La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no tiene por qué cargar con las responsabilidades administrativas del Instituto Nacional Electoral. Morena tampoco debe responder por decisiones que corresponden a funcionarios de un organismo constitucionalmente independiente.
La distinción es fundamental. En una democracia, las responsabilidades son personales e institucionales, no se transfieren por conveniencia política.
Hoy existen señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de recursos del INE. La gravedad de esas denuncias exige investigaciones exhaustivas, acceso a la documentación y resultados públicos.
Guadalupe Taddei debe rendir cuentas por las decisiones tomadas durante su presidencia. Lorenzo Córdova debe hacerlo por las que correspondan a su administración.
No basta con declaraciones públicas.
No basta con deslindes.
No basta con afirmar que todo se hizo conforme a la ley.
Si existen cuestionamientos sobre contratos, proveedores, adjudicaciones y mecanismos de supervisión, deben responderse con expedientes completos y pruebas verificables.
Durante años, Lorenzo Córdova fue una de las voces más visibles en la defensa del INE.
La consigna «El INE no se toca» adquirió una enorme presencia en la discusión nacional.
Pero defender una institución nunca debió significar que sus dirigentes quedaran libres del escrutinio público.
¿Quién autorizó las contrataciones cuestionadas?
¿Quién verificó el cumplimiento de los servicios?
¿Quién supervisó los pagos?
¿Existieron conflictos de interés?
¿Se favoreció indebidamente a determinados proveedores?
Ésos son los asuntos que deben esclarecerse.
Y las respuestas no pueden depender de quién haya ocupado la presidencia del organismo.
Guadalupe Taddei tampoco puede limitarse a señalar que recibió una estructura administrativa heredada. Le corresponde explicar qué encontró, qué decisiones tomó, qué controles estableció y qué hizo ante las irregularidades que pudiera haber detectado.
Las responsabilidades del pasado no cancelan las del presente. Y las del presente no borran las del pasado.
Por eso, cualquier investigación que se concentre exclusivamente en una administración sería insuficiente.
Debe revisarse toda la cadena de decisiones, desde la autorización de los contratos hasta la entrega de los recursos y la comprobación de los servicios.
Si hubo actos ilícitos, deben identificarse sus responsables y aplicarse las sanciones correspondientes.
Si las acusaciones carecen de fundamento, también debe establecerse públicamente.
La justicia no puede funcionar mediante condenas anticipadas, pero tampoco mediante protecciones políticas.
La democracia no es patrimonio de sus dirigentes
Hay una cuestión de fondo que México no puede ignorar.
El INE no es propiedad de sus consejeros.
No pertenece a sus expresidentes.
No pertenece a sus funcionarios ni a sus proveedores.
Es una institución del Estado mexicano cuya legitimidad depende de la confianza ciudadana.
Y esa confianza exige algo más que organizar elecciones.
Exige transparencia en el uso del presupuesto, controles efectivos, contrataciones justificadas y funcionarios dispuestos a responder por sus decisiones.
La democracia no termina cuando se cuentan los votos.
También se expresa en la obligación de rendir cuentas.
Un organismo encargado de vigilar la legalidad de las elecciones debe ser especialmente riguroso en el cumplimiento de sus propias obligaciones.
No puede exigir confianza sin ofrecer transparencia.
No puede reclamar respeto institucional mientras deja preguntas sin respuesta.
Y no puede convertir su independencia constitucional en una barrera contra las investigaciones.
Morena es un partido político que, como todos, está sujeto a las reglas electorales y a la fiscalización de la autoridad competente.
Pero esa relación no convierte al partido en responsable de la administración interna del INE.
Tampoco convierte a la presidenta Claudia Sheinbaum en responsable de las contrataciones realizadas por el organismo.
Confundir esas responsabilidades sería desconocer el funcionamiento de nuestras instituciones.
Las investigaciones deben concentrarse en los hechos, los documentos y las personas que intervinieron en las decisiones cuestionadas.
Ni las diferencias partidistas ni las afinidades políticas deben determinar a quién se investiga.
La presidenta tiene sus propias responsabilidades constitucionales. El INE tiene las suyas.
Y los partidos políticos deben responder por sus propios actos, no por los de funcionarios de una autoridad electoral.
Caiga quien caiga
México necesita conocer la verdad.
Que se revisen los contratos.
Que se identifiquen los proveedores.
Que se examinen las adjudicaciones.
Que se esclarezcan los pagos.
Que se determinen las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
Y que las conclusiones se hagan públicas.
Sin excepciones para Taddei. Sin excepciones para Córdova. Sin excepciones para nadie.
Porque una institución no se fortalece ocultando sus problemas.
Se fortalece enfrentándolos.
La defensa del INE no puede convertirse en defensa personal de quienes lo han dirigido.
Y la exigencia de justicia tampoco puede convertirse en un instrumento para responsabilizar a quienes no participaron en los hechos.
La democracia exige verdad, responsabilidades y consecuencias.
Ésa debe ser la medida para todos los funcionarios públicos, independientemente de su trayectoria, partido o posición política.
El INE sí se toca: se fiscaliza, se investiga, se corrige y se fortalece.
Lo que jamás debe tocarse es el derecho del pueblo de México a elecciones libres y a instituciones que respondan ante la ley.