Doce años después, México sigue sin conocer toda la verdad sobre Ayotzinapa. Hubo una “verdad histórica”, después una promesa de derribarla, nuevas investigaciones, detenciones, liberaciones, archivos abiertos a medias, militares procesados, funcionarios señalados y familias que siguen preguntando lo mismo desde 2014: qué ocurrió con los 43 normalistas y quiénes participaron realmente en su desaparición. La reciente detención del exgobernador Ángel Aguirre vuelve a colocar el caso frente a una oportunidad que ya no admite otra simulación. Claudia Sheinbaum puede hacer aquello que sus antecesores no consiguieron: dejar que la investigación llegue hasta donde conduzcan las pruebas, sin intocables, sin culpables predeterminados y sin proteger instituciones, partidos o personajes.
No hace falta construir una conspiración que necesariamente llegue hasta Los Pinos para aceptar que hubo participación, omisiones y posibles encubrimientos de agentes del Estado. Durante demasiado tiempo la discusión quedó atrapada entre dos extremos: quienes pretendieron reducir todo a policías municipales coludidos con delincuentes y quienes dieron por hecho que la desaparición fue ordenada desde la cúspide del gobierno federal. Ninguna investigación seria debe partir de una conclusión previamente escrita. La obligación consiste precisamente en establecer quién hizo qué, quién sabía qué estaba ocurriendo, quién pudo impedirlo, quién dejó pasar los hechos y quién posteriormente contribuyó a esconder evidencias o construir explicaciones falsas.
El Ejército no puede quedar fuera de esa investigación, pero tampoco debe condenarse al Ejército como institución sin individualizar responsabilidades. La diferencia es fundamental. Existen suficientes elementos conocidos durante estos años para sostener que integrantes y mandos del 27 Batallón de Infantería en Iguala tuvieron información sobre los movimientos de los estudiantes aquella noche y que la vertiente militar nunca terminó de esclarecerse satisfactoriamente. Hubo investigaciones, órdenes de aprehensión y militares procesados, pero también resistencia institucional, documentos reclamados durante años y una disputa permanente sobre información que nunca llegó completa a manos de quienes investigaban. Si elementos del batallón de Iguala conocieron lo que estaba sucediendo y deliberadamente no actuaron, debe establecerse; si algunos participaron directamente o mantuvieron contubernio con policías, autoridades locales o grupos criminales, deben responder; si determinados mandos ocultaron información posteriormente, también. Y si la investigación demuestra que la responsabilidad militar terminó en determinados oficiales y nunca ascendió hacia la cúpula del Ejército o hacia la Presidencia de la República, hay que decirlo igualmente.
Investigar no significa fabricar culpables. Durante años se instaló la idea de que reconocer participación militar obligaba a demostrar que Enrique Peña Nieto o el alto mando castrense habían ordenado la desaparición. No necesariamente. El Estado es mucho más que el presidente. También son Estado el comandante que recibe información y decide no intervenir, el soldado que conoce un delito y guarda silencio, el agente de inteligencia que observa y no reporta, el policía que entrega detenidos ilegalmente, el funcionario que destruye una grabación y el superior que posteriormente ayuda a ocultarlo. La responsabilidad puede estar en distintos niveles y precisamente por eso hay que investigarlos todos.
Algo semejante ocurre con el entonces CISEN. Los organismos de inteligencia estaban operando, tenían presencia e información y conocían movimientos políticos y sociales en una zona particularmente conflictiva. La pregunta que nunca ha quedado suficientemente respondida es qué sabían sus agentes aquella noche, cuándo lo supieron y qué hicieron con esa información. Si hubo funcionarios que observaron los hechos y simplemente se hicieron a un lado, si determinadas cámaras dejaron de aportar información o si posteriormente desaparecieron grabaciones relevantes, no puede seguir tratándose como una anécdota secundaria. La inteligencia del Estado existe precisamente para anticipar riesgos; si estuvo presente y no evitó una tragedia de esa magnitud, debe explicar por qué.
Iguala tampoco puede desaparecer del centro del expediente. La actuación de su policía municipal está ampliamente relacionada con los acontecimientos de aquella noche y las responsabilidades políticas del entonces alcalde José Luis Abarca y de su entorno nunca quedaron suficientemente esclarecidas frente a la magnitud del caso. Abarca y María de los Ángeles Pineda enfrentaron distintos procesos y encarcelamientos, pero eso no equivale a haber establecido toda la responsabilidad que pudiera corresponderles específicamente respecto de los 43. Durante años se les presentó casi como explicación suficiente, cuando podían ser parte fundamental de la trama sin constituir toda la trama. Las policías municipales, las estructuras criminales de la zona, funcionarios estatales, agentes federales, organismos de inteligencia y militares coexistían aquella noche en un territorio pequeño. Pretender que todos actuaron sin saber absolutamente nada de los demás resulta cada vez más difícil de sostener. La pregunta correcta ya no es únicamente quién detuvo a los estudiantes, sino quién permitió que la operación continuara durante horas sin que ninguna autoridad capaz de detenerla lo hiciera.
Y ahí aparece Ángel Aguirre. Su detención no prueba su culpabilidad. Tendrá derecho a defenderse y corresponde a la Fiscalía acreditar cada acusación. Pero sería igualmente absurdo sostener que el gobernador de Guerrero de aquella época no merece una investigación profunda sobre lo que conoció, sobre la actuación de sus funcionarios y sobre las decisiones tomadas después de la desaparición. Aguirre encabezaba el gobierno estatal. Bajo su administración operaban instituciones de seguridad, procuración de justicia y vigilancia que tenían responsabilidades directas en Guerrero. Si hubo destrucción de evidencias, ocultamiento de grabaciones, manipulación de información o protección de funcionarios, debe conocerse quién ordenó hacerlo y hasta dónde llegó la cadena. No se trata de encarcelar a un exgobernador para producir una fotografía política, sino de averiguar si participó, si supo, si encubrió o si simplemente fue un gobernante incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo bajo su responsabilidad. Cada hipótesis tiene consecuencias distintas y sólo una investigación seria puede diferenciarlas.
Lo mismo vale para Jesús Murillo Karam. Su llamada “verdad histórica” terminó convertida en símbolo del fracaso de la investigación inicial. Hubo testimonios obtenidos bajo tortura, inconsistencias científicas, contradicciones y líneas abandonadas. Pero tampoco basta con encarcelar al entonces procurador y considerar resuelto el problema. Murillo Karam no trabajaba solo. Hay que saber quiénes participaron en la construcción de aquella versión, qué información recibía, quién decidió que había que cerrar rápidamente el caso, si existieron presiones políticas, si hubo datos que contradecían la versión y fueron deliberadamente ignorados, y si alguien le ordenó avanzar en determinado sentido o actuó por temor a una crisis política que estaba destruyendo la imagen del gobierno de Peña Nieto. No sabemos todavía todas esas respuestas y ése es justamente el problema.
Peña Nieto tuvo la responsabilidad política inicial de conducir una investigación que terminó desacreditada. Eso no significa automáticamente que haya participado en la desaparición ni que hubiese ordenado construir una mentira. Significa que bajo su gobierno se produjo una versión oficial que posteriormente no resistió el escrutinio y que el Estado mexicano falló en esclarecer uno de los crímenes más graves de su historia reciente. Después llegó Andrés Manuel López Obrador prometiendo resolverlo. Abrió expedientes, creó una comisión, permitió nuevas investigaciones, se produjeron importantes detenciones y durante un tiempo pareció que finalmente se llegaría hasta el fondo. Pero cuando las pesquisas comenzaron a involucrar con mayor profundidad al Ejército, apareció una frontera política que nunca terminó de cruzarse. López Obrador defendió reiteradamente a las fuerzas armadas, cuestionó a expertos internacionales y terminó su gobierno sin entregar la verdad completa que había prometido. Ayotzinapa sobrevivió así a dos presidentes y a dos narrativas diferentes: Peña Nieto quiso cerrar el caso demasiado pronto y López Obrador prometió abrirlo completamente, pero tampoco consiguió resolverlo.
Ahora le toca a Claudia Sheinbaum y ahí aparece una oportunidad histórica. Sheinbaum no necesita defender la investigación del gobierno de Peña Nieto ni tiene obligación de proteger las decisiones adoptadas durante el sexenio de López Obrador. Puede reconocer lo que se hizo correctamente y revisar aquello que quedó pendiente. No necesita heredar las lealtades, temores o compromisos de ninguno de sus antecesores; debe heredar únicamente la obligación del Estado de hacer justicia. Si las pruebas conducen a Ángel Aguirre, que se investigue a Aguirre; si conducen a antiguos funcionarios del gobierno guerrerense, que respondan; si alcanzan a José Luis Abarca o a su entorno, que se profundicen los procesos correspondientes; si señalan a funcionarios del antiguo CISEN, hay que saber quiénes eran, qué información tenían y por qué actuaron o dejaron de actuar; si alcanzan a oficiales y mandos del 27 Batallón, deben abrirse los archivos y terminar cualquier protección institucional. Y si alguna evidencia conduce más arriba, también debe investigarse. Pero igualmente debe existir la honestidad de reconocer cuando las pruebas no llegan hasta determinado nivel. No podemos exigir justicia y al mismo tiempo reclamar culpables previamente elegidos. Una investigación auténtica debe ser capaz de acusar donde existen evidencias y de descartar responsabilidades cuando no las hay. Ésa es la diferencia entre justicia y revancha política.
Ayotzinapa necesita la primera. México ha gastado casi doce años discutiendo narrativas. Unos defendieron la “verdad histórica”. Otros prometieron una nueva verdad. Después aparecieron informes internacionales, investigaciones especiales, testimonios contradictorios, filtraciones, expedientes militares y nuevas hipótesis. Mientras tanto, los padres de los normalistas envejecieron esperando. Ellos no necesitan que el gobierno les entregue otra explicación conveniente. Necesitan saber dónde están sus hijos, quién los detuvo, quién decidió qué hacer con ellos, quiénes participaron después, quiénes fueron testigos, quiénes tuvieron oportunidad de intervenir y no lo hicieron, y quiénes posteriormente ayudaron a esconder la verdad. Si hubo funcionarios que destruyeron pruebas, también deben responder; si hubo instituciones que protegieron a sus integrantes, debe conocerse; si hubo una decisión política para evitar que la investigación avanzara en determinada dirección, hay que saber quién la tomó; y si no existió una gran orden nacional, hay que dejar de inventarla y concentrarse en las responsabilidades reales.
Nada ayudaría más al Ejército que esclarecer finalmente quiénes de sus miembros estuvieron involucrados y quiénes no. Proteger institucionalmente a unos cuantos termina dañando a miles de militares que nunca participaron en nada. Una institución se fortalece investigando las conductas indebidas de sus integrantes, no escondiéndolas. Lo mismo puede decirse de cualquier organismo de seguridad o inteligencia. No se defiende al Estado ocultando sus errores; se le defiende corrigiéndolos.
Claudia Sheinbaum tiene hoy una ventaja política excepcional: puede romper el círculo sin tener que defender personalmente ninguna de las decisiones originales. Si decide abrir todo, facilitar todas las investigaciones y respaldar a la Fiscalía para que actúe sin restricciones, puede convertir Ayotzinapa en un punto de inflexión. No será sencillo. Habrá resistencias militares, políticas, burocráticas y partidistas; habrá quienes pretendan utilizar cada nueva detención para ajustar cuentas y quienes argumenten que después de tantos años resulta mejor cerrar el expediente y dejar de lastimar instituciones. Precisamente por eso hace falta decisión presidencial, no para ordenar culpabilidades, sino para garantizar que nadie pueda impedir que se investiguen.
Durante casi doce años México ha tenido demasiadas verdades sobre Ayotzinapa: la histórica, la oficial, la alternativa, la política, la de cada gobierno y la de cada grupo interesado. Lo único que sigue faltando es aquello que las familias pidieron desde el principio: saber qué ocurrió, quién participó, quién permitió que ocurriera, quién lo supo y calló, quiénes después ocultaron evidencias y hasta dónde llegó cada responsabilidad. Sheinbaum no necesita proteger a Peña Nieto ni a López Obrador, pero tampoco necesita condenarlos anticipadamente. Debe hacer algo mucho más trascendente: permitir que la investigación llegue hasta donde conduzcan las pruebas, sin protección para uniformes, partidos, expresidentes, exgobernadores, policías, militares, agentes de inteligencia o antiguos funcionarios, sin fabricar culpables, pero sobre todo sin intocables.
Ayotzinapa lleva casi doce años esperando que el Estado deje de administrarle explicaciones y empiece finalmente a entregarle respuestas. Que se investigue todo, que responda quien tenga que responder y que se conozca toda la verdad.
¡Justicia por Ayotzinapa! ¡Ya es hora que se divulgue todo, caiga quien caiga!
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