La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad. Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.
El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.
La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un sólo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.
El panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no sólo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no sólo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.
México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.
En este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.
Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.
Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.
X: @JoseVictor_Rdz