¿Qué tiene que pasar para que una autoridad actúe? ¿Hasta dónde tiene que deteriorarse la salud mental de un niño para que el “interés superior de la niñez” deje de ser una frase repetida en expedientes y se convierta en protección real? ¿Tenemos que esperar otra tragedia para revisar qué está ocurriendo dentro de los juzgados familiares?
En el expediente 2170/2023, radicado en el Juzgado Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México, cinco especialistas de la Subdirección de Evaluación e Intervención Psicológica del propio Tribunal evaluaron a los cinco hijos de Maha Schekaiban. Sus informes documentan un cuadro conjunto de deterioro emocional: ansiedad, miedo, tristeza, desesperanza, vulnerabilidad, conflictos de lealtades y necesidad de atención terapéutica. En uno de los casos se recomendó valoración psiquiátrica ante el posible agravamiento y el riesgo para la seguridad e integridad de la menor; en otro se registraron vulnerabilidades relacionadas con autolesiones, ideación suicida y otras conductas de riesgo.
CECOFAM documentó además interferencia parental grave y obstáculos para la revinculación materno-filial. Las especialistas recomendaron terapia individual e independiente para los cinco menores. Los antecedentes aportados al expediente indican que desde octubre de 2025 existían instrucciones para conseguir esos tratamientos y que el 2 de diciembre se ordenó una canalización institucional; se ha denunciado que el oficio necesario para materializarla no fue entregado. El 20 de febrero de 2026 las alertas y solicitudes fueron formalmente planteadas nuevamente ante el Juzgado Quinto.
Esto ya no puede presentarse como una pelea entre dos adultos. Cuando los propios especialistas del Poder Judicial advierten riesgo, el juzgado debe poder responder algo elemental: qué hizo, cuándo lo hizo, cómo verificó que se cumpliera y qué consecuencias hubo ante los incumplimientos. La actuación de la jueza Araceli Cortés Eslava forma parte de la queja administrativa TDJCDMX/Q.-940/2026. Corresponde al Tribunal de Disciplina Judicial investigar y determinar responsabilidades; una denuncia, por sí sola, no acredita culpabilidad.
Pero el problema no comenzó con Araceli Cortés. El mismo Juzgado Quinto estuvo encabezado por Juan Miguel Morales Monter. Fue Morales Monter quien, el 20 de febrero de 2024, revirtió en el caso de Maha Schekaiban una determinación previa de custodia y entregó los cinco menores a Bernardo Vogel, exesposo de Schekaiban y padre de sus cinco hijos, según ha relatado públicamente ella. Desde entonces, Bernardo Vogel mantiene la custodia de los menores. Schekaiban sostiene que la decisión ocurrió después de un operativo y de la apertura de carpetas que considera fabricadas, y ha denunciado públicamente presuntas irregularidades y colusión.
Excélsior, La Jornada y Eme Equis documentaron posteriormente esos señalamientos contra Morales Monter y los de otras madres. Son acusaciones que deben ser investigadas, no hechos de corrupción judicialmente acreditados.
El nombre de Bernardo Vogel es central en esta historia. Schekaiban lo ha señalado en denuncias y documentos aportados a distintas autoridades como responsable de violencia física, psicológica y vicaria, y sostiene que la separación de sus hijos no puede analizarse al margen de esas denuncias. También afirma que Vogel ha obstaculizado la revinculación materno-filial y el cumplimiento de medidas relacionadas con la atención y protección de los menores. Respecto de la actual titular del Juzgado Quinto, Araceli Cortés Eslava, Schekaiban ha denunciado una presunta actuación coordinada o favorable a Bernardo Vogel.
Esa acusación debe investigarse y no se presenta aquí como un hecho judicialmente acreditado.
Schekaiban también señala a Guillermo Vogel, padre de Bernardo Vogel, como partícipe y cómplice de la violencia que denuncia y de las acciones que, según su versión, permitieron y sostuvieron la separación de sus cinco hijos. En la documentación y relatos aportados por ella, Guillermo Vogel aparece señalado por presuntas gestiones, presiones e intervenciones vinculadas con el conflicto familiar y con actuaciones institucionales. También en este caso se trata de señalamientos que requieren investigación y determinación por las autoridades competentes, no de responsabilidades declaradas mediante sentencia.
Y ese mismo juzgado aparece ligado a un antecedente que debería impedir cualquier indiferencia. Eme Equis documentó el caso de Milo Poveda Gervassi, hijo de Berenice “Bere” Gervassi. De acuerdo con esa investigación, su madre había denunciado violencia y disputado la custodia; Morales Monter otorgó la custodia al padre. Milo murió por suicidio.
La publicación recogió además las denuncias de un grupo de 17 madres contra el entonces juez. La Jornada, al entrevistar a Maha en abril de 2025, también consignó las quejas contra Morales Monter y la muerte reciente del hijo adolescente de otra de las madres afectadas. Y hay un dato institucional todavía más inquietante: pese a esos señalamientos públicos y a las denuncias promovidas por madres y colectivos, Morales Monter fue electo en 2025 y hoy figura oficialmente como magistrado de la Quinta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Una impugnación contra su elegibilidad fue desechada por falta de interés jurídico de la promovente, no mediante una resolución de fondo que examinara y desvirtuara esas acusaciones. Para las mujeres que lo han denunciado, que su carrera judicial haya continuado y ascendido sin que sus señalamientos hayan producido una rendición de cuentas visible constituye precisamente la expresión de una impunidad institucional que reclaman investigar.
Milo no puede convertirse en una nota al pie. Tampoco debe utilizarse para afirmar una causalidad que sólo una investigación podría establecer. Su muerte sí obliga a formular una pregunta institucional insoportable: cuando existen alertas sobre la salud mental y la seguridad de niñas, niños y adolescentes, ¿cuánto riesgo está dispuesto a tolerar un juzgado antes de actuar? En el mismo órgano jurisdiccional donde hoy existen informes que mencionan autolesiones, ideación suicida y riesgo para la integridad, ese antecedente vuelve imposible alegar que nadie podía imaginar hasta dónde puede llegar el deterioro.
Tampoco es la primera vez que Araceli Cortés Eslava aparece públicamente cuestionada. El 30 de mayo de 2022, El Universal publicó una columna de Salvador García Soto sobre el litigio de la Fundación Manuel Rozada Cuéllar. El texto recogió denuncias en las que se hablaba de “fallos manipulados” y señaló a Cortés Eslava, entonces jueza interina del caso, por decisiones que habrían favorecido a los hermanos Rozada Morales, entre ellas la liberación de cuentas y recursos embargados. El conflicto venía de actuaciones ocurridas en 2021. La nota no trata de violencia vicaria ni identifica a una mujer víctima de Cortés; documenta un señalamiento previo distinto contra su actuación judicial. Días después, el asunto fue planteado públicamente en la conferencia presidencial del 2 de junio de 2022. Nuevamente: se trata de señalamientos públicos, no de una sentencia que haya declarado responsabilidad.
En mayo de 2026, Sanjuana Martínez documentó en La Jornada algo todavía más amplio: decenas de mujeres denunciando mala praxis y violencia institucional en el sistema de justicia familiar de la Ciudad de México. La investigación menciona a Paola Domínguez Ramos y refiere, entre otras, a Marsha Marion Martínez Guajardo, Carla Pérez Abedrop y Elena Lozanova; en la relación de personas juzgadoras denunciadas aparecen tanto Juan Miguel Morales Monter como Araceli Cortés Eslava, además de otros jueces y magistrados. La nota no atribuye cada caso individual a cada juzgador, pero sí exhibe que no estamos hablando de una mujer aislada ni de un expediente aislado.
Ahí está el punto. Cambian los nombres de las madres. Cambian los nombres de los padres. Cambia el número de juzgado, el estado o la ciudad. Pero demasiadas mujeres describen una secuencia parecida: denuncian violencia; aparecen procedimientos y acusaciones en su contra; pierden la convivencia o la custodia; pasan meses o años intentando que se cumplan resoluciones; sus hijos se deterioran; presentan quejas; y el sistema responde demasiado tarde o no responde.
Por eso este texto no es únicamente una exigencia dirigida a Araceli Cortés Eslava. Su actuación concreta debe ser revisada porque hoy tiene en sus manos un expediente donde cinco niños presentan alertas documentadas por especialistas del propio Tribunal.
Pero el llamado es mucho mayor: necesitamos vigilancia ciudadana e institucional permanente sobre los juzgados familiares de todo México. Necesitamos saber quiénes son los jueces con quejas reiteradas, qué resolvieron, cuánto tardaron, cuántas órdenes quedaron sin cumplir, qué hicieron cuando un menor estaba en riesgo y qué consecuencias enfrentaron cuando una investigación acreditó faltas.
El Tribunal de Disciplina Judicial no puede ser únicamente el lugar al que se llega después del daño. Tiene que ser capaz de identificar patrones, cruzar quejas, revisar expedientes, auditar actuaciones y reaccionar cuando la misma clase de denuncia se repite. Y cuando se acrediten faltas graves, la respuesta no puede ser simbólica: deben aplicarse todas las sanciones previstas por la ley, incluida la separación del cargo cuando jurídicamente corresponda.
¿Qué estamos esperando? ¿Que otro niño llegue al límite? ¿Que otra madre pase años sin poder abrazar a sus hijos? ¿Que aparezca un informe más hablando de autolesiones o ideación suicida? ¿Que una nueva tragedia convierta en evidente lo que hoy ya está escrito en expedientes, evaluaciones psicológicas, informes de convivencia, amparos, quejas y notas periodísticas?
No podemos seguir conociendo cada historia como si fuera la primera. No podemos permitir que cada mujer tenga que empezar desde cero para demostrar un patrón que otras ya denunciaron antes. Hay que conectar los casos, documentarlos, hacer públicas las irregularidades verificables, acompañar las denuncias y exigir investigaciones independientes. Vigilar a quienes juzgan no es atacar a la justicia: es exigir que la justicia rinda cuentas.
Hoy hablamos del Juzgado Quinto de lo Familiar y de Araceli Cortés Eslava porque ahí están estos cinco niños. Ayer fue Juan Miguel Morales Monter. Mañana puede ser cualquier juzgado del país. La pregunta no es cuántas denuncias más pueden soportar las instituciones. La pregunta es cuántos niños más estamos dispuestos a poner en riesgo mientras esperamos que alguien decida tomarlas en serio.
No esperemos otro nombre. No esperemos otro expediente. No esperemos otra muerte. Si el sistema de justicia familiar tiene en sus manos la vida cotidiana, la salud mental y la seguridad de nuestros hijos, entonces la sociedad tiene derecho a vigilar al sistema. Y las autoridades tienen la obligación de responder antes de que sea demasiado tarde.
Fuentes públicas consultadas:
• Sanjuana Martínez, La Jornada, 3 de mayo de 2026, “Víctimas de violencia vicaria acusan a fiscalía y jueces de la CDMX de proteger a agresores”.
• La Jornada, 6 de abril de 2025, “Confío en que Bertha Alcalde me regrese a mis 5 hijos: Schekaibán”.
• Georgina Olson, Excélsior, 11 de junio de 2025, “Acusan a candidato de apoyar a agresores”.
• Miguel Ángel Teposteco Rodríguez, Eme Equis, 4 de abril de 2025, “Juez acusado de protección a violencia vicaria ¡es candidato a magistrado!”.
• Salvador García Soto, El Universal, 30 de mayo de 2022, “El hombre que amaba a los perros”.
• Presidencia de la República, conferencia de prensa del 2 de junio de 2022.
• Expediente 2170/2023, informes psicológicos y de CECOFAM aportados por la promovente, y queja TDJCDMX/Q.-940/2026.
• Documentación, denuncias y relato cronológico aportados por Maha Schekaiban sobre Bernardo Vogel y Guillermo Vogel; los señalamientos contenidos en esos materiales se consignan como alegaciones de la promovente y no como hechos judicialmente acreditados.