Ante la eventualidad de que la reforma electoral no avance tal como fue diseñada y al más puro estilo de la vieja guardia del PRI de Manuel Bartlett, la llamada Cuarta Transformación parece estar preparando su plan b, sin mover una sola coma.
Ya lo expresó sin ambages el diputado Ricardo Monreal, los comentarios de la oposición “les valen”, porque la reforma saldrá con o sin su aval.
El fantasma del fraude
La estrategia política del oficialismo ya no es una sospecha abstracta o una acusación sin fundamento, es una preocupación concreta que se concentra en dos elementos clave del sistema democrático: el padrón electoral y la renovación masiva de las credenciales para votar.
De acuerdo con estimaciones oficiales, rumbo a la elección intermedia de 2027 deberán renovarse por vencimiento más de 10 millones de credenciales de elector. La cifra no es menor si se considera que en una elección intermedia la participación ciudadana suele oscilar entre el 45 y el 52% de un padrón que actualmente consta de 99 millones 080 mil 646 ciudadanos. En términos prácticos, significa que cerca del 20% de las credenciales que se utilizarán para votar en 2027 serán nuevas.
Aquí es donde aparece el riesgo. No en la renovación en sí, sino en la falta de controles, supervisión y confianza en el proceso de elaboración de las nuevas credenciales.
Cambio de proveedor
Durante años la tarea estuvo a cargo de Veridos México, subsidiaria de la empresa alemana Giesecke+Devrient, un proveedor internacional de identidad con altos estándares de seguridad, auditado en México como en el extranjero y con una trayectoria sólida en la producción de documentos oficiales de alta seguridad para el INE.
Sin embargo, con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, se modificó la proveeduría. El contrato para la producción de las credenciales de elector para el periodo 2026–2031 fue asignado a Cosmocolor, S.A. de C.V., en conjunto con Talleres Gráficos de la Nación, quienes serán responsables de producir hasta 94.1 millones de credenciales durante los próximos cinco años.
Cosmocolor
Es una empresa propiedad del exboxeador y empresario Jorge Kahwagi Gastine, exdiputado del PVEM y exdirigente del Partido Nueva Alianza, instituto político creado bajo el amparo de Elba Esther Gordillo, histórica aliada de Andrés Manuel López Obrador.
Si bien Kahwagi ha mantenido una presencia constante en la vida pública mexicana, no ha sido precisamente por su sobriedad o solvencia ética.
Su historia personal está marcada por la polémica: acusaciones de peleas arregladas en el boxeo, consumo excesivo de alcohol, episodios bochornosos como diputado federal, donde incluso llegó a presentarse en presunto estado de ebriedad y diversos altercados violentos en restaurantes. En Puerto Vallarta, fue acusado de provocar que una mujer fuera hospitalizada tras una agresión. A ello se suma su cercanía con Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde, líder histórico del PVEM, también vinculado a múltiples escándalos.
En el plano empresarial, la empresa dedicada a la elaboración de licencias de conducir y documentos oficiales tampoco tiene un historial limpio: ha sido objeto de críticas reiteradas por presuntas irregularidades administrativas y cuestionamientos sobre la calidad de los insumos utilizados.
Organizaciones civiles han documentado adjudicaciones directas millonarias en estados como San Luis Potosí y Michoacán, así como deficiencias en la calidad de los documentos producidos, merma de materiales y fallas operativas.
También existen denuncias por corrupción y prácticas irregulares, señalamientos de favoritismo en procesos de contratación y casos donde se habrían ignorado propuestas más competitivas.
En Veracruz incluso, hubo investigaciones por tráfico y falsificación de licencias de conducir que involucraron a empleados de Cosmocolor y a funcionarios de tránsito. Asimismo, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recibió denuncias por posibles prácticas monopólicas y colusión entre Cosmocolor e Icards Solutions en diversos concursos públicos.
Con este antecedente el escenario rumbo a la elección de 2027 resulta preocupante. La combinación de un padrón electoral vulnerable, una renovación masiva de credenciales y una empresa con antecedentes cuestionables, abre la puerta a votantes fantasma que podrían aparecer para beneficiar a Morena.
Fallas en el sistema
La experiencia en 2024 refuerza estas sospechas. Ese año, el PREP, un sistema que desde la reforma electoral de 1996 había funcionado con eficacia y credibilidad, presentó retrasos significativos en diversas regiones del país. En Jalisco y Yucatán, los datos comenzaron a fluir hasta la madrugada siguiente, mientras que en la Ciudad de México el sistema fue suspendido por un supuesto hackeo.
Tradicionalmente, hacia las 11 de la noche del día de la elección, el PREP ya permitía identificar una tendencia clara, sin embargo, en 2024 no ocurrió, la carga de actas era mínima y no permitía una estimación confiable. Aun así, AMLO decidió adelantarse y anunciar el resultado, que casualmente no varió ni siquiera por centésimas al cierre oficial.
Para 2027, el mecanismo podría ser más burdo: sin tirar el PREP bastará con inyectar votos respaldados por credenciales emitidas bajo un esquema vulnerable.
Quien tenga el control del padrón, la producción de credenciales y la narrativa pública, puede garantizar el fraude en una elección que se decide antes de votarse.
X: @diaz_manuel