María Consuelo Córdoba tenía 32 años cuando decidió huir de la violencia. Durante 18 años vivió en Cartagena junto a Dagoberto Ensuncho Sánchez, soportando golpes y maltratos constantes. Creyó que irse a Bogotá, buscar trabajo y reconstruir su vida lejos de él le devolvería la tranquilidad. Pero el agresor no aceptó la separación. Una noche, al abrir la puerta de su casa, recibió ácido en el rostro: un acto de crueldad que no solo le marcó la piel, sino que le arrebató su salud, su bienestar y su futuro.
Hoy, 26 años después, María Consuelo se ha sometido a intervenciones quirúrgicas, tratamientos dolorosos y secuelas irreversibles que le causan sufrimiento permanente. Agotada y sin perspectivas de mejora, tomó una decisión que conmociona y obliga a reflexionar: solicitó la eutanasia. Y mientras enfrenta este proceso, revela una verdad que duele aún más: el hombre que la atacó está libre. Nunca pagó por lo que hizo. La justicia falló, los procesos se estancaron, y el responsable recuperó su vida, su libertad y su tranquilidad, mientras ella perdió todo.
Este caso nos recuerda que mientras la violencia machista destruye existencias, la impunidad permite a los agresores seguir como si nada.
La eutanasia en Colombia es legal y reconocida como un derecho fundamental desde 1997.
En 2021 la Corte Constitucional amplió su alcance. Ya no se limita a personas en fase terminal, sino que aplica también a quienes sufren lesiones irreversibles o enfermedades graves e incurables que generan un dolor intenso e insoportable. María Consuelo, tras haber soportado 87 cirugías reconstructivas y un sufrimiento que no cede, tiene derecho a decidir cómo y cuándo ponerle fin.
En México es distinto. Aquí, la decisión de María Consuelo estaría fuera de la ley. Y es precisamente esta diferencia la que da sentido y urgencia a la llamada Ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez. Esta iniciativa busca cambiar nuestra realidad jurídica y reconocer lo que en otros países ya es un derecho: el derecho a morir con dignidad.
La Ley Trasciende no es una ley sobre la muerte. Es una ley sobre la libertad y la dignidad. No busca que la gente decida morir, sino que nadie se vea obligado a sufrir sin esperanza solo porque la ley no le da otra opción.
Mientras en Colombia María Consuelo puede decir “quiero descansar” y la ley le responde “te escuchamos y te acompañamos”, en México millones de personas viven el mismo dolor en silencio, sin derechos, sin respuestas, sin justicia. Esa es la brecha que debemos cerrar.
Sin embargo, que la eutanasia sea legal en Colombia y otros países, no significa que sea la solución. Es, en realidad, el último recurso de quien ya no tiene otras opciones. María Consuelo no pidió morir: pidió vivir sin dolor, sin violencia, sin secuelas, sin impunidad. Y como el sistema falló en todo lo demás, le queda la única decisión que nadie más puede tomar por ella: la de poner fin a su propia historia.
Lo que nos grita su voz es claro: la violencia contra las mujeres no termina cuando cesa el ataque. Sigue durante décadas, en cada noche de dolor. Y la impunidad es su cómplice silencioso. Mientras los agresores caminan libres y las víctimas terminan agotadas por un sufrimiento que nadie atiende, algo está profundamente roto en nuestros sistemas de justicia. Eso pasó en Colombia, en México no es muy distinto.
María Consuelo nos deja una lección que no podemos ignorar: la eutanasia es un derecho, sí, pero también es el síntoma de un fracaso en la imparticion de justicia. Si tuviéramos sistemas de protección que funcionaran, si la justicia llegara a tiempo, si se atendiera el daño físico y emocional de las sobrevivientes, quizás mujeres como ella no tendrían que llegar al final de sus días pidiendo que se les permita descansar.