“Las leyes son como las telarañas: atrapan a los débiles y los fuertes las rompen”.
Solón
Si algo une hoy a Morena, al Verde, a Movimiento Ciudadano —que de ciudadano tiene cada vez menos— y hasta al PRI de Alejandro Moreno, no es una visión de país. Es algo más elemental: la capacidad de burlar la ley sin pagar costo alguno.
Las elecciones de 2027 todavía están lejos en el calendario legal, pero en la práctica ya arrancaron. No con campañas —eso sería ilegal—, sino con ese truco tan mexicano como rentable: cambiarle el nombre a la trampa para que parezca estrategia.
Morena abrió la pista. No presentará candidatos, claro. Presentará “coordinadores de la defensa de la transformación”. El método será la encuesta —esa caja negra donde a veces gana quien pierde y pierde quien gana; que le pregunten a Omar García Harfuch—. Pero lo relevante no es el método, sino el fondo: competir antes de tiempo sin decir que están compitiendo.
Y como en política la innovación dura lo que tarda el resto en copiarla, el PRI no se quedó atrás. Alito ya tiene a sus “defensores de México”. Cambia el eslogan, se mantiene la simulación. Más breve, quizá más pegajoso, pero igual de útil: precampaña disfrazada de patriotismo… con cargo al cinismo.
Movimiento Ciudadano hizo lo propio. También presentó “propuestas”. También adelantó nombres. También juega a lo mismo: estar en la boleta sin estarlo. Porque aquí nadie quiere violar la ley… solo quieren doblarla hasta que deje de estorbar y luego llamarle flexibilidad democrática.
Y luego está el Verde, ese partido que no gana elecciones, pero nunca pierde poder. Manuel Velasco pide que sus perfiles entren a las encuestas de la 4T y, de paso, recuerda su peso político. Traducción simultánea: sin el Verde, el rompecabezas del poder no cuadra.
El mejor ejemplo de esa lógica es San Luis Potosí. No hizo falta decir nombres: la senadora Ruth González —esposa del actual gobernador— flota como opción “natural”. Así, la idea de evitar herencias familiares en el poder queda en lo que realmente es: un discurso reciclable que se archiva en cuanto estorba. Ni siquiera hace falta contradecirlo; basta con ignorarlo.
Y aquí es donde la historia deja de ser anécdota para volverse estructura.
Porque esto no es solo una serie de partidos abusivos. Es algo más incómodo: un sistema político que ya no necesita violar la ley, porque aprendió a vaciarla sin tocarla.
Formalmente, nadie hace campaña. Técnicamente, nadie es candidato. Legalmente, todo está en regla. Pero en los hechos, todos compiten, todos se posicionan y todos saben que la autoridad electoral llega tarde…, o simplemente no llega.
No es descuido. No es incapacidad. Es diseño.
Un diseño donde los partidos —todos— operan bajo una regla no escrita: la ley es negociable, siempre y cuando todos finjan respetarla. Y donde cualquier intento de hacerla valer choca con una realidad elemental: nadie tiene incentivos para cumplir si la simulación es rentable.
Aquí no hay competencia electoral. Hay otra cosa: una disputa interna por adelantarse, imponer, negociar y blindar candidaturas antes de que el proceso exista. El poder no se pelea en las urnas; se reparte antes.
Y en ese juego, la autoridad queda reducida a espectadora…, o a cómplice pasiva.
Lo que estamos viendo no es desorden. Es algo más sofisticado: una coreografía donde todos aparentan competir mientras acuerdan no incomodarse demasiado. Un sistema donde la trampa no se castiga porque se volvió regla.
Por eso la pregunta ya no es si están violando la ley. Esa discusión ya quedó atrás.
La pregunta es otra, más incómoda: ¿Cuándo dejó la ley de ser un límite… para convertirse en un accesorio del poder?