Esta semana, mientras el Senado de Estados Unidos enterraba —al menos por este año legislativo— la llamada CLARITY Act, en la Sierra Norte de Puebla la Marina desmantelaba una granja clandestina de minería de criptomonedas con más de mil equiposconectados de forma irregular a la red eléctrica. Son dos noticias que parecen de mundos distintos. En realidad, son la misma historia contada desde dos ángulos: qué hacemos, como sociedad, con el dinero que no tiene reglas claras, y qué hacemos con el dinero que sí las tiene pero no llega a quien más lo necesita.
Lo que Washington no logró resolver
La CLARITY Act (H.R. 3633) proponía algo tan sencillo como urgente: decir con precisión qué autoridad regula qué en el mundo de los activos digitales, para que empresas, brokers y plataformas dejaran de operar en un limbo jurisdiccional. Nada de revaluaciones mágicas de divisas ni de sistemas financieros cuánticos —esas son historias que circulan en internet y que el propio texto de la ley desmiente—. El martes, la iniciativa no consiguió los 60 votos necesarios en el Senado. La conversación en Estados Unidos queda congelada, al menos por ahora.
Pero el problema de fondo —activos y flujos de dinero sin reglas claras de origen y destino—no desapareció con esa votación. Se quedó exactamente donde estaba, y en Puebla tenemos la prueba: el 6 de septiembre se localizó en Tlaola un inmueble con 300 tarjetas gráficas dedicadas a minar criptomonedas; cinco días después, un segundo cateo elevó la cifra a más de mil equipos, alimentados con electricidad robada de la red de alta tensión cerca de la presa de Necaxa. Las autoridades investigan si esos activos digitales sirvieron para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
Y Tlaola, con ser grave, no es ni de lejos el caso de mayor magnitud que hoy exhibe la urgencia de la trazabilidad financiera en México. Ahí está, en paralelo, el escándalo del llamado huachicol fiscal: contrabando de combustibles a través de aduanas y terminales portuarias, con señalamientos de la propia autoridad financiera estadounidense sobre miles de millones de dólares en flujos con indicios de lavado de dinero, y con investigaciones abiertas en México por presunto blanqueo de capitales contra mandos institucionales, casas de bolsa y estructuras patrimoniales que hoy analiza la Unidad de Inteligencia Financiera. Es, por el monto involucrado, uno de los mayores esquemas de desfalco documentados en la historia reciente del país.
Tres fuentes de dinero negro, un mismo vacío de información. El dinero del narcotráfico, el dinero del huachicol fiscal y el dinero de la corrupción política no son fenómenos aislados que requieran tres leyes distintas: comparten el mismo mecanismo —recursos de origen ilícito que se insertan en el sistema financiero formal a través de eslabones sin registro, sin identificación de beneficiario final y sin obligación de reportar el origen del capital—. Por eso la trazabilidad no es un tecnicismo contable: es la herramienta que permitea la autoridad seguir el rastro del dinero sin importar si viene de un cártel, de una red de contrabando de combustible o de la oficina de un funcionario.
De ahí la urgencia de un Clarity Act a la mexicana: no una copia de la ley estadounidense, sino un marco propio que dote a la Fiscalía, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT de instrumentos de información equivalentes para cualquier vehículo que hoy se use para lavar dinero — criptoactivos, empresas fachada, contratos públicos o cadenas de suministro de combustible— con un mismo estándar de registro, identificación de beneficiario final y trazabilidad de origen y destino.
De ahí una primera conclusión, modesta pero firme: México no necesita copiar la CLARITY Act, pero sí necesita robustecer su propia Ley Antilavado para cerrar el hueco que Tlaola expone —el que existe entre regular el intercambio de activos digitales y regular también su producción—. Eso es seguridad pública y, en la misma medida, política anticorrupción.
La pregunta que de verdad importa para Puebla
Dicho esto, el problema del dinero sin reglas es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la que más debería ocuparnos, es la del dinero que sí tiene reglas pero que sencillamente no existe para quien más lo necesita: el emprendedor poblano sin garantías hipotecarias, la empresaria de la sierra sin historial crediticio, el desarrollador de software sin colateral físico que ofrecer a un banco.
Aquí es donde la discusión internacional sobre activos digitales, aunque no se trate de criptomonedas, nos deja una lección aprovechable: la riqueza del futuro ya no se mide solo en petróleo, cobre o tierra. Se mide, cada vez más, en talento, capacidad de innovación, propiedad intelectual, datos y capacidad de resolver problemas con tecnología.
Puebla, que no tiene petróleo ni cobre, sí tiene una base industrial exportadora, universidades con vocación técnica y una generación de emprendedores digitales que hoy no encuentra financiamiento simplemente porque no calza en el molde de garantías del sistema bancario tradicional.
Por eso la propuesta de un Fondo Soberano de Riqueza de Puebla no debería pensarse únicamente como un vehículo que capitaliza activos físicos. En la era digital, el fondo debe estar diseñado para reconocer y financiar también la riqueza intangible: talento, innovación, desarrollo tecnológico, patentes, modelos de negocio escalables. Un fondo que capitaliza únicamente ladrillo y maquinaria se queda corto frente a una economía donde el valor se crea cada vez más en el software, en el diseño, en la ciencia aplicada y en la capacidad de las personas para resolver problemas.
Un organismo público-privado, no una ventanilla más
La forma de operar ese fondo importa tanto como su origen. La experiencia internacional es clara en un punto: los fondos que de verdad transforman ecosistemas productivos no son ventanillas burocráticas de crédito tradicional, sino organismos público-privados que combinan capital público paciente con capital privado especializado en evaluar y acompañar riesgo. El caso más citado es el del Programa Yozma en Israel, que en los años noventa usó fondos públicos para coinvertir junto con capital privado de riesgo, absorbiendo parte del riesgo inicial que ningún banco comercial estaba dispuesto a tomar. El resultado, tres décadas después, es uno de los ecosistemas de innovación más densos del mundo, construido no con petróleosino con talento financiado a tiempo.
Bancos de desarrollo orientados a misiones concretas, como el KfW alemán o el BNDES brasileño, muestran el mismo principio desde otro ángulo: cuando el Estado define misiones claras —electromovilidad, sustentabilidad hídrica, inclusión financiera tecnológica— y canaliza capital paciente hacia ellas junto con operadores privados, el financiamiento deja de perseguir garantías y empieza a perseguir proyectos con potencial real de crecimiento.
Un organismo así para Puebla —con participación del gobierno estatal, la banca de desarrollo, instituciones académicas y capital privadolocal— podría evaluar y financiar proyectos de MiPymes con la misma lógica de riesgo compartido: el Estado pone el capital paciente y absorbe parte del riesgo inicial; el operador privado aporta el criterio técnico para seleccionar y acompañar los proyectos con mayor probabilidad de crecer.
El verdadero cambio pendiente: transformar el modelo financiero mexicano
Aquí está, a mi juicio, el punto más urgente de toda esta discusión. El modelo financiero mexicano sigue diseñado, en su gran mayoría, para financiar lo que ya existe y tiene garantías —activos fijos, historial crediticio, colateral tangible— y no para financiar lo que todavía no existe pero tiene potencial: el proyecto en etapa temprana, la innovación sin track record, el emprendimiento que necesita capital de riesgo y no solo un crédito con aval hipotecario.
Ese diseño excluye, por construcción, a la mayoría de los emprendedores mexicanos. Y lo hace más caro para quien logra entrar: las tasas reales que enfrenta una MiPyme mexicana para financiar capital de trabajo o expansión siguen estando entre las más altas de las economías comparables de la región, precisamente porque el sistema traslada al pequeño empresario el costo de un riesgo que nadie más quiere absorber.
Urge, por tanto, una transformación del modelo financiero mexicano hacia instrumentos que sí estén diseñados para tomar riesgo: capital de riesgo público-privado, deuda convertible, garantías escalonadas, capital paciente con horizontes de cinco a diez años en lugar de ciclos de crédito de corto plazo. No se trata de sustituira la banca comercial, sino de construir, al lado de ella, un carril de financiamiento que hoy simplemente no existe para quien más lo necesita.
Y aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve, con toda claridad, una discusión de justicia social. El dinero barato —crédito y capital a tasas accesibles, con plazos razonables y sin exigir garantías que el emprendedor promedio no tiene— no es un lujo de política monetaria. Es la base material sobre la que se construye o se frustra la movilidad económica de miles de familias poblanas. Sin dinero barato, el talento se queda en la informalidad, migra a otro estado, o simplemente nunca se convierte en empresa. Con dinero barato y bien dirigido, ese mismo talento se convierte en empleo, en cadenas de valor locales y en riqueza que se queda en el territorio.
El humanismo económico que sí transforma
El humanismo mexicano que impulsa el gobernador Armenta —entendido como justicia económica con raíz productiva y no como asistencialismo— encuentra en esta propuesta su expresión más concreta. No es una consigna: es un diseño institucional. Un Fondo Soberano de Riqueza de Puebla que reconozca el talento y la innovación como activos capitalizables, operado como un organismo público-privado que financie proyectos con apetito real de riesgo, y que ponga al alcance del emprendedor poblano el dinero barato que hoy solo tienen quienes ya tienen garantías, es la diferencia entre un discurso de justicia social y una política pública que efectivamente la produce.
Washington dejó pasar, esta semana, la oportunidad de ordenar su propio mercado de activos digitales. Puebla tiene ante sí una oportunidad distinta y, me parece, más importante: ordenar su propio mercado de capital de riesgo para que el talento y la innovación —los verdaderos activos intangibles del siglo XXI— dejen de quedarse fuera del sistema financiero por no tener qué hipotecar.
Ana Paola Migoya Velázquez Analistay estratega política