Hay una forma de leer un presupuesto que se queda en los números, y hay otra que empieza por preguntarse a quién le cambia la vida. Yo prefiero la segunda, y creo que el Paquete Económico 2027 solo se entiende de verdad desde ahí.
Se ha escrito ya bastante sobre las cifras: el 3.4% de déficit, el 15.9% de recaudación tributaria, el crecimiento de entre 1.5 y 2.5%. Son cifras importantes, no lo voy a negar. Pero detrás de cada una hay una decisión que sí es humana, y que muchas veces se pasa por alto en la discusión técnica. Detrás del billón de pesos para programas de bienestar hay una señora de setenta años que no va a tener que elegir entre sus medicinas y la renta. Detrás de la decisión de no crear nuevos impuestos generales hay una familia que no va a ver encarecido lo poco que ya le alcanza. Y detrás de la apuesta por perseguir a quien evade en lugar de cobrarle más a quien ya cumple, hay una idea de justicia que no siempre se dice en voz alta, pero que se nota en cómo está armado el papel.
Se le puede llamar humanismo mexicano, se le puede llamar simplemente sentido común con memoria histórica. A mí me parece que ambas cosas son la misma: gobernar pensando primero en quién tiene menos margen para absorber un golpe. Y se agradece, sinceramente, que quienes tienen en sus manos decisiones de esta escala sigan eligiendo ese punto de partida en lugar del más fácil.
Y sin embargo —y aquí quiero ser honesta, porque un texto que solo aplaude no le sirve a nadie, ni siquiera a quien lo firma— hay retos de fondo que este paquete no resuelve, y que en algún momento del camino van a tener que enfrentarse de frente.
El primero es la base tributaria. Seguir fortaleciendo la fiscalización tiene un límite natural: llega un punto en que ya no queda mucha más evasión que perseguir, y ese punto no está tan lejos como parece. Cuando llegue, la pregunta de una reforma fiscal de fondo —quién paga, cuánto y cómo— ya no se va a poder posponer con otro año de “combate a empresas factureras”.
El segundo es Pemex. Que la petrolera alcance su autosuficiencia es una meta necesaria, pero también una meta que depende de variables que nadie controla del todo: el precio del crudo, la producción, los mercados. Construir un presupuesto que depende, aunque sea parcialmente, de que esa apuesta salga bien, es un riesgo que hay que mirar con los ojos abiertos, no con la esperanza de que se resuelva solo.
El tercero es más silencioso, pero no menos real: la población envejece, las pensiones van a pesar más cada año, y ese peso llega justo cuando el margen fiscal es más estrecho. No es un problema de 2027. Es un problema que empieza a construirse desde 2027, y entre más tarde se hable de él, más caro va a salir resolverlo.
Lo digo desde donde lo veo todos los días: en Puebla, acompañando de cerca los intentos por traducir esta misma lógica —formalizar en lugar de gravar, financiar en lugar de subsidiar— a la vida real de las MiPyMEs y de las familias que buscan salir de la informalidad. Ahí uno aprende rápido que el equilibrio entre disciplina fiscal y cercanía con la gente no es un eslogan, es un ejercicio diario de decisiones incómodas. Y que cuando ese equilibrio se logra, como me parece que lo logra este paquete, vale la pena decirlo con la misma claridad con la que se señalan los pendientes.
Un presupuesto responsable no es el que promete que no habrá problemas. Es el que decide, con los ojos abiertos, a quién proteger primero cuando los problemas lleguen. Quienes diseñaron este paquete parecen entenderlo así: protegen a quien menos tiene, sin fingir que el camino que falta es corto. Eso, en un país que ha visto demasiadas veces el ajuste fiscal caer sobre los hombros equivocados, no es poca cosa. Es el tipo de decisión que vale la pena reconocer mientras se construye y el tipo de conversación que vale la pena seguir teniendo, con la misma honestidad, sobre lo que todavía falta por resolver.
Ana Paola Migoya Velázquez es analista en economía, asuntos públicos y comunicación estratégica. Ha acompañado procesos de política pública y desarrollo económico en los ámbitos legislativo y estatal.