En medio de la polémica desatada por los lineamientos que pronto verán la luz, los voceros del régimen obradorista han defendido la iniciativa, al tiempo que han rechazado la narrativa de la oposición que sostiene que se trata de una censura en contra de los medios de comunicación.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo han dicho que no es, bajo ninguna óptica, una medida dirigida a “disciplinar” a los medios de comunicación. Asegura que serán el defensor de las audiencias, nombrado por el mismo medio, el responsable de gestionar cualquier tipo de controversia y derecho de réplica de los ciudadanos que se sientan inconformes ante un comentario expresado en un canal.
Sí, efectivamente, como se señala, el defensor de las audiencias será nombrado por el medio de comunicación y a éste responderá. Bajo este argumento, los morenistas han intentado desviar la atención del principal problema que yace detrás de las medidas: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Esta comisión, adscrita a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, a su vez, sin autonomía y por lo tanto, bajo la órbita del Ejecutivo Federal, contará con competencias para dirimir controversias en caso de que las “audiencias” no estén conformes con las resoluciones emitidas. De igual manera, de acuerdo a la lectura de la norma por parte de especialistas, cuenta con las competencias para incidir en cualquier etapa del proceso administrativo iniciado por los quejosos.
La propia presidenta Sheinbaum, tal vez en un descuido discursivo o arrebato, señaló hace unos días que ellos podrían haber censurado hace tiempo, pues cuentan con las competencias. En otras palabras, sabe bien que la reforma a la ley de telecomunicaciones y la desaparición del IFT conllevaron el otorgamiento de prerrogativas jurídicas en favor del Ejecutivo Federal que podrían conducir, si se quisiera, a la censura.
Si bien en principio todo recaerá en un individuo independiente del gobierno, será la citada Comisión, dependiente de la jefa del Estado, la que tendrá a su disposición un abanico de facultades para intervenir, dirimir y sancionar a los medios de comunicación que no “respeten” los derechos de los audiencias, o simplemente, en el momento en el que el quejoso deseara llevar su caso a la instancia superior.
En suma, garantizar el derecho de las audiencias es una causa legítima propia de una democracia. Sin embargo, la existencia de un organismo del Estado, y en particular, no autónomo y subordinado al Ejecutivo Federal, como responsable de la supervisión y sanción de los procesos sí que levanta cuestionamientos, especialmente en un contexto marcado por un partido de Estado que pretende sacudirse los escándalos de corrupción y de lazos con el crimen organizado.