En México, tendremos próximamente elecciones constitucionales intermedias (6 de junio, 2021), lo que significa que habrán de renovarse (o ratificarse, por vía de la reelección), a las y los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados Federal, entre otros y diversos puestos de elección locales (como gubernaturas, presidencias municipales y legislaturas en las entidades).

Son llamadas elecciones “intermedias” porque se llevan a cabo al tercer año del período sexenal, en funciones, del Poder Ejecutivo Federal. En este caso, nos referimos a la mitad del periodo actual (2018-2024) de la presidencia de la República.

¿Cuáles serán las adecuaciones, modificaciones o adaptaciones que propondrán y discutirán, en materia educativa, las y los legisladores durante el siguiente periodo legislativo 2021-2024?

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¿Hay disposición, por parte de los grupos parlamentarios para reabrir la agenda educativa?

¿Existen contenidos a discutir en el siguiente periodo legislativo, luego de que las reformas importantes al texto constitucional (Artículo Tercero) y la renovación de leyes secundarias se llevaron a cabo entre 2018 y 2019?

En este comentario abordo algunos mitos sobre el cambio educativo que, acaso, podrían conformar o sumarse –como ideas conceptuales o propuestas- a los puntos de discusión o ejes básicos de una eventual agenda educativa pública para los próximos años, dentro o fuera del recinto parlamentario.

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Impulsar políticas públicas educativas no sexenales, sino transexenales

Existe el mito generalizado, tanto en la comunidad académica, estudiosa de los fenómenos educativos, como en la sociedad en general, de que en México se deben (“ese deber ser”) impulsar políticas públicas educativas no de manera sexenal, sino transexenales.

¿Cuáles son los argumentos a favor o en contra de ese tipo de propuestas?

¿Qué dicen los especialistas en temas educativos al respecto?

“¿Cómo generar una política educativa de Estado de carácter transexenal que incluya la creación y desarrollo de capacidades de innovación sustentable para la educación obligatoria?”, se preguntaron, hace tres años, algún@s académic@s y ex funcionari@s, del más alto nivel, de la Secretaría de Educación Pública (1).

Considero que la necesidad de impulsar cambios “corto placistas” o ligados a determinadas coyunturas sexenales (en el marco de nuestro sui géneris “Sistema Métrico Sexenal”), es una condición que han impuesto las élites políticas y económicas, así como los organismos internacionales, “desde arriba”; generalmente sin considerar a las figuras o actores educativos que trabajan, a ras de piso, en las escuelas.

En parte, ello representa la raíz de la crisis del “Reformismo Educativo” que vivimos. Ese fenómeno, (la obsesión de producir cambios educativos sexenales, a partir de “meterle mano” al Artículo 3 de la Constitución Política), no obedece a una decisión que se haya tomado en la base del sistema educativo nacional, es decir, en las escuelas, sino en la cima del sistema político mexicano. Sobre todo, en un contexto donde el peso presidencial, en la toma de tales decisiones, es fuerte.

Una política educativa de Estado de carácter transexenal podría adoptar, como característica intrínseca, ciertos acuerdos políticos básicos que generen una “continuidad” programática (en presupuestos, programas educativos nacionales, políticas de formación inicial y continua de docentes y directivos, etc.), por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, en lo que concierne a las cuestiones educativas, pero con “discontinuidad” en términos curriculares (planes y programas, libros de texto, calendarios escolares, etc.).

Los cambios curriculares, generalmente, sí requieren de unas políticas públicas de ajustes o adaptaciones consistentes y fundamentadas, en periodos cortos (cada dos o tres años), porque ellos están supeditados a la evolución de los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos; así como a las transformaciones de los conocimientos pedagógicos, así como de aquellos generados por la investigación educativa.

Es indispensable, por lo tanto, lograr acuerdos políticos básicos, entre los funcionarios responsables de la educación pública (federal y estatal) y los grupos parlamentarios, con independencia de las agendas que imponen los partidos políticos y los organismos internacionales (sin descuidar los acuerdos o tratados correspondientes, claro está), a efecto de evitar, en lo posible, esa especie de obsesión por “el reformismo educativo”, que ha conducido lamentablemente a una retórica insostenible y ha dirigido las políticas educativas a una espiral descendente o hacia una crisis social de legitimidad y credibilidad.

La idea de dar continuidad a las políticas públicas educativas que sean necesarias para el país, en función de un proyecto educativo consensuado (centrado en el derecho pleno a la educación para niñas, niños, jóvenes y adultos, con equidad), es una finalidad que podríamos plantearnos como “acuerdo básico” de la sociedad mexicana, lo cual tendría que ratificarse y fortalecerse (sobre todo en la parte de los “cómos”), a través de consultas permanentes con maestras y maestros, directivos escolares, asesores técnicos, estudiantes y sus familias, especialistas y expertos en educación, representaciones sindicales (de todos los signos) y sociedad en general interesada en impulsar estos cambios educativos, pero “desde abajo” y en forma horizontal, no vertical.

En otras palabras, la idea de impulsar cambios de corto, mediano y largo plazos en planes y programas de estudio, o en los contenidos y formatos de los libros de texto escolares, es factible y deseable, siempre y cuando estos cambios estén vinculados orgánicamente con las transformaciones científicas, tecnológicas y humanísticas, así como con las modificaciones producidas en el ámbito de la cultura pedagógica-didáctica y educativa.

Se ha demostrado con hechos, que las políticas públicas educativas (PPE) diseñadas “desde arriba” (sin considerar a docentes, sobre todo), no son más duraderas ni producen resultados educativos positivos, en términos de aprendizajes y de la formación integral de las y los ciudadanos. La idea de poner en práctica una cirugía mayor –si usamos una ligera metáfora-, en lugar de miles de microcirugías, ha dado lugar a la generación de uno de los “mitos geniales” de las PPE, que se han inventado las élites políticas y tecnocráticas que han sido responsables, por décadas, de los destinos de la educación pública en México.

Otro mito: Las escuelas no pueden gestionar el cambio educativo por sí solas

Es común encontrar en ciertos discursos políticos y técnicos (o escritos por especialistas), el reconocimiento de la cualidad transformadora de la escuela pública, con todo y que ésta es una institución organizada por el Estado.

“Como la conocemos en nuestros días, la escuela es una institución educativa relativamente reciente, que está siempre en transformación. Debe adaptarse de forma constante al contexto y sus desafíos. Por tanto, no debiera ser motivo de alarma la propuesta de nociones y la conformación de movimientos que desafíen al sistema escolar a salir de su estado de confort. Sería anormal y anacrónico que no sucediera...” (2)

Si bien esto que afirman los especialistas es cierto, me pregunto: ¿Qué visión tienen acerca de la escuela como institución estatal operada por la sociedad, y que cuenta, entre sus características, el ser (en ciertas zonas y al mismo tiempo) una institución tradicional y conservadora? ¿Qué hacer ahí? ¿Cuáles serían los criterios de cambio educativo progresistas?

En fin, algunas de las cuestiones que surgen, a propósito del relevo parlamentario que se avecina, son: Con las modificaciones pactadas políticamente en 2018-2019, para reformar el marco legal (desde el Artículo Tercero) ¿Se agotaron los temas de debate en materia de educación pública? ¿Cuáles serán los puntos de la agenda legislativa, en el ámbito de la educación pública, en el siguiente periodo legislativo?

Serán horas adecuadas, las del futuro cercano, para plantearnos menos activismo legislativo o parlamentario, a efecto de dejar que las políticas públicas educativas operen en un sentido de transformación de la escuela pública, con acuerdos procesados y consensuados desde abajo, con la escuela, sin caer en las tentaciones recurrentes que tiene la clase política mexicana, de intentar sólo producir cambios educativos “desde arriba”.

Fuente consultada:

(1) Ana María Aceves y colaboradores (2018) Más allá de los sexenios. Educación, innovación y sustentabilidad. Recuperado de:

https://www.uv.mx/personal/etrevino/files/2019/02/M%C3%A1s-all%C3%A1-del-sexenio.-Educaci%C3%B3n-innovaci%C3%B3n-y-sustentabilidad.pdf

(2) Misma obra.

jcmqro3@yahoo.com

@jcma23