América Latina no se volvió de derecha de la noche a la mañana: se cansó. Se cansó del crimen que ocupa territorios, de economías que no terminan de despegar, de gobiernos que prometieron transformaciones y administraron frustraciones, y de dirigentes que explican sus fracasos culpando siempre al pasado. Colombia acaba de confirmar ese desplazamiento con la llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia, en una secuencia que ya comprende cambios importantes en Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Panamá. Pero sería un grave error interpretar ese viraje como un cheque en blanco para la derecha o, peor aún, como una invitación para que Donald Trump reconstruya en la región una nueva zona de obediencia política.
De La Espriella asumió prometiendo mano dura contra el crimen, una reducción drástica del aparato estatal, reactivación petrolera y gasera, austeridad fiscal y abandono de las negociaciones con grupos armados que caracterizaron la política de “paz total” de Gustavo Petro. Su llegada representa una ruptura evidente con el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia y expresa un fenómeno que se repite en buena parte del continente: ciudadanos cansados de inseguridad, bajo crecimiento, corrupción e ineficacia están buscando respuestas diferentes.
No significa necesariamente que se hayan enamorado de la derecha. Significa que castigaron a quienes gobernaban. América Latina ha vivido suficientes ciclos políticos como para creer que una elección representa una conversión ideológica permanente. Hace pocos años se habló de una nueva “marea rosa” porque gobiernos progresistas coincidieron en México, Colombia, Chile, Brasil y otras naciones. Hoy se anuncia una ola conservadora. Ambas simplificaciones olvidan al personaje verdaderamente decisivo: un elector latinoamericano cada vez más pragmático e impaciente, que quiere seguridad, empleo, crecimiento y servicios públicos que funcionen.
El péndulo regional no se mueve solamente por doctrina, sino por frustración. Cuando una izquierda promete justicia social y no consigue controlar la violencia, generar suficiente prosperidad o combatir eficazmente la corrupción, pierde votos. Cuando una derecha promete orden, crecimiento y eficiencia y tampoco cumple, los perderá igualmente. Los ciudadanos prestan el poder; no lo regalan.
Colombia constituye un ejemplo particularmente claro. Gustavo Petro llegó representando una ruptura histórica y ofreciendo reformas estructurales, transformación económica y una ambiciosa política de negociación con grupos armados. Cuatro años después, el deterioro de la seguridad, las dificultades fiscales, las disputas institucionales y el desencanto de amplios sectores contribuyeron a que muchos colombianos buscaran exactamente lo contrario: autoridad, reducción del Estado y confrontación más severa con las organizaciones criminales.
Sería irresponsable negar esa demanda. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que el Estado controle su territorio y que puedan trabajar, viajar, producir o abrir un negocio sin quedar sometidos a extorsionadores, secuestradores, guerrillas o estructuras criminales. La seguridad no es una obsesión autoritaria, sino una obligación básica de cualquier gobierno. Pero sería igualmente peligroso confundir la exigencia de orden con autorización para cualquier cosa.
La derecha latinoamericana cometerá el mismo error que parte de la izquierda si interpreta sus triunfos como permiso para gobernar sin límites. La sociedad que reclama seguridad no necesariamente quiere abusos; quien exige menos burocracia no está pidiendo la desaparición del Estado; quien rechaza la impunidad no está renunciando a jueces independientes, y quien demanda crecimiento económico tampoco entrega sus derechos al mercado. El desafío será conseguir orden sin autoritarismo, crecimiento sin exclusión y eficacia sin destruir contrapesos.
De La Espriella enfrenta esa prueba inmediatamente. Terminar negociaciones que no producen resultados puede ser legítimo y utilizar la fuerza del Estado contra organizaciones criminales también lo es, pero ninguna estrategia será suficiente si se limita a fotografías de soldados, presos trasladados y declaraciones desafiantes. Colombia necesita inteligencia, justicia, investigación financiera, desarrollo rural, control territorial permanente y policías capaces de permanecer cuando finalicen los operativos militares. La mano dura puede recuperar una calle; construir Estado exige mucho más.
La misma reflexión vale para el resto del continente. Javier Milei llegó en Argentina después del agotamiento producido por inflación, déficit y descrédito del peronismo; Chile giró hacia una opción conservadora en medio de preocupaciones por seguridad, migración y crecimiento; Ecuador profundizó una respuesta mucho más severa ante organizaciones criminales; Bolivia rompió un largo predominio político del Movimiento al Socialismo; Perú cambió nuevamente de orientación después de años de inestabilidad, y Colombia termina de reforzar esa tendencia.
Pero ese mapa no significa que haya nacido una derecha latinoamericana homogénea. Cada sociedad votó por motivos diferentes. Unas castigaron la inflación; otras, la inseguridad, la corrupción, el estancamiento o simplemente el agotamiento del gobierno anterior. Convertir ese conjunto de malestares en adhesión permanente a una nueva ideología sería repetir exactamente el error de quienes interpretaron las victorias de la izquierda como transformación irreversible del continente.
La izquierda debería preguntarse seriamente por qué perdió tantos espacios en lugar de refugiarse en la explicación cómoda de que los ciudadanos se volvieron conservadores o reaccionarios. No basta con proclamarse defensor de los pobres si la economía no genera oportunidades; no basta con hablar de derechos humanos mientras organizaciones criminales dominan comunidades; tampoco alcanza prometer transformación cuando continúan corrupción, precariedad y malos servicios públicos. Después de cuatro o seis años gobernando, culpar eternamente al pasado deja de ser explicación y comienza a convertirse en coartada.
La izquierda pierde cuando deja de resolver. Pero la derecha perderá exactamente por la misma razón si confunde la frustración que la llevó al poder con adhesión ideológica eterna. El ciudadano que hoy vota por orden puede rebelarse mañana contra el autoritarismo; quien apoya una reducción burocrática puede después exigir servicios que el Estado dejó de prestar; quien celebra una ofensiva contra criminales reaccionará cuando la fuerza comience a utilizarse contra inocentes. El péndulo siempre puede regresar.
Y es precisamente en este escenario donde aparece Donald Trump. Washington observa el desplazamiento político latinoamericano como una oportunidad extraordinaria para recuperar influencia y contener la creciente presencia de China. La administración estadounidense ha reivindicado incluso una visión renovada de la Doctrina Monroe y busca articular gobiernos dispuestos a cooperar estrechamente en seguridad, migración, comercio y política hemisférica. Colombia ofrece ya una primera demostración mediante la promesa estadounidense de fuertes recursos para seguridad y una nueva cercanía política con su gobierno.
Cooperar con Estados Unidos no constituye por sí mismo ningún problema. Es una relación indispensable para buena parte de América Latina y especialmente para México. Combatir conjuntamente al crimen organizado, intercambiar inteligencia, impulsar comercio, inversión y tecnología beneficia a ambas partes. El problema aparece cuando cooperación empieza a significar alineamiento y el apoyo termina condicionado a obediencia.
El giro político de América Latina no puede convertirse en una ventana abierta para una política estadounidense intervencionista, utilitaria y convenenciera. Trump ha demostrado que entiende demasiadas relaciones internacionales en términos personales y transaccionales: premia al gobernante que coincide con él, amenaza al que discrepa y utiliza aranceles, visas, sanciones y presión diplomática como mecanismos de persuasión política. Brasil acaba de experimentar esa lógica.
Los nuevos gobiernos conservadores podrían convertirse para Washington en aliados naturales. Existe afinidad ideológica, coincidencia sobre seguridad, rechazo a determinados gobiernos de izquierda y una visión económica más cercana a Estados Unidos. Nada de eso es ilegítimo. Lo peligroso sería que esas afinidades fueran utilizadas para reconstruir una relación de tutor y subordinados.
Estados Unidos tiene derecho a defender sus intereses. América Latina tiene exactamente el mismo derecho. Un presidente latinoamericano puede coincidir con Trump en combate al crimen y rechazar sus aranceles; apoyar determinadas posiciones sobre Venezuela y mantener relaciones comerciales con China; cooperar militarmente con Washington y disentir en migración. Una alianza entre Estados soberanos supone coincidencias y diferencias. La obediencia pertenece a otra categoría.
La historia regional obliga a ser especialmente cuidadosos. La Doctrina Monroe surgió originalmente como advertencia frente a las potencias europeas, pero terminó siendo utilizada para justificar durante décadas la idea de que América Latina constituía una zona natural de influencia estadounidense. Intervenciones militares, golpes respaldados desde Washington, operaciones clandestinas y presiones económicas dejaron una memoria demasiado profunda como para considerar inocente cualquier intento de resucitar aquella concepción.
Trump podrá llamarlo seguridad hemisférica, lucha contra el crimen o contención de China. Algunas preocupaciones son legítimas: las organizaciones criminales transnacionales constituyen una amenaza real, Pekín expandió enormemente su presencia económica y Washington tiene derecho a buscar socios confiables en su propio continente. Lo que América Latina no debe permitir es convertirse nuevamente en tablero de una competencia entre potencias en la que otros decidan qué relaciones puede mantener y qué gobiernos resultan aceptables.
La región necesita relacionarse estrechamente con Estados Unidos porque es una potencia continental indispensable, pero también comerciar con China, Europa, India y todo socio capaz de ofrecer oportunidades convenientes. Una política exterior responsable no consiste en elegir dueño, sino en ampliar opciones.
Ese principio debe aplicarse a gobiernos de izquierda y derecha. Durante años algunos sectores progresistas justificaron una cercanía excesiva con Cuba, Venezuela, Rusia o China bajo el argumento de la autonomía frente a Estados Unidos. Ahora existe el riesgo inverso: gobiernos conservadores que consideren natural alinearse automáticamente con Washington porque comparten adversarios ideológicos. Ambas conductas reducen soberanía.
La izquierda no debe entregar la región a Pekín, La Habana o Caracas. La derecha tampoco debe entregársela a Trump.
Colombia será una prueba importante. De La Espriella puede aprovechar la cooperación estadounidense para fortalecer capacidades de seguridad sin permitir que Washington determine su política exterior; puede combatir organizaciones armadas sin convertir esa guerra en persecución de opositores; reducir burocracia sin destruir instituciones indispensables y estimular inversión sin abandonar obligaciones sociales. Si consigue resultados dentro de la democracia, fortalecerá el giro que representa. Si fracasa, comenzará a preparar el siguiente movimiento del péndulo.
Lo mismo ocurrirá en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. La derecha recibió una oportunidad, no una coronación. Será evaluada por seguridad, crecimiento, empleo, calidad institucional y bienestar, no por su cercanía con Trump ni por la dureza de sus discursos.
Los gobiernos deberían recordar una verdad elemental: ningún presidente estadounidense vota en las elecciones latinoamericanas. Quienes deciden son los ciudadanos de cada país, y esos mismos ciudadanos ya demostraron que pueden cambiar de opinión.
América Latina necesita abandonar la obsesión por las mareas ideológicas y comenzar a medir gobiernos por resultados. Cuando la izquierda gobierne bien, tendrá derecho a permanecer; cuando fracase, deberá perder. Exactamente la misma regla debe aplicarse a la derecha. Eso es alternancia democrática y obliga a que nadie considere al Estado patrimonio permanente de un proyecto político.
El continente no se hizo de derecha. Se cansó de no recibir resultados. La izquierda debe comprender por qué perdió y corregirse; la derecha tendrá que demostrar que sabe hacerlo mejor. Y Estados Unidos debe entender que los cambios electorales latinoamericanos no significan que haya recuperado un patio trasero.
Trump puede encontrar gobiernos amigos, construir alianzas, ofrecer cooperación y defender intereses comunes. Lo que no puede hacer es confundir coincidencia ideológica con autorización para intervenir.
América Latina puede cambiar de rumbo sin cambiar de dueño. Alternancia sí; intervención no.