En la política mexicana, los deslindes rara vez son actos de convicción; suelen ser movimientos tácticos para contener daños. El reciente distanciamiento del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respecto a los dichos del diputado Mario López Hernández no escapa a esa lógica. Más que un acto de claridad, parece un intento apresurado por sacudirse una controversia que amenaza con salpicar más allá de una sola figura.
El detonante no es menor: acusaciones sin pruebas sobre presuntas redes de “huachicol fiscal” dentro de Morena en Tamaulipas. En cualquier democracia funcional, señalamientos de este calibre exigirían evidencia contundente o, en su defecto, una rectificación inmediata. Aquí, en cambio, lo que vemos es una cadena de reacciones políticas donde lo sustancial —la verdad de los hechos— queda relegado frente al cálculo partidista.
El PVEM optó por una salida conocida: afirmar que, aunque López Hernández comparte bancada, su “identidad política” pertenece a Morena. Este argumento, sin embargo, abre más preguntas de las que responde. ¿Desde cuándo la identidad política se define por declaraciones personales y no por la afiliación efectiva o la responsabilidad legislativa? ¿Puede un partido beneficiarse de los votos y la representación de un legislador, pero desentenderse de sus posicionamientos cuando resultan incómodos?
El fondo del problema es la ambigüedad estructural que caracteriza a muchas alianzas políticas en México. Las coaliciones electorales, diseñadas para maximizar resultados en las urnas, suelen diluir la rendición de cuentas. Los partidos comparten triunfos, pero rehúyen los costos. En este contexto, figuras como López Hernández se convierten en piezas incómodas: útiles en la aritmética legislativa, pero prescindibles cuando generan ruido mediático.
Por otro lado, el señalamiento del propio legislador tampoco puede leerse como un acto aislado. Su historial de polémicas —desde acusaciones de lavado de dinero hasta supuestos vínculos con actividades ilícitas— ha erosionado su credibilidad pública. Cuando alguien con ese perfil lanza acusaciones graves sin sustento, el efecto no es la apertura de un debate serio, sino la profundización de la desconfianza ciudadana hacia toda la clase política.
Lo preocupante es que, en medio de este intercambio de culpas, el tema central —la posible existencia de redes de corrupción fiscal— queda sin investigación ni esclarecimiento. El deslinde del PVEM no aporta transparencia, y el silencio institucional de Morena tampoco contribuye a disipar dudas. Así, el episodio termina convertido en un espectáculo político más, donde la narrativa importa más que la evidencia.
Este caso revela una constante: la política mexicana sigue atrapada en una lógica de supervivencia inmediata. Los partidos reaccionan para proteger su imagen, no para garantizar la verdad o la rendición de cuentas. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo las acusaciones graves se diluyen en declaraciones cruzadas y deslindes estratégicos.
Al final, el costo no lo paga un partido u otro, sino la credibilidad del sistema en su conjunto. Porque cada vez que una denuncia se lanza sin pruebas y cada vez que un partido se desentiende de sus propios representantes, se refuerza la percepción de que la política es un terreno donde la responsabilidad es siempre de alguien más. Y en ese juego, los únicos que pierden de manera constante son los ciudadanos.
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