Hay algo revelador en las encuestas peruanas sobre la renovación presidencial que será en las elecciones del 12 de abril y es que no dicen solo quién va arriba, sino desde qué emociones se está votando. Que Keiko Fujimori encabece con márgenes estrechos en un escenario fragmentado no es, por sí mismo, una sorpresa, ya que ella es hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó por diez años con reelección y represión incluida.
Keiko Fujimori compite por cuarta vez por el cargo, liderando con un 14.5% según Datum, por encima del 13% previo, es decir que su candidatura va en crecimiento pero lo que sí es sorpresa es el clima que permite que candidaturas de corte duro como la de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, se mantengan competitivas aun con una ligera caída, disputando palmo a palmo un electorado fatigado. En esa competencia, incluso perfiles atípicos como Carlos Álvarez, excomediante, subió al segundo lugar con 10.9% en sondeos y prosperan no tanto por su programa, sino por su capacidad de encarnar el enojo.
Perú funciona aquí como espejo y advertencia de la manera en que las derechas se van reestructurando, reinventando y reposicionando en América Latina. Es relevante Carlos Álvarez porque en un ejemplo con el caso mexicano, es como si la derecha, frustrada por no tener perfiles limpios y competitivos, decidiera lanzar a “Brozo”, el payaso crítico tenebroso, a la presidencia. En el hermano país latinoamericano, treinta y cinco candidaturas, una segunda vuelta segura, un porcentaje aún significativo de indecisos y el rumbo de lo que podría ser un aliado más o uno menos de Donald Trump. De ese tamaño es la disputa.
Cuando nadie logra articular una mayoría, el mensaje que promete orden, aunque sea a costa de derechos, se vuelve más nítido que cualquier propuesta compleja. La política deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en un mercado de certezas rápidas.
La ultraderecha entiende bien ese mercado. No necesita ganar con mayorías holgadas, le basta con imponerse en el relato. Define el terreno y el relato con la inseguridad como sinónimo de castigo, crisis como argumento para la exclusión, corrupción como licencia para concentrar poder. Y obliga al resto a jugar en su cancha. El resultado es un desplazamiento general con candidaturas que no se asumen de ultraderecha, pero adoptan su léxico para no quedarse atrás.
Keiko Sofía Fujimori Higuchi tiene el dato curioso de haber sido la primera dama entre agosto de 1994 y el 2000, durante el periodo de administración de su padre. Actualmente tiene 50 años de edad y todo parece indicar que su eterna apuesta, parecida a la de Andrés Manuel López Obrador, por fin se va a materializar y podría convertirse en una sucesora que ofrezca algo de estabilidad a la efervescente tormenta presidencial como sucesora de José María Balcázar, quien asumió el cargo el 18 de febrero de 2026 tras la destitución de su antecesor por el Congreso, en un contexto de fuerte inestabilidad política. Su gobierno transitorio hasta abril de 2026, cuando tome posesión el presidente o presidenta que resulte electo en las elecciones.
La demanda de orden surge de una experiencia real de desprotección con economías inestables, servicios públicos frágiles, instituciones desacreditadas y caos. Pero la respuesta que gana terreno no reconstruye esas capacidades, pareciera que ofrece sustiturlas por promesas de mano dura. Perú igual que México se mantiene en la etapa tal vez global en la que polarizar rinde más que persuadir. En ese ecosistema, la moderación pierde tracción y la complejidad se percibe como debilidad.
Los peruanos parecen ansiosos. Las preferencias por Fujimori crecen tan solo por la insostenibilidad de regímenes previos. En 2022, Dina Boluarte asumió el cargo como la primera presidenta mujer de Perú se mantuvo en el poder por 34 meses con un intenso control que mantenía del Congreso, pero desde 2025, la crisis de inseguridad y corrupción ha hecho desfilar presidentes tras la caída de Pedro Castillo en 2022.
Lo inquietante no es solo quién gane, sino cómo se gana. Si el triunfo se construye sobre la normalización del exceso con señalar enemigos internos, simplificar problemas complejos, prometer soluciones inmediatas, el daño perdura más allá del resultado y el rumbo de América Latina se disputa en muchos sentidos. Se ensancha el margen de lo decible y, con él, el de lo posible.
Perú es la excepción de un diseño institucional que premia lo democrático por encima de lo funcional y lo estable pues aquella facultad del congreso para remover presidentes y elegir sustitutos ha hecho un caos total en tiempos de preferencias fragmentadas. Se sabe que la inestabilidad y el intervencionismo existe, pero ningún sistema presidencial funciona con presidencias débiles y ningún sistema parlamentario funciona si no es explícitamente diseñado como tal. En Perú, la presidencia tiene funciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno pero el congreso puede destituirlo por cualquier causa que se considere grave. De ahí que sea tan disfuncional e inestable.
Al menos, en lugares con sistemas parlamentarios aquellas funciones para destituir presidentes no generan tanto malestar justamente porque hay dos personas distintas ejerciendo las funciones de jefe de Estado y de gobierno, entonces en aquellos sistemas, los parlamentos mantienen una función de pesos y contrapesos. Perú en cambio y excepcionalmente, tienen un sistema perfecto para que uno ponga el pie al otro y que ahora, la mano dura de Fujimori pueda, tal vez, inaugurar otra década de mandato que seguro sería bien recibida y hasta solicitada por los desesperados peruanos que están cansados de la política en su país.