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La Dirección General de Juegos y Sorteos, que es la Unidad Administrativa de la Secretaria de Gobernación que atiende, tramites y despachos de los asuntos relacionados con el juego ha sido denunciada desde hace meses por estar envuelta en una serie de irregularidades rodeada de corrupción e impunidad que afecta a los establecimientos de esta industria y se sospecha que facilita el accionar de grupos pertenecientes a la delincuencia organizada.

Las acusaciones de corrupción de la oficina encargada de cancelar o aprobar los establecimientos de juegos, sorteos y apuestas, que es dirigida por Manuel Marcué Díaz, son debido a los presuntos actos de extorsión en contra de los propietarios de casinos y casas de apuestas a quienes, de manera directa o por medio de terceros interpuestos, les estarían reclamando cuantiosas sumas de dinero a cambio de la “seguridad” de sus negocios.

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Las quejas de los propietarios de casas de apuestas hablan de que son chantajeados y que les piden a cambio de “operar sin presiones” la suma de hasta 20 millones o se imponen multas y clausuras por los siguientes tres años.

Estas son las supuestas cuotas que cobran a las casas de juego y casinos para no ser objeto de sanciones por parte de la Dirección General de Juegos y Sorteos, la cantidad es mensual.

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Cuotas de extorción de la Dirección de Juegos y Torneos millones de pesos (Eduardo Esquivel Ancona)

El titular de la Dirección de Juegos y Sorteos Manuel Marcué Díaz, tiene un largo historial en su paso por la administración de Eruviel Ávila en el Estado de México y en su natal Tabasco, en donde hizo amarres con los ligados al “Bronco” y al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca.

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Entre las personas que se han denunciado de estar operando y de pedir los “moches” a los casineros, para que esos negocios puedan seguir prestando sus servicios y no sean objetos de sanciones por parte de la Dirección General de Juegos y Sorteos, se encuentran Rogelio Benavides Pintos y Sergio Gil García, que se ostentan como activistas de la Cuarta Transformación.

Rogelio Benavides Pintos, ex Subsecretario de Administración en el sexenio del exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón fue citado a comparecer el año pasado por supuestamente estar involucrado en la extorsión a casinos, esto con base a lo indicado en el expediente 312/2022 según el acuerdo publicado por el Consejo de Judicatura Federal.

Otro de los acusados de operar la red de corrupción de la dirección que tiene como su titular a Manuel Marcué Diaz es Sergio Gil García, quién abrió un nuevo casino en San Jerónimo a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en algunas ocasiones que no permitiría una nueva sala de apuestas durante su gobierno.

Tanto Benavides Pintos como Sergio Gil García aparecieron ligados a grupos de poder relacionados con la actual administración federal haciendo campaña para la Cuarta Transformación y presumiendo fotos en sus redes sociales con el presidente Andrés Manuel López Obrador

El nuevo establecimiento se encuentra en el mismo sitio en el que se ubicaba el Casino POKER City Live, asegurado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el 2018 por no contar con permisos de la Secretaria de Gobernación.

En México hay 26 empresas que son dueñas de los 386 casinos registrados en los archivos de la Secretaría de Gobernación, los cuales reportan ingresos de hasta 5 mil millones de pesos al año, de acuerdo con información del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que es necesario que estos negocios funcionen de forma adecuada y no se ponga en riesgo esta actividad económica y los más de 45 mil empleos directos y 130 mil indirectos que genera este giro empresarial debido a la corrupción de funcionarios.

El negocio de los casinos se encuentra sumamente concentrado por poderosos grupos empresariales destacando el corporativo de origen español Codere, Televisa con Play City Casino, Administradora Mexicana de Hipódromo, Apuestas Internacionales, Atracciones y Emociones Vallarta, entre otras.

El corporativo de origen hispano Codere es el mayor operador de juego en México, operando antes del inicio de la pandemia, al 31 de marzo de 2020, un total de 21,401 máquinas, 742 terminales de apuestas deportivas y 10,965 puestos de bingo en 95 salas y 93 puntos de apuestas deportivas y un hipódromo, además de juego online. Asimismo, la compañía cuenta con una concesión, renovada en 2018, para la operación del Complejo Las Américas, de entretenimiento en la Ciudad de México, que incluye el Hipódromo de las Américas, el parque familiar Granja las Américas y el Centro Citibanamex, el espacio de convenciones más grande de Latinoamérica (que, de conformidad con un acuerdo de externalización ejecutado el 1 de junio de 2013 y renovado en 2019, está operado por CIE, Compañía Interamericana de Entretenimiento).

Codere, a través de su filial Codere México, se ha hecho con el 100% de las filiales denominadas ’controladoras y permisionarias conjuntas’ al adquirir al Grupo Caliente el 32,7% del capital de las mismas que no controlaba por 26 millones de dólares.

Desde hace algunos años Las Vegas ya no es el destino obligado para los mexicanos que buscan en los juegos de apuestas dinero fácil o que simplemente quieren vivir un estallido de adrenalina pura, aunque en el intento pierdan hasta la razón ante la indiferencia de las máximas autoridades.

Varios especialistas de la salud mental están en contra de que la Dirección de Juegos y Sorteos autorice que se anuncien en espectáculos deportivos en radio, cine y televisión las apuestas en línea ya que esta publicidad llega a menores de edad y se corre el riesgo se hagan adictos a las apuestas lo que se conoce como ludopatía.

En una segunda entrega seguiremos con esta investigación y tendremos más nombres de otros personajes que están en la red de corrupción de la Dirección de Juegos y Sorteos así mismo del modus operandi del funcionamiento de extorsión.