Investigar hasta las últimas consecuencias debería ser una obligación del Estado, no un motivo de controversia política.
La decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de ampliar las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) representa un paso importante en el esfuerzo por esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar quiénes pudieron beneficiarse indebidamente de ellos.
No se trata de una revisión menor. La ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, ha anunciado que extenderá el análisis de contrataciones hasta el año 2000, abarcando 25 años de operaciones del entonces IFE, del INE y de los organismos electorales locales.
La dimensión de esta investigación permite plantear una pregunta de fondo: ¿durante cuántos años pudieron haberse construido redes de intereses al amparo de contratos públicos sin que existieran mecanismos suficientemente eficaces para detectarlas y desarticularlas?
Los indicios conocidos hasta ahora justifican una revisión exhaustiva. La identificación de operaciones por más de 8 mil 870 millones de pesos vinculadas con dos grupos empresariales que contrataron con distintas instituciones públicas obliga a seguir la ruta del dinero, revisar los procedimientos de adjudicación y esclarecer la posible participación de empresas y servidores públicos.
Conviene precisar que el monto de esas operaciones no equivale, por sí mismo, a recursos desviados o a un daño patrimonial acreditado. Precisamente por eso resulta indispensable investigar.
Y es aquí donde aparece un elemento que no debería perderse entre cuestionamientos y disputas políticas: la fiscalización no puede tener límites definidos por la incomodidad que sus resultados puedan generar.
Ampliar el periodo de investigación no debe interpretarse como una distracción ni como un intento de desvirtuar las pesquisas iniciales. Por el contrario, si existen indicios de prácticas sistemáticas que pudieron desarrollarse durante distintas administraciones, lo responsable es reconstruir su origen, identificar su evolución y determinar hasta dónde llegaron sus consecuencias.
La corrupción rara vez se explica por un solo contrato, una empresa o un funcionario. Cuando existen posibles esquemas de simulación, triangulación o concentración de proveedores, la investigación debe examinar todas las conexiones que permitan distinguir responsabilidades individuales de patrones institucionales.
Por ello, cualquier intento de reducir el debate a la duración de las investigaciones corre el riesgo de desviar la atención de lo verdaderamente importante: saber qué ocurrió con el dinero de los mexicanos.
La ASF tiene frente a sí una responsabilidad que exige independencia, rigor técnico y resultados verificables. Su trabajo no debe responder a intereses partidistas ni utilizarse para desacreditar instituciones. Debe servir para determinar hechos, documentar irregularidades y promover las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables.
Porque proteger la autonomía de una institución como el INE no significa conceder inmunidad a quienes administran sus recursos. La autonomía constitucional y la rendición de cuentas no son principios opuestos; por el contrario, deben fortalecerse mutuamente.
Tampoco se trata de prejuzgar culpabilidades. La presunción de inocencia y el debido proceso son indispensables para que cualquier investigación tenga legitimidad y sus conclusiones puedan sostenerse jurídicamente.
Lo que sí debe quedar claro es que ninguna trayectoria, cargo público, grupo empresarial o relación política puede convertirse en un obstáculo para conocer la verdad.
México necesita instituciones fiscalizadoras capaces de investigar sin excepciones, independientemente de quién haya gobernado, quién haya contratado o quién pudiera resultar involucrado. Y necesita que los hallazgos no terminen solamente en informes, sino que, cuando existan elementos suficientes, se traduzcan en sanciones, recuperación de recursos y corrección de las fallas institucionales.
El verdadero alcance de esta investigación no se medirá únicamente por los años revisados ni por las cifras identificadas, sino por su capacidad para esclarecer responsabilidades y contribuir a que estas prácticas no se repitan.
Erradicar la corrupción del país exige mucho más que discursos: requiere investigar a fondo, respetar la ley y actuar sin excepciones.
Si para conocer la verdad es necesario revisar 25 años de contratos, que se revisen. Si las evidencias conducen a nuevos responsables, que se investiguen. Y si se acredita daño al patrimonio público, que se exijan las responsabilidades y reparaciones que correspondan.
Porque los recursos públicos pertenecen a la nación, no a los funcionarios que temporalmente los administran ni a los particulares que contratan con el Estado.
La investigación no debería detenerse donde comienza la incomodidad política, sino donde terminan las evidencias y se esclarecen las responsabilidades.