“Se dice que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”.
Louis D. Brandeis
“El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdaderas […] y dar apariencia de solidez al puro viento”.
George Orwell
¡Silencio! Nadie pregunte. No compartan documentos, contratos, facturas ni explicaciones. Todo podría poner en riesgo a la… patria.
En México, la seguridad nacional ya no se limita al territorio, las fronteras, las Fuerzas Armadas o la estabilidad del Estado. También incluye trenes, aeropuertos, refinerías, pipas de gasolina, permisos de uso de suelo, vallas metálicas, contratos públicos, sobrecostos, errores administrativos y, en general, cualquier cosa que al gobierno le incomode explicar. No es gracioso. Es vergonzoso.
Pero no hay motivo para alarmarse. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que únicamente se reservará la información relacionada con la seguridad nacional. O sea: todo.
Valga una escena reciente. La FIFA celebró una cena en el Castillo de Chapultepec, recinto histórico administrado por el INAH. Asistieron alrededor de mil invitados. Cuando se solicitaron los controles y registros oficiales del evento, la cena simplemente no aparecía.
No estaba reservada. Estaba omitida. Mil personas pudieron entrar al Castillo de Chapultepec. Lo único que no consiguió entrar fue la cena en los archivos del INAH. ¿Transparencia? Por supuesto. Solo que invisible.
¿De qué sirve que la presidenta promulgue un decreto de papel si, al mismo tiempo, el gobierno reserva lo importante?
El Tren Maya ha sido seguridad nacional. También las obras del Ejército y de la Marina. Lo mismo los aeropuertos, Dos Bocas, el Corredor Interoceánico, las comunicaciones, las telecomunicaciones, las aduanas, los puertos, la energía y hasta determinada información sanitaria y ambiental.
La seguridad nacional se ha convertido en un costal donde cabe cualquier cosa que pueda revelar una pifia, un sobreprecio, una irregularidad o una decisión indefendible.
Incluso las vallas antimotines colocadas frente a Palacio Nacional han sido tratadas como información sensible. Las vemos todos. Las fotografían los manifestantes. Aparecen en televisión. El muro es público. Pero la factura amenaza a la nación…
Lo mismo ocurre con la información ambiental del Tren Maya. El daño puede observarse desde el espacio (nada). El estudio que debía anticiparlo, en cambio, pertenece a los secretos de la patria.
El absurdo llegó todavía más lejos con el aeropuerto de Tulum. No solo se pretendió proteger información técnica o estratégica. También fue clasificado como asunto de seguridad nacional el permiso de uso de suelo para su construcción.
Saber si una obra podía edificarse en determinado terreno representaba, al parecer, un peligro para la estabilidad del Estado mexicano.
En la mañanera, Sheinbaum sostuvo que el INAI no desapareció por austeridad, sino por estar plagado de corrupción. ¿Pruebas? “Pruebas, pruebas, pruebas”, diría ella.
Las mismas que seguimos esperando sobre el supuesto gran fraude del aeropuerto de Texcoco, sobre la distribución de medicamentos o sobre tantas acusaciones lanzadas desde Palacio Nacional y jamás acreditadas.
El INAI era imperfecto. Fue caro, tuvo excesos y enfrentó cuestionamientos. Pero también podía contradecir al gobierno y ordenarle entregar información que este prefería esconder.
La 4T no corrigió al instituto. Lo eliminó. Primero apagaron la linterna. Ahora reparten cerillos y anuncian que nunca había habido tanta luz. Ajá…
El derecho ciudadano a saber fue sustituido por la promesa presidencial de informar aquello que el propio gobierno considere conveniente.
Ahora el Ejecutivo vigila al Ejecutivo, clasifica la información del Ejecutivo y resuelve las inconformidades contra el Ejecutivo. Muy bonito.
Auditor, juez y parte. Eso no es transparencia. Es autocertificación moral.
Además, el nuevo decreto alcanza principalmente a la Administración Pública Federal. No obliga automáticamente al Congreso, al Poder Judicial, a los gobiernos estatales ni a los municipios. A todos ellos se les invita —cordialmente, eso sí— a seguir criterios semejantes.
La transparencia de la 4T comienza exactamente donde termina la jurisdicción de la presidenta. Otra chulada.
Los gobernadores, los alcaldes, el Congreso y el nuevo Poder Judicial pueden sentirse amablemente exhortados a no ocultar nada. Siempre que les dé la gana.
Se trata de un decreto nacional de transparencia con cobertura parcial, cumplimiento voluntario para buena parte del Estado y un garante directamente interesado. Un prodigio: máxima publicidad en tamaño muestra.
La coincidencia es casi telenovelesca. Mientras el gobierno anunciaba una nueva época de apertura, una cena entera desaparecía de los registros públicos.
Apagaron la linterna institucional y ahora descubren que sus gobernadores, alcaldes y funcionarios se portan mal cuando nadie los mira. Y es que la opacidad de la 4T no ha sido una colección de accidentes administrativos. Ha sido una política de gobierno con decreto, uniforme militar y comité de transparencia.
Mexicanos Contra la Corrupción calculó que los recursos de revisión frente a negativas gubernamentales prácticamente se duplicaron: pasaron de un promedio anual de 9,758 entre 2015 y 2018 a alrededor de 19,500 entre 2019 y 2022. Durante el sexenio de López Obrador también disminuyó en más de 35% la información reportada por las dependencias federales entre 2018 y 2023.
No ha sido descuido. Es método.
Giro de la Perinola
El gobierno controla los archivos. Todavía no controla todas las cámaras…
Desaparecido el INAI, el nuevo órgano garante de la transparencia mexicana es un pasajero con teléfono celular. No hizo falta un decreto, una plataforma nacional ni una secretaría anticorrupción para saber que Layda Sansores viajaba en primera clase rumbo a Madrid. Bastó que alguien la reconociera, tomara una fotografía y recordara que la austeridad también vuela; solo que lo hace en clase premier.
Nos enteramos no por el gobierno ni por las instituciones de lo ocurrido, sino porque una funcionaria tuvo la mala suerte de sentarse cerca de un ciudadano con teléfono y batería.
La 4T apagó la linterna institucional convencida de que así dejaríamos de ver. Olvidó que millones de mexicanos llevan una cámara en el bolsillo.
La información oficial puede reservarse por seguridad nacional. El descaro, por fortuna, todavía no.