrática de consolación: la reclasificación no localiza a nadie.
Las estadísticas, además, están lejos de ofrecer una fotografía completa. Existen diferencias entre fiscalías, rezagos en la integración de carpetas, capacidades institucionales desiguales y muertes cuya clasificación puede cambiar. La información aparece en retazos; el país, también.
Max Weber definió al Estado por su pretensión exitosa de ejercer el monopolio de la violencia legítima dentro de un territorio. No sostuvo que cada irrupción criminal borrara al Estado, pero su definición permite reconocer la gravedad del problema: cuando una organización decide quién circula, quién comercia, quién gobierna y quién muere, ya no estamos únicamente ante delincuencia. Estamos ante un poder que disputa funciones de soberanía.
En ese contexto fue asesinada Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años de edad que realizaba un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su hermana resumió la imagen que el caso proyecta fuera del país con una frase devastadora: “Todo el mundo sabe que si vas a México, te estás jugando la vida”. Podemos considerar injusta la generalización, pero no fingir que nació de la nada.
Claudia fue la cuarta estudiante vinculada con la UAEM asesinada en lo que va de 2026. Entre enero y julio, Morelos registró 69 muertes violentas de mujeres: 21 investigadas como feminicidios y 48 como homicidios dolosos. Y, antes de que lo diga la presidenta, esto no es una campaña para desprestigiar a México. Son mujeres muertas.
Este jueves fue detenido Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del asesinato. La captura importa y debe reconocerse. También confirma que la respuesta eficaz comienza después de una muerte que no debió ocurrir. Detener al probable agresor puede conducir a la justicia; no deshace el crimen ni sus consecuencias.
La Universidad de Granada tampoco emitió una sentencia contra nuestro país. Hizo algo más significativo: canceló las estancias de tres estudiantes que viajarían a Morelos el próximo semestre. Otras universidades españolas han comenzado a revisar sus protocolos de movilidad hacia México. Las instituciones extranjeras no necesitan pronunciar discursos para juzgarnos. Les basta con tomar decisiones.
Por eso la frase presidencial elude el verdadero problema. No necesitamos que Donald Trump dicte desde Washington quién es culpable en México. Sus acusaciones suelen servir a sus propios intereses y deben enfrentarse con pruebas, legalidad y exigencias de reciprocidad sobre armas, dinero y consumo de drogas. Pero rechazar al mensajero no elimina la pregunta planteada por el mensaje: ¿existen funcionarios mexicanos vinculados con los cárteles y qué está haciendo el Estado para investigarlos y procesarlos?
A México, por cierto, no siempre le incomoda que lo juzguen desde afuera. Celebramos que la UNESCO reconozca nuestra cocina, que los extranjeros admiren nuestras playas o que los visitantes nos describan como el país más alegre del Mundial. Nuestra soberanía, al parecer, ha desarrollado un oído selectivo: escucha perfectamente los elogios, pero considera injerencistas las advertencias.
La imagen internacional no es un asunto decorativo. Modifica los flujos turísticos, los intercambios académicos, las decisiones de inversión, las primas de seguros y las relaciones diplomáticas. Más le valdría al gobierno de la 4T no minimizarla. Tampoco intentar corregirla mediante propaganda: ninguna campaña de promoción alcanza a cubrir un río de sangre.
México no tiene, en sentido estricto, un problema de imagen. Tiene una realidad que continúa produciendo imágenes insoportables. La petición no debería ser que dejen de juzgarnos desde afuera, sino que algún día tengan razones para juzgarnos de otra manera.